El retraso en la Audiencia deja sin pena al conductor que provocó dos muertes

m. rabanillo | león 18/01/2012

«Ha sido precisamente ese tiempo en el que los autos han estado en la Audiencia Provincial de León cuando el procedimiento ha estado sin actividad alguna, por lo que es evidente que desde entonces los hechos estaban prescritos». Así justifica la sentencia del Juzgado de Instrucción número 4 de León la absolución del conductor que provocó un accidente en septiembre del 2007 en la A-231 con dos víctimas mortales. El caso permaneció parado en la Audiencia más de nueve meses, según se reconoce en el fallo, por lo que la jueza «sin más trámite y sin necesidad de entrar en el fondo del asunto» procede a declarar extinguida la responsabilidad criminal del acusado ya que las faltas —como se ha juzgado el caso en contra de la petición de los familiares de las víctimas— «prescriben a los seis meses».

La sentencia emitida ayer considera probado que el conductor «de forma imprudente y repentina toma a gran velocidad, incluso superior a 140 km/h (cuando la permitida era de 80)» la salida 21 A de la A-231 «y una vez dentro del carril de salida y debido al gran exceso de velocidad al que circulaba, su conductor perdió el control y se sale de la calzada por el margen derecho, donde choca contra un talud».

«Una farsa». De este accidente no salieron con vida las jóvenes Ana Isabel Buiza y Sara González que viajaban en el coche y cuyos padres estuvieron presentes en el juicio celebrado la pasada semana. Siete días después, ya con la sentencia en la mano, consideran «una farsa» todo el proceso, según declaró ayer el padre de Ana Isabel, que anunció la presentación de un recurso contra la sentencia y su intención de luchar hasta que «podamos dar al caso un vuelco de 180o».

El fallo, en los fundamentos de derecho, relata que los autos se remitieron a la Audiencia el 19 de abril del 2010, «estando paralizados en la Audiencia Provincial de León pendiente de resolución desde abril del 2010 hasta el 8 de febrero del 2011, que se resuelve la apelación, confirmando la continuidad de las presentes diligencias por los trámites del juicio de faltas». Más de nueve meses en los que los padres de Ana Isabel permanecieron a la espera de que la sala se pronunciara sobre si el procedimiento se instruía como falta o como delito, tal y como reclamaban.

«Me da vergüenza de la justicia que tenemos en España», asegura la madre de Ana Isabel que mantiene que «viendo lo que salió con Marta del Castillo no esperábamos otra cosa».

La acusación particular pedía la pena máxima, que en este caso, ocurrido antes de la reforma del Código Penal que endureció las penas por accidentes de tráfico, suponía dos meses de multa con cuota diaria de 20 euros y retirada del carnet de conducir por un periodo de un año, mientras que la defensa solicitó la libre absolución alegando la prescripción de la falta y la atenuante de dilaciones indebidas.