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Y si pasa, se le saluda

EL CORRO PEDRO VICENTE
03/01/2017

 

Aquello de «año nuevo, viejos problemas», no por ser un topicazo, deja de ser cierto. Sencillamente porque el mero hecho de estrenar calendario no transforma de forma taumatúrgica la realidad del día anterior. Y en el caso de Castilla y León, podríamos decir que menos que nunca. Me explico.

Normalmente, el primero de enero, entran en vigor unos nuevos Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que, en supuestos tiempos de recuperación económica, tendrían que resultar más ventajosos que los del año finalizado, máxime, cuando estos, los de 2016, decrecieron en relación a los del ejercicio precedente. Y no. Los castellanos y leoneses iniciamos 2017 con unos presupuestos prorrogados porque así lo ha querido la Junta, que, utilizando excusas propias de mal pagador, ha retrasado deliberadamente la presentación de unas nuevas cuentas de la Comunidad autónoma.

La prueba de que dichas excusas no se sostienen es que la mayor parte de las comunidades, o bien inician el año con nuevos Presupuestos o bien tienen los mismos en avanzada tramitación parlamentaria. En Castilla y León ni siquiera se ha presentado en las Cortes el nuevo techo de gasto para 2017, requisito preceptivo para cuadrar el proyecto presupuestario de la Comunidad. La cuestión no es baladí, ya que significa que, como pronto, la Administración autonómica no va a disponer de un nuevo Presupuesto hasta el mes de abril. Mientras tanto, la prórroga garantiza —sólo faltaría— el funcionamiento de los servicios públicos, el pago de las nóminas, el gasto corriente y por supuesto el de los intereses de la deuda pública, que ronda la friolera de los 11.000 millones de pesetas. Pero quedan aplazadas las nuevas inversiones públicas que tendrían que tirar del carro de la recuperación económica, el Plan de inversiones sociales prioritarias anunciado en junio pasado por el presidente de la Junta (nada menos que 728 millones de euros de aquí a 2020) y la implementación de nuevas políticas que alienten la recuperación y reviertan los recortes de los años de plomo de la crisis.

No hablemos ya del rescate del Plan plurianual de Convergencia Interior, contemplado en el Estatuto de Autonomía como instrumento corrector de los desequilibrios territoriales internos, que, según la Ley de Ordenación y Servicios del Territorio, debiera reimplantarse una vez que el PIB autonómico crezca por encima del 2 por ciento, algo que ya ocurrió en 2015.

Así las cosas, en los próximos días el INE dará a conocer el nuevo censo de población a uno de enero y sabremos cuantos miles de habitantes han perdido Castilla y León en 2016. Pero que nadie se aflija. La Conferencia de Presidentes convocada a mediados de mes se va a ocupar del problema. Aquí nunca pasa nada. Y si pasa, se le saluda.

 

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