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Las cooperativas promueven una ley para mantener abiertas sus gasolineras

 

26/01/2017

DL | Redacción

La Unión Regional de Cooperativas Agrarias (Urcacyl) presentó ayer ante las Cortes de Castilla y León las firmas necesarias para promover la tramitación de una iniciativa legislativa popular (ILP), en la que reclama que las cooperativas puedan vender combustible en sus propias estaciones y sin que tenga que estar presente un operario, como sucedía hasta el momento. Urcacyl pretende modificar la ley autonómica que obliga a los puntos de venta de combustible a disponer de un empleado para atender a los posibles clientes, recogía ayer la Agencia Efe.

El director general de Urcacyl, Jerónimo Lozano, apuntó que la normativa obligará a las cooperativas a agrarias a cerrar sus puntos de venta en horario nocturno y durante los fines de semana, al no poder contar por razones económicas con suficiente personal. Son los empleados de las cooperativas quienes atienden los puntos de venta de combustible en el horario laboral. Por la noche y durante los fines de semana funcionan como gasolineras de autoservicio, sin personal que atienda a los clientes. El director de Urcacyl explicó que los puntos de venta de combustible sin personal funcionan con normalidad en varios países europeos y, aunque en España son escasos, cuentan con un informe favorable de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

Servicio a los pueblos

Lozano recordó que las estaciones de las cooperativas, cerca de 90 en Castilla y León, además de suministrar combustible a los asociados también lo hacen a los usuarios del mundo rural y su cierre durante la noche y los fines de servicios supone un perjuicio para los vecinos de muchos pueblos.

Para que la iniciativa legislativa popular prospere necesita el apoyo de 15.942 firmas —un 0,75% del censo electoral de Castilla y León—, tras lo que pasará al debate y votación parlamentaria. Lozano ha indicó que Urcacyl se ha reunido con representantes de los grupos parlamentarios en las Cortes con la intención de que apoyen la iniciativa, cuya tramitación puede prolongarse alrededor de dos años.



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