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El Gobierno mantiene su apuesta por la línea Sama-Velilla pese a la crisis

Gaspar Llamazares defiende que el proyecto es «más especulativo que necesario».

 

maría carnero | león
02/10/2012

La línea de alta tensión que la empresa pública Red Eléctrica Española tiene proyectada entre Sama y Velilla mantiene el carácter de interés general, según explica el Gobierno central en respuesta a la pregunta planteada en el Congreso por el diputado de IU, Gaspar Llamazares.

Para el ejecutivo que preside Mariano Rajoy «la línea sigue siendo necesaria ya que ayudará a regular los flujos de potencia que tienen que ser transportados entre Castilla y León y Asturias, mejorará la calidad y seguridad del suministro en la zona y para reforzará eléctricamente las necesidades actuales y futuras de desarrollo de la comarca».

Para Gaspar Llamazares esta explicación «además de ser vaga y retórica, carece de argumento técnico». En este sentido, asegura que «la zona tiene sobrecapacidad eléctrica y no hay motivos que justifiquen la falta de calidad del suministro a la que hace alusión el Gobierno». Además considera que «la respuesta no expone ningún tipo de proyecto industrial de futuro que justifique una inversión de estas características en el marco de una crisis económica como la que actualmente sufre el país». Para Gaspar Llamazares esto demuestra que «se trata de un proyecto más especulativo que necesario», en el que no existe la relación coste-beneficio. «Era una obra megalómana cuando había bonanza económica en nuestro país, por lo que ahora no tiene ningún tipo de prioridad», asegura el diputado de la coalición.

Por lo que se refiere al daño ecológico que a juicio de IU supondrá la construcción de este proyecto en la zona, Llamazares considera que «el Gobierno no puede escudarse en un estudio de impacto ambiental que aún no ha visto la luz, y dar la espalda a las casi 27.000 alegaciones presentadas en contra por los vecinos, ayuntamientos, universidades y grupos ecologistas afectados por el proyecto».

En este sentido, el diputado anunció la intención de su partido de seguir oponiéndose a este proyecto, y de caminar de la mano de las asociaciones ecologistas que como IU «ven una irresponsabilidad que el Gobierno autorice un proyecto de estas características».

El proyecto de la Sama-Velilla se encuentra en estos momentos en fase administrativa, después de más de diez años de batalla judicial. Sus promotores están a la espera del estudio favorable de impacto ambiental que permita el inicio de las obras. Hasta el momento el proyecto ha recibido 27.000 alegaciones en contra, la mayor parte de ellas remitidas por vecinos de la zona, partidos políticos, grupos ecologistas y universidades, que ya han sido contestadas por la empresa.

   
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