Desmontando falsedades

ANA PILATUS ÁLVAREZ MARQUÉS. DELEGDA DE ASPES-CL (ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA) 26/09/2011

No hay nada como repetir una mentira o una media verdad hasta la saciedad para que el mensaje cale en la sociedad. Y aunque una inexactitud no debería de convertirse en una verdad, parece que en el actual clima de crispación político-social esta práctica consigue imprimir su huella en la sociedad e influir en la opinión pública.

El presente curso escolar se ha puesto en marcha en medio de un clima de tensión debido a los recortes anunciados en algunas comunidades autonómicas. Durante los últimos días, muchos ríos de tinta han corrido en los diversos medios de comunicación con una alarmante falta de rigor informativo y veracidad: que si los profesores trabajan veinte horas semanales, mucho menos que cualquier otro trabajador de este país, que si los profesores en España trabajan menos horas y ganan más que en Europa, que si el número de alumnos por clase es menor en España que en Europa y el nivel académico es peor, que si la enseñanza pública es más costosa que la privada o concertada, que si los resultados académicos de los alumnos son mejores en la privada o concertada que en la pública, que si los profesores son un gremio privilegiado… etc.

Si no se trata de una campaña de desprestigio al funcionario público docente que baje Dios y lo vea. Como si precisamente el profesorado, con su trabajo diario y su escrupulosa contribución mensual a las arcas del Estado, hubiera contribuido de algún modo a la crítica situación económica actual.

Quizás en la intención de los que vierten estos mensajes con tanta ligereza y tan poca precisión está el desviar la atención hacia otros focos menos molestos para nuestros dirigentes. Y es que en esa ceremonia de la confusión lo importante pasa inadvertido: la enseñanza pública constituye el pilar fundamental sobre el que se ha de sustentar cualquier sociedad democrática e igualitaria y está siendo atacada y vapuleada desde el momento en que sobre ella se habla en términos de gasto y no de inversión de futuro.

No se trata de iniciar ninguna guerra entre las distintas instituciones de enseñanza, cuya existencia es absolutamente lícita para dar servicio a las preferencias de todo el tejido social. Se trata de desmontar las distintas falacias que han sido vertidas en los distintos medios y que la opinión pública ha ido asumiendo como verdades absolutas.

Empecemos por la más sangrante de todas las opiniones difundidas en los últimos días: se ha afirmado, no sabemos si por desconocimiento, por malicia o por una torticera mezcla de ambas, que un profesor en este país trabaja 20 horas semanales, cuando en realidad su horario es de 37 horas y media.

A alguien se le olvidó aclarar que esas 20 horas semanales son de docencia directa en las aulas y que las horas de preparación de clases, corrección de exámenes y ejercicios, las de reuniones de departamento y de tutores, las de evaluaciones, claustros y atención a padres, las guardias, bibliotecas etc. también forman parte del horario del docente. Y eso sin tener en cuenta las horas extra (no remuneradas) que voluntariamente muchos docentes dedican a otras tareas, como por ejemplo las actividades extraescolares.

El argumento no se sostiene por su falta de consistencia, fácilmente verificable, pero el mensaje ya ha sido lanzado a la sociedad, con todo lo que ello conlleva. Este brutal ataque al funcionario docente es, en realidad, un ataque a la enseñanza pública.

Poco se ha hablado del recorte presupuestario de casi 100 millones de euros a la enseñanza pública (sólo en la Comunidad de Madrid), mientras se favorece fiscalmente el flujo de matrículas en la escuela privada debido a las desgravaciones aplicadas a las mismas.

Tampoco se comenta que cualquier medida de ajuste en la plantilla del profesorado supone la supresión de refuerzos, desdobles, de orientadores y de profesores de compensatoria, lo que perjudicará tanto a quienes destaquen por sus altas capacidades como a quienes tengan problemas por lo contrario. Todo ello redunda, sin duda, en la calidad de la enseñanza pública. Y esto nos incumbe a todos.

Sobre la cuestión de que los profesores de España trabajan menos que los de la Unión Europea, si acudimos al informe de la OCDE, Panorama de la Educación 2011, observamos que en contra de lo que tanto se ha comentado, los profesores españoles imparten más horas de clase que el resto, con una media de 5 horas al día. Además las horas totales por curso académico en Secundaria son muy superiores al resto de los países de la Unión Europea.

Por otro lado, este mismo informe concluye que España invierte menos en educación (un 4’6% de su PIB) que los países de la Unión Europea (5’4% del PIB).

Los que aseveran que la educación pública resulta más costosa al contribuyente que la privada o concertada utilizan maliciosamente este argumento para desprestigiar una vez más a la pública. Olvidan matizar que en los lugares más recónditos del país, con poca población y con necesidad de transporte público para los estudiantes, nunca encontraremos ningún centro privado o concertado. Y aquí sí llega la enseñanza pública, ya que toda la población, tanto rural como urbana, de los distintos segmentos sociales y económicos, tiene el mismo derecho a recibir la mejor educación posible.

Cuando llega el turno de hablar de resultados académicos, tampoco nadie menciona el hecho de que la enseñanza pública acoge a todo tipo de alumnado de muy variadas capacidades, sin ningún tipo de selección o criba, como ocurre en otras instituciones educativas. Por tanto, las estadísticas que tanto gustan a algunos arrojan datos que sería muy necesario precisar.

Cuando se habla del funcionario docente como un ser privilegiado debido a la nada desdeñable estabilidad laboral que su posición le confiere, nadie parece acordarse del duro proceso de selección para acceder a un puesto del Estado. Convendría no olvidar que se trata de una clase de privilegio al que puede acceder cualquiera con sólo pasar por la facultad, conseguir la pertinente titulación, presentarse a unas oposiciones alcanzando una buena (o muy buena) calificación y conseguir así una plaza entre miles de opositores.

El funcionario docente ha visto sus ingresos rebajados, y ha entendido que era preciso ser solidarios en el estado de crisis actual, pero conviene recordar que en épocas de bonanza económica ese mismo funcionario no ha participado jamás en ningún reparto de beneficios, perdiendo así año tras año poder adquisitivo. En este sentido, es importante señalar que tampoco son ciertas las cifras que se barajan en los medios respecto a lo que gana un profesor en nuestro país, las cuales están engrosadas 15.000 euros o más.

No creo que la solución resida en suscitar el enfrentamiento entre las diferentes instituciones educativas o en poner en el punto de mira a un colectivo que sólo se ha dedicado a estudiar muy duro para conseguir su plaza y a trabajar a diario en las aulas, mientras otros se han dedicado a dilapidar los recursos públicos. Lo verdaderamente relevante, que es la necesidad de preservar el sistema educativo público como garante de un sistema igualitario, se pierde entre tanta controversia.