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TRIBUNA

Las razones de los pueblos de Babia en el conflicto de Pinos

 

PEDRO ÁLVAREZ BARRIADAPEDRO ÁLVAREZ BARRIADA 23/12/2007

EL CONFLICTO que existe desde hace decenas de años entre varios pueblos de Babia y el Ayuntamiento de Mieres por el uso del conocido Puerto de Pinos (ubicado en plena Provincia de León) es tan complejo que necesita la aclaración de algunos de sus elementos, pues son muchos los leoneses que parecen no dar importancia a un tema que resulta vital para la subsistencia de la ganadería. La economía de Babia necesita el mantenimiento de estos pastos, así como del resto de sus montes, y que puedan ser aprovechados por los ganaderos de los pueblos de Babia. Quizás lo que mejor se conoce es que el Ayuntamiento de Mieres compró los montes en el año 1926, pero lo que se desconoce es que desde esa fecha ya surgieron los primeros conflictos, pues aunque la compra se hizo sabiendo que los pueblos de Babia podían subir su ganado al monte con carácter prioritario y preferente, desde el principio, Mieres subió el ganado que le vino en gana, y no le preocupó la sobreexplotación en modo alguno. El Ayuntamiento de Mieres en los últimos años ha reforzado su intervención en el Puerto de Pinos, con actuaciones en la mayoría de las ocasiones absolutamente ilegales: construcciones que no tienen licencia alguna, apertura de pistas, aprovechamientos de agua clandestinos, actividades hosteleras sin licencia, presencia de policías locales armados en territorio de Castilla y León. La paciencia de los pueblos de Babia ya se agotó cuando Mieres quiso modificar la Ordenanza que rige el uso del Puerto imponiendo unas mayores restricciones, que van en contra de los derechos de los pueblos y que asumió Mieres en 1926. Ahora esas restricciones las quiere asumir la Delegación Territorial de León y para ello ha encargado a la Universidad de Valladolid un estudio. Es obvio que la política adoptada por la Delegación Territorial de León es la de no apoyar a los pueblos y ganaderos de León, algo bien explícito desde el primer momento, pues se nos ha intentado apartar de toda reunión y nunca se nos ha brindado apoyo ninguno que no fuera un titular para los periódicos. En este sentido, sólo se quiere advertir a la Administración autonómica que su empeño en apoyar al Concejo de Mieres sólo va a conseguir que muchos ganaderos babianos tengan que abandonar su actividad y que más de cien mineros prejubilados asturianos puedan pasar el verano con una o dos vacas en unas construcciones ilegales en uno de los puertos de más valor ganadero y ambiental de toda la Cordillera Cantábrica. ¿Cómo se puede resolver este conflicto que se arrastra desde 1926? El único medio es devolver la propiedad del Puerto a una Administración o varias de Castilla y León. Hasta ese momento no habrá ni paz ni se garantizará la explotación racional del Puerto, pues Mieres nunca asumirá que no puede subir ganado si los ganaderos leoneses pastan el mismo con preferencia. Pero es que, además, existen pues numerosas razones para exigir el pago del cambio de titularidad a la Junta de Castilla y León. La primera, con el régimen local vigente es incompatible la prestación de un servicio público sobre un bien de dominio público por un Ayuntamiento Asturiano en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pues supone ejercer competencias exorbitantes fuera de su territorio. Resolver este conflicto es competencia de la Junta de Castilla y León, que debe eliminar este anacronismo histórico. Existe una razón ambiental de primer orden, no se pude seguir manteniendo la presión que ejerce el ganado asturiano en una zona de altísimo valor ambiental, y la única forma de resolver el conflicto es compensando al Ayuntamiento asturiano por la pérdida de la titularidad. Estas competencias ambientales pertenecen también a la Junta de Castilla y León. Desde un punto de vista ganadero, es obvio que si los asturianos no respetan los derechos históricos de los pueblos de Babia, que tienen preferencia absoluta sobre los