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El osario rojo de cuelgamuros

Leoneses en la fosa ciega de la democracia

Los osarios del Valle de los Caídos certifican restos de 20 leoneses pero las fosas de León escupieron más cuerpos con destino a Cuelgamuros

 

El Valle de los Caídos. - EFE

CRISTINA FANJUL
29/04/2018

Todos los nombres de filiación leonesa que hay en el Libro de Registros e Inhumaciones del Valle de los Caídos corresponden a fallecidos del bando franquista. Sin emabago, la cripta tiene más de 12.000 cuerpos sin identificar. ¿Quién es quién en el Valle?

No se sabe cuántos pueden ser, pero las organizaciones de Memoria Histórica defienden que hay miles de cuerpos sin identificar. De hecho, hay 12.410 cuya identidad se desconoce, aunque se cree que esos son precisamente los restos de los republicanos, restos que fueron trasladados sin informar de ello a los familiares. Cuenta Silvia Navarro, representante de la Asociación Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, que en septiembre de 2010 los familiares de la organización fueron invitados por José Luis Rodríguez Zapatero y María Teresa Fernández de la Vega a contemplar el estado de los osarios. «Los restos se encontraban mezclados porque las cajas habían colapsado», destaca y asegura que esto ocurre en todas las estancias de la cripta.Los republicanos están en el tercer nivel de la cripta.

En 1959, el régimen franquista comenzó el traslado de los ‘caídos en la Cruzada’ hacia Cuelgamuros, el gran panteón que los presos del régimen levantaron durante 18 años. El Ministerio de la Gobernación dio traslado a los Gobiernos civiles de todas las provincias con el fin de que investigaran qué ‘héroes y mártires’ podrían ser enterrados en su cripta. A continuación, comenzaron a exhumar a los rojos con el fin de que, como vendía la propaganda, el Valle de los caídos se convirtiera en un lugar ‘neutral’.

Silvia Navarro explica que esa es la razón por la cual los Libros de Registro e Inhumaciones de Cuelgamuros tan sólo certifican la existencia en la cripta de veinte leoneses. Ni rastro de muertos republicanos. «Suele ocurrir con estos represaliados. Sus familiares no saben que están en el Valle de los Caídos porque proceden de fosas comunes y sus familias no fueron ni avisadas ni sus permisos, recabados para realizar tales traslados». Silvia Navarro añade que la única manera de comprobar si hay restos del bando de los vencidos en Cuelgamuros es ir ayuntamiento por ayuntamiento. «Tendríamos que pedir los registros de entrada y salida de correspondencia para establecer si hubo más traslados de personas sin identificar», advierte, y precisa que éste era el procedimiento que el Estado seguía con el Gobierno de la Gobernación para publicar las fosas o personas que podían ser trasladadas.

Así que, de momento, tenemos veinte, veinte cuerpos sacados desde León con destino a ocupar los sótanos presididos por las tumbas de Franco y José Antonio Primo de Rivera, veinte cuerpos entre casi 34.000, 33.833 cadáveres para ser precisos, que forjan la mayor fosa común de España.

Resulta complicado conocer la filiación no sólo política sino incluso territorial de los hombres que se ocultan tras estos nombres, pero algunas de las fichas del Gobierno Civil a las que ha tenido acceso Diario de León ayudan a clarificar la realidad. Y es que, a pesar de que apenas han pasado sesenta años —el traslado de los cuerpos comenzó en 1958— el tiempo de la censura ha teñido la verdad hasta hacerla casi ininteligible.

Sin noticias de rojos

Destaca el historiador Secundino Serrano que en los archivos informatizados que posee no aparecen leoneses anotados y que en el listado de víctimas documentadas en el Bierzo, de la ARMH, aparece un Ildefonso Álvarez Díaz, muerto el 20 de septiembre de 1938 a causa de hemorragia cerebral traumática. Sin embargo, queda excluido puesto que está enterrado en Torre del Bierzo. «Para completar el proceso accedí al Archivo Pares, del Ministerio de Cultura, donde existe una sección de fichas sobre víctimas de la Guerra Civil, de los dos bandos, y únicamente coincide un tal Francisco Espino Pérez, que seguramente es republicano porque está ubicado en el fichero general de la sección político-social, de lo que se deduce su condición política. El problema es que no figura su lugar de nacimiento ni nota alguna que lo identifique geográficamente», añade. Por esa razón, el experto concluye que, como hipótesis de trabajo, se podría deducir que la mayor parte pertenecen al bando sublevado.

Los veinte nombres que aparecen en las fichas del Valle de los caídos son los de Enrique de Celis Díez, Ramón Mosquera Pal, Miguel Vázquez Pousada, Julio García Rouco, Antonio Cortiña Otero, José Pernas Reigosa, Ildefonso Álvarez Díez, José González López, Manuel Menéndez González, Raimundo Vilar Lombardero, Laureano Prado Pérez. Mateo Sánchez Tejerina, Francisco Espino Pérez, Daniel Avelaira Castro, Jaime Álvarez Fernández, José Berrocal Carlier, Licinio Pérez Martínez, Eduardo Fierro Prieto, Valentín Porras González y Juan Sancho Burriel.

