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EDITORIAL | Seguridad en la AP-66: una mejora que no deben pagar los usuarios

 

10/07/2018

La proximidad del cumplimiento del plazo para hacer efectivas las adaptaciones de los túneles a las normativas de seguridad que impone Europa ha abierto una disputa entre el Ministerio de Fomento y Aucalsa, concesionaria de la autopista León-Asturias hasta el año 2050, del que podrían salir perjudicados los usuarios. Esa directiva europeo del año 2004, adaptada por decreto de 2006 a su aplicación en nuestro país y que debe ser efectiva antes del 31 de diciembre de 2019, tiene como objetivo evitar accidentes con gravísimas consecuencias como los ocurridos en Suiza —el más recordado es sin duda el del túnel del Mont Blanc, con 39 víctimas mortales— y Austria. Las mejoras que deben aplicarse afectan a las cámaras de seguridad, ventilación, túneles de evacuación, etcétera, y suponen un coste total, en el caso de los siete túneles bitubo de la AP-66, de casi 80 millones de euros.

Aucalsa argumenta en su defensa que esta exigencia no figura entre las condiciones del contrato que firmó en 1975 —la autopista se abrió en 1983 y el desdoblamiento del túnel de El Negrón, en 1997— y que exigirá compensaciones si Fomento no asume el coste y se obliga a hacer inversiones que rompan el equilibrio económico-financiero. Y entre esas compensaciones se citan bonificaciones fiscales, ampliación del contrato y/o subida del peaje, justamente en un momento en el que se alza el clamor de los usuarios en favor del rescate, que hubiera estado próximo de no haberse ampliado la concesión de manera un tanto arbitraria. Sea cual sea la solución, que deberá haberla en cumplimiento de la ley y en exigencia de la más alta seguridad, no deberá recaer de nuevo sobre el usuario, que ya paga la friolera de 13,45 euros por circular por ese trayecto.