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TRIBUNA

Políticas efectivas para asentar población

 

Eloina Terrón Bañuelos Coordinadora Provincial de Izquierda Unida León
09/01/2018

El superávit económico de la Diputación, y los presupuestos de la Junta y las Administraciones Públicas se deben destinar no a pagar intereses de deudas o encerrarlos en un cajón, sino a crear las condiciones e impulsar políticas sociales y de creación de alternativas económicas que asienten población en nuestra provincia.

La provincia de León es la que más población pierde de toda la Comunidad. Esto indica que las políticas que se están llevando a cabo desde la Diputación y las administraciones no están generando condiciones para que la población no se vea obligada a abandonar tanto las zonas rurales como la provincia en general. Que la provincia esté perdiendo 15 habitantes cada día del primer trimestre del año 2017 es un desastre sin paliativos. Por eso hay que exigir responsabilidades políticas a la Diputación, a la Junta y al Estado, es decir a las políticas del PP, que no destinan nuestros presupuestos a la creación de empleo público, que permita asentar políticas sociales y alternativas económicas en nuestra provincia. Perdemos cada vez más población joven que se va a otras provincias, comunidades autónomas, o fuera del país.

Es un sinsentido tener una Diputación saneada económicamente, mientras que la extensa zona rural de nuestra provincia, que es su responsabilidad, pierde población formada y joven, de forma continuada y permanente.

La Junta de Castilla y León publicó y estableció como objetivo la Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020, de cara a asentar población en nuestra comunidad y nuestra provincia, que no ha sido efectiva. Es dramático que, con esta hoja de ruta, diseñada por el PP, estando ya cercanos al año 2020, se compruebe que, en estos siete últimos años, la pérdida de población es cada vez mayor. En 2010 la población de León era de 499.284 personas y en 2017 se ha reducido a 467.731 habitantes. Tendencia que evidencia que en 2020 estaremos en torno de los 454.000 habitantes, volviendo a una población similar a la que había en 1930 en esta provincia.

Es cierto que falta imaginación política para diseñar políticas públicas que saquen a esta provincia y a esta CC AA de la cada más grave pérdida de población joven y formada. Pero, sobre todo, no solo es necesaria la imaginación y la innovación, sino que debemos ser conscientes de que la solución será imposible, por mucha imaginación que se le eche, sin que antes se reviertan y deroguen todo el entramado de leyes que el PP ha impuesto para impedir la creación de empleo público y el desarrollo de políticas sociales, que son las que realmente generan empleo estable y necesario para mantener los servicios públicos imprescindibles para toda la provincia y especialmente para las zonas rurales (educación, sanidad, bomberos, residencias de mayores, ayuda a domicilio, formación continua, etc., etc.), así como condiciones sociales y de desarrollo económico para que la población no tenga que migrar de su región.

Por lo tanto, el primer y fundamental paso que habría que dar, para revertir este desastre poblacional, es derogar y eliminar el artículo 19 de la ley presupuestaria, que impide a las administraciones locales crear nuevos puestos de trabajo para atender las necesidades y competencias que son su responsabilidad, en servicios sociales, en atención a la dependencia, en prevención de riesgos y desastres del fuego, etc.

No es posible que, con una Diputación saneada, y con un superávit que podría ascender a más de 80 millones de euros, con una caja cercana a 140 millones, haya tantísimas personas esperando plaza en el Centro de Nuestra Señora del Valle, de La Bañeza, porque la Diputación no crea empleo en dicho centro para poder atenderlas, a pesar del superávit económico que tiene. Este es un ejemplo de cómo habiendo necesidades que atender, que suponen creación de puestos de trabajo, no hay voluntad política para hacerlo. O más bien, hay voluntad política contraria a hacerlo.

Son estas decisiones políticas de PP, que plasma en leyes y normativas, las que están llevando al desastre a esta provincia. Es decir, con los presupuestos aprobados en la Diputación, el PP ha tomado la decisión política de no crear empleo estable, que es lo que la zona rural de León necesita. Destinar únicamente subvenciones a pequeñas obras temporales en los municipios, mantiene la precariedad y temporalidad del empleo y no arraiga población. Destinar dinero a amortizar la deuda está bien, pero simultáneamente la regla de gasto de la Ley Montoro del PP impide la inversión pública para la creación de empleo estable y de calidad que esta provincia necesita.

Por eso, hay que exigir responsabilidades políticas al PP, ya que éste es el que gobierna en todas las administraciones, especialmente a la Diputación, que es la administración que más responsabilidad tiene respecto al territorio y población de la zona rural, que es donde más población se está perdiendo.

Implantar las mismas limitaciones para todas las administraciones públicas, tal como han impuesto las normativas del PP, con el artículo 19 de la ley presupuestaria, con la regla del gasto, etc., llevan a que aquellas zonas y regiones que no tienen un dinamismo económico fuerte y con cierto nivel de creación de empleo se estanquen aún más, como es el caso de la provincia de León, máxime tras el desmantelamiento del tejido industrial, especialmente en las cuencas mineras.

Esta provincia no aguanta más políticas de recortes en servicios públicos y sociales, de ajustes a la población en rebajas de salarios y precariedad de empleos, mientras nuestros políticos gobernantes prosiguen en su venta de ilusiones mediáticas y cantos de sirenas. Porque la pérdida de 2.710 residentes, 15 al día, en el primer trimestre de 2017, que van a dar su esfuerzo trabajo y conocimientos a otras CC AA, perfila un futuro desolador para León. A esto se suma que es población joven, por lo que en la provincia aumenta el envejecimiento y con ello, la perdida de natalidad y la pérdida de dinamismo social y laboral.

Hay responsables de este desastre y son las políticas del PP en el gobierno de la autonomía, del PP en la Diputación y del PP en León y del PP en Ponferrada. Es la complicidad de nuestros gobernantes provinciales y autonómicos, sumisos a las políticas de recortes y ahogamiento del señor Montoro, empeñado en la no creación de empleo público y el desmantelamiento de todo lo público, la que está permitiendo y amparando la actual situación de despoblación, envejecimiento, fuga de jóvenes y falta de futuro para la provincia de León.

   
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