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Alonso recurre su condena por destruir el patrimonio

La prescripción de la ruina de los restos, principal argumento.


06/01/2017

 

A. Domingo | Redacción

La representación legal del empresario leonés Victorino Alonso presentó la semana pasada un recurso de apelación contra la sentencia que le condenó el 14 de diciembre a una pena de prisión de dos años y seis meses, así como a indemnizar a la Comunidad Autónoma de Aragón con cerca de 25,5 millones de euros por un delito contra el patrimonio histórico, a consecuencia de la destrucción de un yacimiento prehistórico en la Cueva de Chaves, en Huesca.

En 49 folios, el escrito se refiere a la prescripción de los hechos, la credibilidad del principal testigo, así como a la valoración económica del yacimiento y distintos aspectos administrativos —fundamentalmente, la falta de una declaración como Bien de Interés Cultural—, que, a juicio del letrado de Alonso, enervan los argumentos por los que el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca condena a su representado.

El recurso se refiere en primer lugar a la prescripción de los hechos juzgados, asunto que ya se abordó en las cuestiones previas de la vista. El recurso ahonda en que pasaron «más de cuatro años o e incluso cinco» desde que se produjeron los hechos hasta el momento en el que se le cita a declarar como imputado, mientras que la destrucción del yacimiento se produjo en octubre de 2007. Mientras que la instrucción mantuvo como responsables de los hechos al administrado de una de las mercantiles implicadas y al apoderado de la segunda, Alonso no estuvo identificado en el proceso «ni específica ni genéricamente».

Añade que el delito contra el medio ambiente que Ecologistas en Acción pedía como acusación particular por actuaciones en la finca en la que se encuentra la cueva entre los años 2007 y 2009 se consideró sobreseído, de manera que resulta una «contradicción inexplicable» la condena por el delito contra el patrimonio, cometido en octubre de 2007.

El letrado invoca «el aura mediática» del caso, que, en su opinión, «ha condicionado a cuantos han intervenido en la causa», violándose el principio de presunción de inocencia.

Destaca, además, las contradicciones en las que incurre el administrador de Fimbas, S.A. en las distintas declaraciones que prestó como imputado. El testigo solicitó declarar voluntariamente en 2014 «cuando había sido despedido», lo que obedece a una actitud de despecho. Por otra parte, ninguno de los testigos escuchó a Alonso «dar la orden de limpiar las losas caídas del techo» de la cueva, motivo por el que argumenta que la imputación de Alonso «es puramente especulativa».

También se pone en duda la valoración de los daños ocasionados en el yacimientos, ya que se toma como base el material que apareció en la parte excavada (110 m2) y se extrapola al resto de la cueva (3.300 m2). el peritaje se realiza por especialistas con intereses emocionales y profesionales, además de por la Diputación General de Aragón, actor civil en la causa, de forma que la cantidad «está muy, pero que muy por encima de los precios del mercado lícito» de España y su entorno.

La falta de declaración administrativa de una figura de protección para el yacimiento también invalida, a juicio del letrado, la condena, al igual que «las indebidas dilaciones» del proceso.

 

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