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TRIBUNALES

El Supremo prohíbe la construcción del parque eólico de Valdesamario para proteger al urogallo

El tribunal confirma ilegalidad del proyecto, que atenta contra una especie protegida y cuya disputa legal ha estado abierta 13 años

DL | REDACCIÓN
24/05/2017

 

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que declaraba la ilegalidad del parque eólico de Valdesamario al afectar a poblaciones de urogallo y ha anulado definitivamente la autorización administrativa que permitía su funcionamiento.

La sentencia del Alto Tribunal sigue los mismos argumentos que empleó en otras dos vecinas instalaciones eólicas de La Espina y Peña del Gato, en el sentido de que todas las centrales fueron autorizadas sin valorar su impacto sobre poblaciones de urogallo cantábrico, especie en peligro crítico de extinción.

Con su decisión, el Supremo cierra, después de trece años, el ciclo de recursos presentados por la organización conservacionista SEO/BirdLife ante las "irregularidades observadas" en el nudo eólico Villameca, que planteaba la construcción de veintidós parques eólicos más. Sólo seis fueron construidos y entraron en funcionamiento, en concreto los tres anulados por el Alto Tribunal y otros tres que la ONG ambiental no pudo recurrir ante la Justicia.

Por medio de un comunicado, SEO/BirdLife ha señalado que, a pesar de las claras sentencias que anulan los tres mencionados parques, el asunto parece no haber terminado debido a que ha constatado que la Junta de Castilla y León ha iniciado los trámites para legalizarlos. Al respecto, ha conmina a la administración autonómica a "no cometer los mismos errores que han derivado en varios varapalos judiciales".

"Volver a autorizar estos parques evidencia una política de hechos consumados por parte de las empresas y del Gobierno regional, si bien las empresas adjudicatarias han renunciado a los proyectos que no habían construido, retoman una y otra vez el procedimiento para mantener en activo los parque ilegales que sí construyeron", ha apuntado el portavoz de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza. Ha opinado que es un error plantear esta cuestión como un conflicto entre el más que necesario desarrollo rural de la región y la también necesaria conservación de la naturaleza.

"Resulta necesario que se abandonen posturas intransigentes para evitar que sigan perdiendo todas las partes: los municipios titulares de los montes, los propios promotores de los parques, el desarrollo de las energías renovables y el medio ambiente", ha agregado.

Desde SEO/BirdLife han anunciado que realizarán un llamamiento a todas las partes para que se logre una solución que no sólo respete la legalidad sino también ampare a la gente y a la naturaleza. Atienza recuerda que las obras de construcción del parque eólico Valdesamario comenzaron en 2008 sin contar con las autorizaciones oportunas y se desarrollaron hasta mayo de 2010.

"Se incumplió reiteradamente el condicionado ambiental que prohibía la ejecución de actuaciones de todo tipo en épocas sensibles para la población de urogallo más meridional del mundo, que ocupaba la zona de implantación del parque", ha recalcado.

Estas irregularidades motivaron la incoación de al menos cuatro expedientes sancionadores que, sin embargo, no impidieron que la empresa siguiera construyendo el parque. Para cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) dictó auto de paralización cautelar de las obras, el 10 de Junio de 2010, estas ya habían terminado.

En paralelo, las licencias municipales concedidas por el Ayuntamiento de Valdesamario, también fueron anuladas por otra instancia judicial, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2. La sentencia se publicó en 2013, tres años después de que el parque hubiera entrado en funcionamiento y entre 2010 y hasta la actualidad, la instalación ha generado casi cuatro millones de euros a la empresa titular.

La organización ecologista ha denunciado que esta misma forma de proceder, concluyendo las obras de forma irregular, se ha repetido en los parques La Espina y Peña del Gato, cuyas autorizaciones también fueron anuladas primero por el TSJCyL y, años después, por el Tribunal Supremo. 

 

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