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TRIBUNA

A los políticos no les importan los alumnos

Javier Ampudia Alonso Profesor de Educación Secundaria y Delegado de CSI·F
03/01/2017

 

Ha sido un trimestre muy duro. La excesiva burocracia de las programaciones didácticas y la inquietud ante la falta de concreción de las pruebas finales de ESO y Bachillerato no han contribuido a construir un adecuado ambiente académico. Se lo debemos a Wert y a Gomendio. No es rencor, es un justo reconocimiento de este error histórico que es la Lomce. Y además, ahora reniegan de ellos hasta sus correligionarios del PP. Las reválidas ya no servirán para obtener los títulos de ESO y Bachillerato. La prueba final de la ESO tendrá carácter muestral, aunque no sabemos cómo se van a elegir los centros que la hagan. La de 2º de Bachillerato sí será para todos, pero cada Comunidad autónoma hará la suya. CSI·F comparte que la prueba final no sirva para obtener el título de bachillerato. Sería una redundancia innecesaria obligar a los alumnos a repetir las pruebas, en pocos días y de todo el temario de bachillerato, en donde se lo juegan todo.

Además, es una táctica malintencionada, propia de una ley cuyo último objetivo, ladinamente escondido tras las palabras lisonjeras del preámbulo, es apartar alumnos del Bachillerato y de la Universidad para que pasen a matricularse en una Formación Profesional de la que mucho se habla pero por la que no mira la administración como debería hacer. Algunos, con cierto tono triunfalista y con una clara intención política, se alegran de que, por fin, tras varios meses de incapacidad del MECD y de medias verdades por parte del gobierno en funciones, se hayan derogado las reválidas y que las sustituya una prueba similar a la PAU. CSIF huye del triunfalismo y niega que sea igual que la PAU. Huimos del triunfalismo porque llevamos tres años diciendo que no se puede derogar la Lomce hasta que no la sustituya otra ley y que ese proceso puede llevar años y que antes de eso, lo que habría que haber hecho es derogar los decretos de recortes educativos (los Reales Decretos- ley 14 y 20 de 2012), que eso sí lo puede hacer el gobierno fácilmente. Y negamos que sea una prueba igual a la PAU. Sólo se parecen en que no es necesario aprobar para titular, no es necesario sacar más de un cuatro para hacer media con la nota del expediente de bachillerato, los exámenes serán coordinados por las universidades y en que no hay prueba oral en la 1ª Lengua Extranjera. Pero ahí acaba todo. Estamos a finales de año y los profesores que imparten 2º de bachillerato no saben a ciencia cierta el contenido de lo que se examinarán sus alumnos ni las características de la prueba. Muchos compañer@s nos han dicho estos días que si hubieran sabido que al final la prueba sólo examinaría de los contenidos de 2º, hubieran afrontado el currículo de otra manera. Esto ya no tiene solución.

Junto a esta crítica, señalan nuestros compañeros que se reduce la posibilidad de escoger las materias objeto de examen que había en la PAU, pues ahora tienen que examinarse de 6 materias, de las que 4 (troncales comunes y de modalidad) contarán hasta 10 puntos y las otras 2 (troncales de opción) servirán para conseguir hasta 14. Como consecuencia, los alumnos interesados en determinadas carreras universitarias tendrán que examinarse obligatoriamente de materias menos afines a sus expectativas por cómo está estructurado el currículo, que impide la misma libertad que con la PAU. También se ha perdido la posibilidad de que los alumnos escojan entre Hª de España e Hª de la Filosofía y, en cada una de las materias, entre dos bloques de contenidos, cuestión importante en todas las asignaturas, pero crucial en aquellas que tienen un currículo inabarcable, o aquellas que exigen una esmerada planificación, para adaptar las estrategias de enseñanza a las peculiaridades de las posibles preguntas. No es lo mismo una pregunta corta que un tema a desarrollar, un problema que una demostración, el estudio de un autor a otro, etc. Estos problemas relacionados con el currículo y características de la prueba, que antes se aclaraban en las reuniones de coordinación, ahora inexistentes, impiden también a los profesores saber si entra todo el temario. Como nada se ha sabido de esto hasta ahora, los docentes están haciendo encaje de bolillos con el currículo y no pocos, jugando a las siete y media con el temario, en beneficio de sus alumnos (hay profesores que no han dado los 2 primeros temas, que se eludían en el sistema PAU; otros no saben si decantarse por explicar algunos temas que abren la posibilidad de explicar otros de una forma o con una planificación diferente). Estas cuestiones, eminentemente técnicas, propias de nuestro trabajo diario, son asuntos desprovistos de tintes políticos y, en realidad, sólo afectan a los profesores. Al no tener cariz político, no le importan a la sociedad.

En CSIF creemos que es necesaria una Prueba Final de Bachillerato, única para todos los alumnos, corregida por funcionarios de enseñanzas no universitarias, en corrección ciega y sin publicación de rankings, que sirva para acceder a la universidad. Y es necesaria porque sabemos que nuestros alumnos de Castilla y León están en desventaja frente a los alumnos de otras comunidades más autoindulgentes, que ocupan un gran porcentaje de las plazas universitarias de Castilla y León por un sistema de acceso a la universidad poco equitativo.

En CSI·F sólo nos alegramos moderadamente de la desaparición de las reválidas, pues casi todo lo demás destila la misma negatividad que hemos comentado tantas veces.

 

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