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Los incumplimientos se disparan y la mitad ya no rinde cuentas

 

10/11/2017

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como Ley Montoro, promulgada en 2013, impide la creación de nuevas juntas vecinales por lo que, si no se articulan medidas de apoyo administrativo y financiero, están condenadas a desaparecer. Lo harán por falta de gestores, porque lo soliciten sus vecinos o por reiterados incumplimientos de sus incompetencias, pero no por no presentar las cuentas, como advirtió dicha ley. La norma diseñada por el actual ministro de Hacienda restringía la medida a aquellas que no cumplieran con los balances de 2013. Aquel año se disparó el índice de rendición de cuentas. De hecho, sólo 25 de las 1.233 desafiaron a Montoro. Sin embargo, ya sin estar sometidas a la amenaza de la desaparición, el número se incumplidoras se fue incrementando de forma progresiva hasta que el pasado 31 de octubre se cerró el plazo para rendir las cuentas de 2016 con 578 entidades locales menores fuera de juego, el 47% de las existentes en León. Estos datos no mejorarán en los próximos ejercicios, al menos sin la implicación de las administraciones superiores. La Diputación lanzó el pasado marzo un llamamiento a la Junta para que preste ayuda y auxiliar al Servicio de Atención a Municipios (SAM) que, según alegó el propio presidente, Juan Martínez Majo, no da abasto para atender las necesidades administrativas de los pueblos de la provincia.





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