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Sin chantaje

PANORAMA Antonio Papell
12/10/2017

 

Puigdemont es un eslabón más del complejo políticosocial independentista que, con el mesianismo proverbial mesianismo nacionalista, ha organizado esta gran mascarada soberanista, que se basa en un gran engaño a los catalanes y en una tremenda deslealtad hacia todos los españoles. Es claro que las condiciones en que debería avanzarse según las tesis de Puigdemont son inaceptables por el Estado. El chantaje es tan manifiesto —o se aceptan las propuestas nacionalistas o se aplica la independencia ya declarada— que ninguna democracia podría admitir el planteamiento. El diálogo no es concebible sin el previo retorno explícito del soberanismo al cauce constitucional. Así lo ha entendido Moncloa, como parece natural.

El diferendo ha salido ya del territorio del forcejeo retórico. Las salidas empresariales de Cataluña han representado la pérdida del 36% del PIB del territorio, lo que significa que los catalanes han sufrido un expolio pero no a manos del Estado opresor, como se ha dicho falsamente hasta la saciedad, sino de los propios independentistas, que han hecho tambalearse la seguridad jurídica. Lejos de arredrarse por esta bofetada resonante, Puigdemont repitió el mantra de los 16.000 millones del supuesto expolio español a Cataluña. La pantomima no es de recibo y no parece que ahora pueda ser tachada de imprudente ni de excesiva la intervención del Estado para parar este delirio y proteger a los catalanes de sí mismos.

Los recursos para restablecer la legalidad vulnerada son conocidos: los artículos 155 y 116 CE entre otros. A muchos nos hubiera parecido razonable que, antes de las infaustas jornadas parlamentarias del 6 y el 7 de septiembre, el Gobierno hubiera detenido ya el aquelarre. Explica Alzaga que la cautela del referido artículo 155 es la que usan los sistemas federales (como Alemania) para dejar constancia clara de que no son confederales, de que los miembros de la federación han de sujetarse a las normas federales. La suspensión parcial de la autonomía no es, pues, un hecho épico sino un recurso perfectamente legítimo que ha de servir para restaurar el orden constitucional alterado. La única posibilidad de no tener que llegar a estos extremos sería la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas por Puigdemont, como pide Iceta. Si así se hiciera, podría darse una oportunidad a dialogar sobre unas reformas constitucionales y estatutarias que desactivaran esta tentativa de golpe de Estado.

 

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