pastos de los puertos, estamos ante un conflicto entre dos Comunidades Autónomas, lo que exige la intervención de la Junta de Castilla y León. Las competencias en ganadería son autonómicas y las de relaciones interautonómicas, es obvio que son también de la Junta. Como se ha hecho público, las Juntas Vecinales de Babia sólo quieren que se cumpla la Ley y que se las apoye como se apoya a otras zonas de la montaña de León, para proyectos que permitan la subsistencia de la ganadería. No se pide la implantación de proyectos millonarios de empresas de fuera de Babia, sino que los ganaderos puedan seguir subiendo su ganado a los pastos de sus pueblos. El cambio de titularidad costaría un millón de euros y permitiría dar futuro a la ganadería de la zona y desarrollar en dicho territorio un proyecto empresarial que impulsase Babia, proyecto claramente respetuoso con el medio ambiente y que garantizase la subsistencia de los ganaderos a medio plazo. Para consolidar el proyecto es imprescindible el concurso y apoyo de todas las Administraciones, algo que hasta la fecha no se ha obtenido y baste el ejemplo del arreglo de la carretera de San Emiliano hasta el enlace con la autonómica asturiana LN-8, que va a Campomanes. Esta carretera de escasos siete kilómetros es esencial para mejorar las comunicaciones de Babia no sólo con el Puerto, sino también la parte central de Asturias, pues permitiría enlazar con Campomanes en pocos minutos. Por último, y en relación con esta carretera autonómica LE-482, de San Emiliano al límite con Asturias, hay que señalar que es una vía de titularidad de la Comunidad Autónoma, pues independientemente de que el Estado no la concluyese antes de las transferencias de las carreteras a las Comunidades Autónomas, estamos ante una vía que comunica dos Comunidades Autónomas. Este dato queda claramente corroborado por el hecho de que el tramo que va desde San Emiliano a Pinos es autonómico (así figura en el Plan Regional de Carreteras). No tiene sentido jurídico alguno que sólo sea autonómico uno de los tramos de una vía que enlaza con una carretera autonómica asturiana. El deficiente estado del resto se debe al absoluto abandono competencial. El tramo sin acondicionar no es un "camino rural", como dice el Delegado Territorial de la Junta, pues si así fuera, no sería tampoco competencia de la Diputación de León. Es una carretera que quedó a medio hacer y que es de titularidad autonómica. Un último argumento, si la carretera la arregla la Diputación enlazando con la Asturiana, la Diputación perdería la competencia, pues no puede ostentar la titularidad de una carretera que enlaza con una autonómica asturiana. Por tanto, se puede calificar de verdadero despropósito e ignorancia de las competencias sobre carreteras la afirmación del Delegado Territorial. No puede obligar a la Diputación de León a sufragar los gastos de una vía que es de estricta responsabilidad autonómica. De igual forma, más que promesas para futuros años, las Juntas Vecinales de Babia quieren realidades, quieren ver el inicio de la tramitación de un proyecto que se debió culminar hace muchos años. Quieren dejar de ser claramente discriminados por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Tienen razones suficientes para dudar de la credibilidad de la nueva promesa. Por ello, solicitamos que el Consejero de Fomento imparta instrucciones directas a la Delegación Territorial de León para que se inicie el procedimiento, pues de otra forma, pasaremos más años sin poder disponer de la carretera prometida. Los pueblos de Babia y sus ganaderos necesitan del apoyo de todas las Administraciones, es lo único que se demanda y que se exige, y que no se nos emplee para titulares de prensa y fotos vistosas. Las Juntas Vecinales reclaman el apoyo de los Alcaldes, de los Diputados Provinciales de la zona, y del resto de responsables políticos que se han escondido en la defensa de los intereses de León. Las Juntas Vecinales de Babia tienen un firme compromiso de resolver este conflicto para siempre y no dejarlo para futuras generaciones.