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TRIBUNA

Feixolín o el cúmulo de un desastre

Víctor del Reguero. Escritor
05/12/2012

 

Acaba de trascender públicamente el contenido de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del pasado 27 de septiembre que resuelve el asunto de la sanción que el Ayuntamiento de Villablino impuso a Coto Minero Cantábrico por la explotación de carbón a cielo abierto de El Feixolín. Acaba de trascender y la alcaldesa Ana Luisa Durán no sabe, no contesta, porque han tenido que ser otros quienes hicieran público el fallo dos meses después de ser dictado. Curioso.

Sin entrar a valorar si son justos o no los 800.000 euros de la sanción por infracciones muy graves urbanística y ambiental, conviene recordar una serie de datos. Los antecedentes son, en síntesis, que durante doce años esa explotación permaneció en activo siendo como era ilegal, con absoluta impunidad y tolerada por todas las administraciones. Tras varias sentencias judiciales que ordenaron su clausura, en el 2007 el entonces alcalde Guillermo Murias impuso la sanción de 129 millones de euros. Murias tomó esa decisión obligado por un mandato judicial ya que, de otro modo, raramente lo hubiera hecho. La suma de 129 millones de euros fue calculada en base a un informe que la propia empresa había presentado ante los tribunales, para demostrar las ganancias que percibía por cada día de trabajo en la corta y, caso de cerrarse ésta, las pérdidas que le ocasionaría. Esa sanción fue luego recurrida por Coto Minero Cantábrico y en el 2011 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de León la rebajó de los 129 millones de euros a solo 800.000. Textualmente el fallo alega que «existe una enorme dificultad para concretar la existencia de un beneficio referido a la explotación» y que en todo caso, si existiera, la restauración absorbería ese beneficio. También curioso.

Izquierda Unida se pregunta ahora por qué Ana Luisa Durán ha ocultado esta sentencia, pero omite en el análisis la cuestión de base, que es muy interesante. ¿Por qué el Ayuntamiento de Villablino no recurrió el fallo del 2011 que ahora ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León? ¿Se conformaba con menos de una centésima parte de la sanción que en principio impuso? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Dónde se tomó? ¿En base a qué? ¿Cómo es posible que el máximo órgano de decisión del ayuntamiento, el Pleno, no decidiera sobre una cuestión de tal envergadura? ¿Puede llegar un Ayuntamiento con una deuda de 13,8 millones de euros reconocida en la última cuenta general y tantas necesidades, a cuestionarse si cobra o no una cifra así? Preguntas que nadie ha hecho y que seguramente nadie hará, pero que han de ponerse sobre el tapete.

Este asunto sobrepasa a una mera sentencia o una cifra económica y abarca un cúmulo de gestión desastrosa y errática. IU, que parece haber despertado del sueño en que estuvo sumida víctima de sus pesares, ha denunciado recientemente, entre otras cosas, la gestión en las contrataciones de obras municipales abusando del procedimiento negociado sin publicidad (obras que casualmente termina ejecutando siempre el mismo contratista) o la falta de transparencia en la contratación de personal. En suma, que la alcaldesa, con minoría en la Corporación, tome decisiones unilateralmente.

En cuanto a las razones por las que esta sentencia sobre El Feixolín ha tenido que ser hecha pública una vez más por terceros en lugar de quien tenía el deber de hacerlo, seguramente no hagan falta explicaciones. En política, como en la vida, hay evidencias, secretos a voces y cosas sin explicación: algunas porque no la tienen, otras porque es innecesario darla y otras porque no se pueden explicar.

Muy posiblemente en el caso que nos ocupa existan razones tan inexplicables como no haber actuado durante un largo año y medio sobre otra sentencia firme que condenaba a un empleado municipal por abusos sexuales a una subordinada. Un empleado con vínculos con PSOE y UGT al que, con la prensa encima, la alcaldesa aplicó una sanción laboral light por un delito tan abominable, y que para colmo él terminó recurriendo con éxito, por lo que todo quedó sin consecuencias. Ética aparte, ¿fue todo un artificio o se trata de una presunta negligencia? ¿Quién tomó esa decisión? También debe ser cuestión de razones inexplicables el «cambio de estatus», modificando arbitrariamente la categoría laboral de jardinero a oficinista a un empleado próximo a la alcaldesa. Ética aparte, ¿por qué se produce eso? ¿Quién lo decidió? Razones inexplicables para haber despedido varias veces a dos empleados que, recurriendo a los tribunales, han tenido que ser readmitidos e indemnizados también varias veces. ¿Cuánto le ha costado eso a todos los lacianiegos? ¿Quién tomó esa decisión? Razones inexplicables, de esas que no necesitan explicación, también para derribar un edificio municipal sin tener la garantía de que el Parador de Turismo se haría y, por tanto, que esa demolición no sería en balde. ¿Quién decidió eso? ¿Por qué desoyó a quienes pedían que sólo se perdiera ese patrimonio público solamente si se garantizaba la construcción del Parador? O la utilización de un vehículo municipal para asuntos particulares, como por ejemplo para viajar a Sevilla al congreso del PSOE en febrero, multa de por medio. ¿Quién decide a dónde y cómo se usa ese coche? ¿Cuánto cuesta ese dispendio a las arcas públicas? Cabe preguntarse si la sociedad lacianiega es consciente de todo esto y de todo lo demás o si con su silencio va a permitir otra burla más (y ya van…).

Da la sensación de que en el Ayuntamiento de Villablino se vienen tomando desde hace tiempo decisiones muy cuestionables y lo que es peor, lesivas para el interés general. Y ya va siendo hora de que quien las ha tomado asuma sus responsabilidades, de tipo político y de otro si las hubiere. Como parece poco probable que lo haga, la oposición —la desperezada IU, el PP que ayer se quitó definitivamente la careta, el ausente Ecolo-Verdes que reparte moralina pero no acude ni a un pleno— tiene la obligación de tomar medidas inmediatas para evitar que esta bola de nieve siga creciendo. Existen herramientas y si por propia iniciativa no se hace, debe forzarse la presentación de una cuestión de confianza o pensar en plantear una moción de censura, porque Laciana no está ni para perder el tiempo, ni para daños irreparables.

 

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