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Cataluña

PANORAMA antonio papell
10/08/2017

 

El pasado lunes, Josep Lluis Cleries, un nacionalista poco brillante pero muy disciplinado que en la actualidad es portavoz de PDeCAT en el Senado, reiteró en Radio Nacional un viejo mantra: la prueba de que Cataluña debe desgajarse de España por su propio bien la ofrecen las balanzas fiscales; cada año, 17.000 millones de euros, más de 43 millones diarios, son sustraídos de las arcas del Principado para engrosar las de Madrid. Todo el mundo ya sabe, porque lo ha explicado hasta la saciedad mucha gente de peso (José Borrell ha sido quizá el más rotundo) con argumentos y evidencias contundentes, que esta insidia, que también estaba en boca de Esquerra Republicana y de su líder Oriol Junqueras, es una falacia mendaz y absurda. El sistema de financiación vigente es malo y está desequilibrado, pero es falso de toda falsedad que Cataluña sea expoliada sistemáticamente. El presidente del Gobierno, ya se sabe, es poco partidario del riesgo. Esta es una virtud en política —los resultados le avalan— que tiene sin embargo sus peligros: en este caso, la administración del tiempo es importante ya que, si bien es cierto que los soberanistas se van cociendo en sus propias mentiras y contradicciones, también lo es que la sociedad catalana, maltratada por la demagogia de la Generalitat y de las fuerzas que apoyan el independentismo, necesita ver que hay un plan B, que cuando fracase este aberrante intento secesionista en que la nación es para sus promotores más importante que las libertades y la democracia se abrirá un camino practicable de sensatez y prosperidad, basado en nuevas formas de convivencia surgidas de la negociación y el diálogo.

Y este camino no es opcional, porque sus alternativas son macabras. En democracia no hay conflicto que no pueda ser resuelto dialécticamente, por lo que todos los actores de buena voluntad deben aprestarse a ser consecuentes con esta idea. Quienes disienten de esta propuesta, objetan dos argumentos: uno, no se puede negociar mientras los soberanistas lanzan un órdago al Estado que estallará el 1 de octubre; dos, es imposible disuadir a los independentistas de una ruptura que ya es el objetivo que predomina sobre todos los demás (democracia incluida). Con respecto a la primera objeción, es claro que no se puede «negociar» antes del 1-O, pero sí se puede empezar a hablar, lo que dulcificaría las posiciones, introduciría las relaciones personales en una confrontación enconada. En relación a la segunda, es patente que en Cataluña existe una generalizada irritación por el maltrato del Estado (con razón o sin ella, que ello habrá de dirimirse), que afecta a gran número de ciudadanos no soberanistas. De hecho, son el doble los que reclaman un referéndum que los que postulan la independencia. Debe conseguirse un resultado si no se quiere malograr este sistema de convivencia, que es valioso, ni frustrar el porvenir, que no nos pertenece completamente.

08/09/17-09/17

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