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EDITORIAL | Conflicto en la ITV con un coste doble para el ciudadano y la administración

 

03/01/2017

El Tribunal Supremo ha emitido una primera sentencia dentro de los conflictos que mantienen desde hace años la Junta y las empresas concesionarias de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Todo se deriva del problema evidente de sobrecoste que pagaban los ciudadanos por las revisiones con respecto a otras comunidades. En Castilla y León, una autonomía que por su extensión y posicionamiento limita con varios territorios, las tarifas invitaban a los ciudadanos a trasladarse a otras comunidades para evitar una situación que generaba una grave injusticia para sus bolsillos.

La presión social logró que la Junta tomase medidas aunque en verdad nadie ha explicado nunca cuál era el origen de esos precios desorbitados. Y parece que se eligió un camino equivocado porque la Justicia ha determinado que no es posible que la administración autonómica bloquee un incremento según la inflación. De momento la decisión del Supremo se limita a la congelación de tarifas de 2012 pero también están recurridas las sucesivas decisiones tomadas por la Consejería de Economía y que incluyeron una reducción del 20% en los precios que se aplicaron desde enero de 2015. Ahora todo desembocará en un nuevo incremento de las tasas para cumplir esas sentencias, pero si las próximas siguen el mismo camino, en el futuro puede generarse un problema añadido al tener que indemnizar la Junta a las empresas concesionarias, por lo que el perjuicio acabará siendo doble.