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Otro enfoque del Pacto de Toledo

 

panorama ANTONIO PAPELL
05/03/2018

Eadrid, 2 feb. (COLPISA) Este pasado mes de febrero, los pensionistas se han puesto en pie de guerra. Nadie había considerado, al parecer, que la subida anual del 0,25% de la que vienen disfrutando desde hace cinco años, una estratagema del PP para poder decir que las pensiones no están congeladas, terminaría siendo considerada una afrenta por sus «beneficiarios». Y han salido a la calle, en masa, en 86 ciudades españolas, en una gran Marea Pensionista, convocados por la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones, que ha logrado una movilización general que algunos han comparado con el 15-M. Los sindicatos y los partidos, que hace tiempo que perdieron la mayor parte de su capacidad de convocatoria en la calle, han quedado asombrados por la campanada mediática de los mayores, que se están organizando, que repitieron la movilización el pasado jueves y que planean repetirla el día 15. Porque además, acaba de inscribirse en el registro del Ministerio del Interior la Asociación de Jubilados Españoles (AJE), que podría convertirse en partido político y que ya exige que las pensiones no estén sometidas al IRPF. La movilización de este «grey power» no es baladí porque afecta nada menos que 8.698.160 personas, en cifras de enero pasado. Su capacidad de presión electoral no requiere comentarios, y el PP, que ha sido su principal beneficiario, hace bien en echarse a temblar.

Rajoy ha pedido, legítimamente, que el asunto no se dirima en la plaza pública sino que se lleve al marco del Pacto de Toledo, que se firmó precisamente en 1995 para apartar el sistema público de pensiones de la confrontación partidista. Pero nadie le ha hecho caso.

Una gran parte de la opinión pública de este país y desde luego todos los interesados directamente en el asunto, creen que: a) Los pensionistas han de conservar su poder adquisitivo durante todo el tiempo de percepción de la pensión y b) no debe producirse un descenso significativo de las expectativas de los futuros jubilados, ya que los trabajadores tienen derecho a la certeza de que al concluir su vida laboral tendrán un retiro digno.

En consecuencia, la argumentación del Pacto de Toledo ha de hacerse al contrario de cómo se ha planteado hasta ahora: al analizar la sostenibilidad, no ha de averiguarse qué pensiones pueden pagarse a la vista de los ingresos previstos sino qué ingresos hay que arbitrar para mantener un sistema de pensiones acorde con la dignidad de las personas. Ya se verá si los recursos han de provenir de las cuotas, de un impuesto finalista ad hoc (como en Francia) o de los Presupuestos del Estado; pero ha de descartarse por completo el cálculo economicista que considera que la supervivencia de los jubilados ha de supeditarse a la coyuntura o a los intereses electorales de los partidos.