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provincia ■ SALVAR LAS JUNTAS VECINALES

UPL exige un pacto nacional para derogar la norma sobre las pedanías

La falta de mayoría absoluta en el Congreso daría ventaja a un acuerdo entre partidos.

 

Sendino, Santos y Llorente, durante la rueda de prensa sobre las juntas vecinales. CAMPILLO / ICAL -

17/04/2018

A. Domingo | Redacción

El secretario general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, apeló ayer a los partidos con representación nacional para invalidar el Real Decreto 128/2008, que regula la figura de los que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, en lo que se refiere a la desaparición de la figura del vecino-secretario. «No vamos a permitir que los partidos con representación nacional presenten mociones en las administraciones leonesas ni en las Cortes cuando pueden tomar decisiones en la Administración central».

Santos señaló que en un Congreso de los Diputados y unas Cortes autonómicas sin mayorías absolutas «un acuerdo o un pacto» entre las fuerzas políticas —citó a Podemos, Izquierda Unida, Ciudadanos, PP, PSOE e IU— podría arreglar la situación de bloqueo administrativo que viven desde hace un mes las entidades locales menores (ELM) a consecuencia del decreto «si dejan de marear la perdiz». EL secretario de la UPL responsabilizará a estas fuerzas políticas de la desaparición de las pedanías si se produjera.

La formación leonesista presentará una proposición no de ley en las Cortes y mociones en la Diputación y en los Ayuntamientos exigiendo la pervivencia de las ELM.

UPL considera que la norma supone «el ataque casi definitivo a la viabilidad de las juntas vecinales y lo que representan en León», ante «la imposibilidad de los secretarios municipales» para asistir a las reuniones y dar fe de los acuerdos adoptados, en especial en los municipios con mayor número de pedanías. Recordó el anuncio del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de recurrir el decreto y preguntó al Gobierno central, la Junta y la Diputación provincial «qué van a hacer las juntas vecinales» hasta que se resuelva el recurso.

Luis Mariano Santos se mostró crítico con las declaraciones de la viceconsejera de Ordenación del Territorio, María de Diego, en las que destacó el escaso margen de maniobra que da a la Junta de Castilla y León una norma como esta, de ámbito estatal. «Si en vez de perder dos o tres años en procesos vacíos de ordenación territorial se hubieran preocupado de dar viabilidad a las juntas vecinales probablemente no estaríamos aquí».

Subrayó que el Gobierno autonómico no se puede escudar en falta de competencias, ya que el Estatuto de Autonomía «recoge claramente que la Junta tiene la obligación de velar por la entidades locales menores», razón por la que invitó al Ejecutivo de Herrera a «que no se lave las manos como Poncio Pilatos, que trabaje para que la regulación desaparezca o que procure los medios necesarios para que las juntas vecinales pervivan»



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