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LEÓN ■ DEBATE SOBRE LOS INCENDIOS

El TSJ aboga por no permitir el uso de los montes incendiados

Los jueces reclaman que la administración no infiera en la prohibición de calificar en 30 años


08/11/2017

 

maria carnero | león

La investigación de los incendios forestales, sus causas, y sus consecuencias jurídicas han centrado las jornadas organizadas por la Junta de Castilla y León y la Fiscalía de la Comunidad.

El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Francisco Javier Zataraín y Valdemoro fue ayer el encargado de cerrar este foro con el que se ha tratado de estrechar más la colaboración entre la administración autonómica, la Guardia Civil, la Fiscalía y el poder judicial en la lucha contra el fuego,

Zataraín desgrano algunos de los muchos problemas con el que se encuentran los jueces en las causas abiertas por los incendios forestales, como es el caso de las pocas pruebas que llegan a presentarse ante el tribunal y el estado en el que llegan. «Sería fundamental que se intensificara la formación de los agentes forestales como policía judicial ya que son los primeros que llegan a los incendios y se corre el riesgo de que puedan viciar la investigación», afirma.

Por lo que se refiere a las condenas el magistrado defiende que hay que respetar el principio de legalidad y aplicar el código penal. «Me da igual que se trate de una paisana de un pueblo que se le fue la quema de rastrojos de la mano, no podemos cerrar los ojos ante el daño provocado aunque socialmente no sea lo más adecuado».

Sobre las consecuencias accesorias de los incendios, como es el caso de que no se cambie la calificación del suelo afectado por un incendio en 30 años, como contempla la Ley de Montes, el magistrado considera que hay que ser firmes. «Si se ha prohibido hay que cumplirlo y de eso se tienen que encargar la administración, los jueces no tenemos recursos para vigilar que durante esos 30 años se cumpla», afirmó Zataraín, que considera además que «los políticos no pueden levantar las prohibiciones por mucho que digan en los pueblos que como consecuencias de esa prohibición van a perder las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC)».

Otra de las ponencias de ayer, la del técnico de la Policía Judicial de la Guardia Civil, Manuel Ramos, expuso ayer la necesidad de conocer la motivación que hay detrás de los incendios forestales para tratar de averiguar su autoría . Por eso destacó el trabajo del equipo de criminología de la Guardia Civil, con una base de datos de cerca de dos mil incendios, para establecer el perfil del incendiario, diferenciando el imprudente, el quema para obtener un beneficio y el considerado como pirómano, y que representa menos del 1% de los casos. Ramos destacó que en caso de incendiario imprudente hay que diferenciar el que «prende su huerto, se le va de las manos y avisa a los servicio de emergencia para sofocarlo, y el que prende, se le va de las manos y abandona tratando de ocultar su autoría».

 

3 Comentarios
03

Por bascalote 11:38 - 08.11.2017

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Buena medida

02

Por del Bierzo 10:57 - 08.11.2017

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Los montes y terrenos incendiados debieran de pasar automáticamente a propiedad del Estado, y el Estado antes de los cinco años los tenía que tener de nuevo en producción y, cedidos a los que les interese mantenerlos en producción, obligando a tenerlos limpios y, el que no lo haga así, en dos años debería el Estado a volver a intervenir en ellos, para que otra personas puedan beneficiarse de lo que produzca y, que los montes sean productivos y no solo pasto de las llamas

01

Por Riaño1954 10:28 - 08.11.2017

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Totalmente de acuerdo... no se puede cambiar la calificación de los terrenos en 30 años, y los politicos que no intenten cambiar las prohibiciones... eso es mas importante aún porque en los pueblos se sabe quien prende el monte.!

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