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El consorcio de Picos se tambalea por la ineficacia de su gestión

Las tres comunidades sopesan la disolución del actual órgano y barajan fórmulas alternativas


21/03/2017

 

m.c. / m.r. | león

El consorcio interautonómico, creado en 2010 entre Castilla y León, Asturias y Cantabria, para asumir la gestión unificada del Parque Nacional de Picos de Europa, después de que el Gobierno central traspasara las competencias a las comunidades, está en la cuerda floja.

Las tres comunidades autónomas barajan desde hace meses la disolución de esta figura de gestión conjunta que sería sustituida por convenios de colaboración para acordar los aspectos comunes que afecten a las tres comunidades, sobre todo después de que el Gobierno central, a través de la Red de Parques Nacionales, haya vuelto a formar parte de las gestión de estos espacios, amparados por la nueva ley.

De esta manera, cada administración autonómica recuperaría el control de su territorios, mientras que los valores ambientales del parque estarían asegurados por el regreso de la supervisión del Estado.

Lo cierto es que, a pesar de que se ha tratado de vender una imagen de consenso entre las tres comunidades autónomas, la gestión del parque no avanza, y son muchas las carencias económicas que impiden el normal funcionamiento del espacio protegido.

Debate abierto

En el penúltimo Patronato celebrado en diciembre de 2016, el último bajo la presidencia del Cantabria, su presidente, Jesús Oria, desvelaba que se habían iniciado procesos de revisión tanto de los procedimientos internos del parque como del propio marco jurídico acordados en 2010. De hecho, fue el primero en hablar de las «debilidades» de una gestión constatadas por «la imposibilidad de desarrollar algunas de las previsiones de 2010, y por la evidencia de que algunos de los objetivos de una gestión más cercana al territorio no se han conseguido plenamente». Oria emplazaba a Castilla y León y Asturias a concluir este proceso en sus inmediatos mandatos.

Prueba de ello es que cuando se asumieron las competencias en 2010 el primer objetivo fue la urgente aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), herramienta imprescindible enquistada desde 1995.

Los estatutos prevén la disolución del consorcio una vez se haya aprobado una fórmula alternativa de gestión integrada en cumplimiento del artículo 16.3 de la Ley 5/2007, de 30 de abril, por la transformación en otra entidad, por la desaparición del objeto del consorcio o por cualquier otra causa de justificado interés público, siempre que lo acuerden las administraciones públicas implicadas. El acuerdo de disolución determinará la liquidación de los bienes, la distribución del personal entre las diferentes administraciones, y la reversión de las obras e instalaciones existentes a las comunidades que las aportaron al consorcio.

 

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