El primero de los papeles data del 9 de julio de 1959. Es la prueba escrita del traslado de un cuerpo al mausoleo franquista y en él consta el gasto que supuso para el régimen la exhumación y el enterramiento de los cuerpos. No hay que olvidar que el franquismo no escatimó gastos para el gran panteón y las cifras que se manejan se acercan a los cinco mil millones de pesetas. En este caso, se detalla que el coste ascendió a 14.265 pesetas, si bien no se precisa cuántos cadáveres se movieron ni dónde tuvieron lugar las extracciones: «El Consejo de las Obras de dicho Monumento Nacional en oficio de fecha 22 de junio número 392258 a cargo del Banco Hispano Americano por valor de 4.699,36 pesetas, importe, según se dice en la comunicación citada de los gastos ocasionados con motivo del traslado de dichos restos». El gobernador civil solicita que se gestione el envío de la diferencia habida entre los gastos justificados (14.265 pesetas) y el envío efectuado. «La cantidad resultante a favor de este Gobierno Civil es de 9.565 pesetas».





Héctor y Rosal Gil Rodríguez, nietos de Pedro Gil Calonge, caído en el bando franquista durante la Guerra Civil, posan en la entrada del Valle de los Caídos, donde Patrimonio Nacional les ha impedido entrar para presenciar los trabajos de los técnicos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, previos a la exhumación de cuatro cadáveres. PAOLO AGUILAR
Silvia Navarro, representante de la Asociación Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos. . PAOLO AGUILAR
El abogado de los familiares, Eduardo Ranz. PACO CAMPOS

Uno de los documentos más interesantes es el referido al traslado de la mayoría de los ‘caídos’ y reza ‘Relación de localidades de esta provincia donde se hallan enterrados héroes y mártires de la cruzada’. El gobernador civil ofrece un mapa en el que pueden verse los cementerios en los que están enterrados los «héroes y mártires» cuya autorización familiar se ha obtenido para el traslado al Valle de los Caídos: «Se tiene conocimiento de que en el Cementerio de León se enterraron 21 soldados de Infantería, doce de Aviación, uno de la Guardia Civil, uno de la Policía Armada, 55 de F.E.T, seis de armas varias respecto de los cuales, en su mayor parte, no se ha tenido noticias de que los familiares autoricen el traslado. Lo mismo sucede con los enterrados en el cementerio de Miñera, pueblo que desapareció a consecuencia del Pantano de los barrios de Luna, y los restos mortales se trasladaron al lugar habilitado al efecto, donde hay un total de trece, y según me comunica el sr alcalde del municipio sería muy difícil su identificación.

Los cadáveres fueron exhumados de los cementerios de León, Navatejera, Sabero, Codornillos y La Uña, Astorga, Boñar, Torre del Bierzo y Valdelugueros.

Héroes en una fosa común

Uno de los documentos a los que ha tenido acceso Diario de León hace referencia a un grupo de cuerpos que no pudieron ser trasladados al Valle de los Caídos en cajas individuales puesto que, según asegura el gobernador civil en su misiva, de 3 de abril de 1959, «sus restos mortales se hallaban juntos en una sola caja y fue necesario recogerlos en una colectiva». Se trata de José Berrocal Carlier, Licinio Pérez Martínez, Eduardo Fierro Prieto y Valentín Porres González. Según ha podido saber este periódico, formaban parte del Regimiento de Infantería de Burgos número 31 y desaparecieron en la batalla de Somiedo los días 27 y 28 de octibre de 1936.

Lo mismo ocurrió con Juan Sancho Burriel: «Dado el estado de conservación en que se encontraba y siendo imposible recogerlo en una caja pequeña, se utilizó una colectiva con sus restos únicamente».

Los documentos arrojan información acerca de dos de los traslados. Se trata de José Yacoma Pulgar y Luis González Pérez. El 10 de noviembre de 19612, el gobernador escribe al Ministerio de la Gobernación una carta en la que da cuenta de la petición de Blanca Yacoma de Álvarez de que los restos de su hermano sean trasladados a la «Cripta Nacional del Valle de los caídos». En la documentación se explica que el finado está enterrado en el cementerio de San Andrés del Rabanedo y falleció el doce de diciembre de 1942 a causa de una lesión pulmonar contraída en el frente de Oviedo «durante la Guerra de Liberación».

Además, también explica que Yacoma Pulgar había ostentado el cargo de juez militar de Málaga en el momento de su fallecimiento y era alférez provisional. Un año después, una carta del Ministerio alerta al Gobierno Civil de la necesidad de hacer constar la hija clínica o certificado del médico del Ejército que realizó la asistencia del enfermo.

El 8 de agosto de 1960, los padres de Luis González Pérez, Basilio González y Esperanza Pérez, vecinos de Villarejo de Órbigo, solicitan que los restos de su hijo sean trasladados a Cuelgamuros. El soldado murió, según aseguran, «a consecuencia de enfermedad contraída en el frente de batalla el 1 de mayo de 1939 estando en aquella fecha aún militarizado y concentrado en Manzanares».

Comienzan las exhumaciones

Aunque los trabajos de campo comenzaron en 2016, las exhumaciones no han comenzado hasta esta semana. Y eso, a pesar de la sentencia judicial que determinó el derecho de la familia de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña (Villarroya de la Sierra, Zaragoza), fusilados en 1936 por el bando nacional. Este proceso de exhumaciones también incluye a los restos de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno, ambos del bando nacional, aunque en estos casos no hay sentencia judicial, sino por una resolución de Patrimonio Nacional. Cuando los forenses accedan a la ubicación, analizarán si para exhumar los restos de los hermanos hay que mover algunos de los cuerpos que están en la zona. En el caso de que los restos óseos se hayan convertido en un osario, los familiares deberán abrir un nuevo procedimiento administrativo en el cual el juez tiene que pronunciarse sobre «si hay derechos de terceros afectados», que podría incluir hasta pruebas de ADN para ello.

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