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TRIBUNALES ■ EL CASO DE LA PEREGRINA

Un indicador telemático activado por la orden de busca y captura a Muñoz Blas alertó de la operación en el cajero por la que cayó

La detención del acusado de matar a la peregrina Denise Thiem se ajustó a la legalidad, según la policía

DL | REDACCIÓN
20/03/2017

 

La detención en Grandas de Salime (Asturias) el 11 de septiembre de 2015 de Miguel Ángel Muñoz Blas, de 41 años, acusado de asesinar a la peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem, se ajustó en todo momento a la legalidad, según ha asegurado hoy el policía que dirigió el operativo del arresto.

Este agente, actualmente jefe de la Comisaría de Mieres (Asturias) y destinado en Luarca (Asturias) cuando se detuvo al acusado, ha testificado esta mañana en el juicio que se sigue en la Audiencia de León contra Muñoz Blas, quien supuestamente cometió el crimen el 5 de abril de 2015, el mismo día de la desaparición de la peregrina. Ha explicado que desde la Dirección del Cuerpo se les solicitó que se trasladasen a Grandas de Salime para proceder a la detención de una persona "extremadamente peligrosa" y que podría ir armada, aunque ha precisado que hasta después de practicado el arresto desconocían que se trataba del sospechoso de la muerte de la peregrina.

Este agente se dirigió desde Luarca a Grandas de Salime en compañía de un subordinado con la foto del sospechoso y una vez llegaron a la localidad del suroccidente asturiano, lo localizaron, con ayuda de un policía local, sentado en la terraza de un céntrico bar y procedieron a su detención. Ha indicado que fue reducido en una acción "sorpresiva", aunque no opuso resistencia, y trasladado al Ayuntamiento donde fue custodiado hasta la llegada de los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de los policías que estaban al frente de la investigación para tratar de esclarecer la desaparición de la peregrina.
Según ha explicado este testigo, nadie le tomó declaración ni se le permitió comunicarse con nadie durante el tiempo que fue custodiado en el Ayuntamiento.

También ha declarado esta mañana un policía local de Grandas de Salime, que fue la primera persona que localizó después de que se le alertase desde una entidad bancaria de su presencia en el pueblo cuando sacó dinero de un cajero.

Muñoz Blas había abandonado su domicilio en las proximidades de Astorga dos días antes y la Policía trataba de localizarle, por lo que se dictó orden de busca y captura, lo que provocó que un indicador telemático anunciase la operación bancaria que había realizado.

El resto de los policías que participaron en la detención han corroborado esta mañana ante el tribunal y el jurado la declaración del agente que dirigió la operación y han recalcado que se respetó en todo momento la legalidad y se siguieron los protocolos establecidos para este tipo de actuaciones de riesgo.

La defensa del acusado, que ejerce el letrado Vicente Prieto, ha incidido en que su cliente se sintió presionado tras su detención por el gran número de agentes que se concentró en Grandas de Salime tras su arresto, en lo que ha calificado como una operación desproporcionada. Igualmente, ha insistido en que su cliente en ningún momento huyó de su casa de León, como demuestra que se registró en el albergue de peregrinos de Grandas de Salime con su nombre y utilizó la tarjeta para realizar una operación bancaria. Ha sostenido que simplemente se había tomado unos días de vacaciones.

La defensa reclamó antes del inició del juicio la nulidad del procedimiento que se sigue contra Muñoz Blas en base a la anulación de pruebas por vulneración de derechos del acusado, pretensión que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Según planteó la defensa, la detención fue ilegal porque no había indicios suficientes y pidió sin éxito que se anulase todas las actuaciones posteriores. Argumentó que la detención no se produjo por los indicios existentes, sino por la presión internacional porque "un senador estadounidense llegó a interesarse por el caso y llamó a la Policía para urgir su resolución".

El abogado defensor pidió también que, si no se anulaba la causa al completo, se considerasen nulos el primer interrogatorio sin abogado, desde la detención en Asturias al momento en que contó con letrado siete horas después en León, y la localización de los lugares donde estuvo enterrada la víctima, cuyo cadáver fue trasladado tiempo después de su muerte.

 

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