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Diario de León | Miércoles, 22 de octubre de 2014

TRIBUNA

De jueces y justiciables

Isidoro Álvarez Sacristán. Jurista 02/02/2012

Estos días anda revuelta la justicia —¿algún día no lo estuvo?— por el encausamiento de un juez conocido. Y anda revuelta porque a algunos medios de comunicación no les gusta las decisiones que toman unas determinadas juezas; y tanbien se revuelven las ideas porque entiende la gente que las condenas a los violadores y asesinos de niñas son demasiado leves.

Vaya por delante que una de las premisas para el ejercicio de la justicia y de que el justiciable se vea protegido es la independencia del juez. Pero si, como hemos dicho en otra ocasión (La Justicia y su Eficacia), la influencia política es decisiva para contaminar la aplicación de la ley, anteponiendo la ideología a la objetividad jurídica, otros factores sociales vienen a empañar la serena postura que ha de mantener el juzgador. Y no es que la realidad social pueda imponerse a la realidad legal sino que es la irrealidad momentánea la que presiona a través de pancartas, manifestaciones minoritarias, grupos de presión mediático, sindicatos, etc. El que fuera presidente del Tribunal Constitucional, Tomás y Valiente —asesinado por ETA— se lamentaba de esta influencia: «puedo decir que en los 12 años vividos en el Tribunal Constitucional nunca me sentí presionado por ninguno de los poderes del Estado, pero sí con frecuencia por unos u otros medios de comunicación».

Hoy están los jueces en el punto de mira. Se opina cómo se ha de dictar sentencia que afecta a políticos o sindicalistas. A los tres poderes clásicos se han añadido otros poderes: tal el cuarto y quinto poder. Se llama cuarto poder a la mass media o a los medios de comunicación que al estar politizados en demasía, carecen de objetividad. Así se denigra a juzgadores para pretender la influencia en decisiones que pudieran ser contrarias a un determinado colectivo. Estos días se ultraja a la juez Coro Cillán —de la que me consta su rigor intelectual, heredado de su eximio padre, catedrático de Derecho— publicando su intimidad personal, sin ningún rubor ni reparo por el articulista, indagando su actividad profesional y poniendo en sus actuaciones modos de actuar que puedan confundir a la opinión, al objeto de que pudiera ser apartada de un caso de máxima importancia como son las consecuencias del 11-M.

El denominado quinto poder o poder de la calle, es la manifestación callejera, el ondear de las banderas, la pancarta, etc.; poder no constitucionalizado, pero admitido hasta cierto nivel de agresión. Presiona y vocifera, bajo el derecho a la libertad de expresión y manifestación. Bien que no representa de una manera oficializada, pero aparecen al frente de las manifestaciones —en contra de otro poder, el Judicial— una serie de personas privadas; pero llama la atención que encabecen la marcha los dirigentes sindicales (un grupo de presión al fin y al cabo) que tienen su encuadre en la Constitución ofreciendo «la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios». Y cabe preguntarse si es propio al sindicato inmiscuirse en el juicio de un justiciable por muy juez que sea el reo. Y lo mismo podemos decir de los líderes políticos de la izquierda más llamativa que encabezan la pancarta orlados por una bandera republicana. Y hemos de convenir que tal lábaro está fuera del sistema, de forma que los que dicen representar al pueblo en el Parlamento (poder legislativo) se sitúan ellos mismos fuera del ordenamiento al reprochar las acciones del Poder Judicial. Por supuesto que tal modo de actuar no tiene cabida en el sistema democrático, ya que estas actuaciones —por mucha libertad que se reclame— pretenden unir las decisiones de los poderes, lo que nos llevaría a una dictadura y, en este caso, desde la izquierda.

Pero si esto es grave, nos parece inaudito que a las puertas del Tribunal Supremo se manifiesten jueces de la Audiencia Nacional en apoyo del compañero que se está juzgando por el órgano Supremo de la justicia. Por un falso compañerismo o corporativismo se ven a jueces increpando psicológicamente a los juzgadores en un conglomerado de agitación, con insultos y descalificativos. Tales actuaciones están contempladas en el régimen disciplinario de los jueces y magistrados que, como falta muy grave (art.417.4 Ley Orgánica del Poder Judicial) se tipifica «la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez o magistrado». Y habrá que preguntarse si está manifestación a las puertas del Tribunal Supremo no es una «presión de cualquier clase» y, en este caso, una presión presencial y psicológica al órgano más supremo del Poder Judicial. A estos magistrados que así se manifiestan no les gustaría, supongo, que en los momentos de un juicio, fueran abucheados o denigrados en su tarea o, incluso, en su persona. Si la independencia forma parte de la autoridad judicial, no se puede coartar con ninguna medida. Si tal actuación viene de fuera de los poderes, es que o no se entiende o se mide a sabiendas de su ignorancia; pero si procede de los representantes de otros poderes mucho peor ya que es una endiablada transgresión de la división de poderes. Pero ya es un delirio si la presión se produce intramuros del mismo Poder a través de los propios magistrados.

No es de extrañar que se desconfíe de la justicia cuando los propios miembros de ese poder salen a la calle. Parece que ocurriese en aquellos viejos tiempos en los que Valle-Inclán hacia decir al Caballero en Águila de Blasón: «yo me río de la justicia (y) hice siempre justicia por mi mano».

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