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Puigdemont: tramo final

 

Antonio Casado
14/01/2018

A Carles Puigdemont se le agota la sobredosis de adrenalina que obtuvo en las urnas del 21-D. Lo vemos en tres señales. Una, los informes jurídicos sobre su investidura a distancia. Dos, la opinión de Junqueras. Y tres, los desmarques de sus principales costaleros en el imposible objetivo de reponer en la Generalitat al presidente «legítimo».

Respecto a una eventual investidura telemática o por persona interpuesta, el dictamen de los expertos es inequívoco. La presencia física del candidato es imprescindible. El reglamento no prohíbe una investidura a distancia o delegada por la misma razón que tampoco las normas deportivas prohíben que en una final de 100 metros un atleta finalista compita por persona interpuesta. Véase la tontería y el sinsentido de la polémica.

Que el subidón empieza a remitir en la ínsula barataria de Puigdemont se aprecia también en los argumentos usados por su socio político, Oriol Junqueras, que ha pedido al juez permiso carcelario para asistir a la sesión constitutiva del Parlament y a la de investidura porque, «según el reglamento», los diputados «deben asistir presencialmente a los debates y votaciones», por ser «insustituibles» y porque su voto es «indelegable». El recado a Puigdemont no puede ser más claro.

La tercera pista sobre el acelerado camino del expresident hacia la irrelevancia, en la cárcel o en el destierro voluntario, es la cadena de deserciones en el fracturado bloque separatista. Las muestras de sometimiento a la legalidad se multiplican entre quienes un día desafiaron al Estado desde sus puestos de responsabilidad y hoy están en prisión, en libertad provisional o empapelados en las distintas causas judiciales abiertas. Tres de los cuatro de Estremera —todos menos Junqueras— han pedido la excarcelación porque no piensan repetir las conductas presuntamente delictivas que les llevaron a la cárcel) Los citados Forn y Sánchez, y quien agitó el activismo desde Omnium Cultural, Jordi Cuixart, han reconocido ante el juez que el referéndum no tuvo efectos legales. En resumen, que el poder del Estado se siente cada vez más sólido y el ‘procès’, cada vez más gaseoso.