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La cara B del trabajo en la cárcel

Condiciones esclavistas y abandono de las víctimas. La Constitución establece que los presos tienen derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social. Sin embargo, asociaciones de víctimas y sindicatos alertan de los ‘cabos sueltos’ que deja la gestión del empleo de los internos


15/01/2017

 

cristina fanjul | león

Entre 45 y 50 internos de Villahierro trabajan para empresas externas, cinco en total, dedicadas a los sectores del telemarketing, fabricación de plásticos, cartones y metal. Además, otros 220 lo hacen en los talleres auxiliares de la cárcel, en los que desarrollan labores en las cocinas, economato, reparto de alimentos, mantenimiento y limpieza, lavandería y panadería. Trabajan por horas, reciben un salario por su trabajo y cotizan a la Seguridad Social. Fuentes de toda solvencia explican que la cantidad que perciben es muy variable, puesto que algunos de ellos trabajan pocas horas. «Suelen percibir entre 100 y 300 euros», destacan las mismas fuentes, que revelan además que las nóminas de los presos se pagan a través de la Entidad estatal de derecho público, trabajo penitenciario y formación para el empleo. Diario de León solicitó hace meses todos los datos a Instituciones Penitenciarias, sin obtener respuesta.

Sin poner en cuestión los beneficios que el trabajo tiene para facilitar la integración de los reclusos en la sociedad una vez que hayan cumplido su condena, este reportaje pone el foco sobre la manera de gestionar este proceso, sobre la otra cara de la moneda.

Los abogados Jaime de la Hera Cañibano y Gema Pérez Rabadán llevan años defendiendo a víctimas de violadores. Aseguran que el sistema deja sin recursos a estas mujeres, en muchas ocasiones niñas y ancianas, así como a sus familias. «La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el salario mínimo es inembargable, salvo que el agresor, de manera voluntaria, quiera resarcir a las víctimas», destacan. Jaime de la Hera añade que, a lo largo de su carrera profesional, este extremo sólo se ha producido en los casos en los que el condenado quería conseguir algún tipo de beneficio penitenciario. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el condenado no repara a sus víctimas. Uno de los casos más recientes es el del violador de una menor con discapacidad que fue condenado a siete años y un día de cárcel. Este violador tiene que pagar a la víctima 6.000 euros pero de momento ésta no ha cobrado nada, y eso que él recibe una pensión de 800 euros al mes. «Se pidió a la Audiencia de León que se le embargara una parte para pagar a la víctima, pero nos lo denegaron porque ya tenía una retención de 50 euros», destaca Gema Pérez Rabadán.

El caso de Andrés Mayo, tristemente conocido como el violador del chándal, es uno de los casos que mejor ejemplifican la cara B del trabajo de los reclusos. Destacan los abogados que se le embargó un Citröen Dyane 6 que nunca se sacó a subasta. Hay que recordar que este agresor fue condenado en 1991 por la Audiencia Provincial de León a 106 años de prisión por cuatro violaciones y siete más en grado de tentativa perpetradas entre 1989 y 1990 en León y Asturias. Cumplió doce por «buena conducta». Dieciocho años después, en 2009, Andrés Mayo volvía a ser condenado, esta vez a 73 años, por cuatro violaciones, dos agresiones sexuales, otras dos más en grado de tentativa, un delito contra la integridad moral y varios robos con violencia cometidos en La Coruña entre el 2006 y el 2007. «Trabajaba en prisión y ninguna de sus víctimas recibió nunca nada», lamentan los abogados, que también exponen el caso del hombre que violó a más de cinco ancianas en León, alguna de las cuales estuvo a punto de morir a causa de la brutalidad de la agresión. «Sólo por uno de los casos, le condenaron a resarcir a la víctima con 30.000 euros, pero hasta ahora...»

Otra de las quejas de estos profesionales se refiere al hecho de que una vez que no hay manera de saber el momento en que estos agresores salen de prisión. «La ley no prevé que se comunique a la víctima ni que ya está en libertad ni si tiene nómina, con lo que éstas no pueden siquiera tomar medidas para protegerse y, mucho menos, pedir a su abogado que reclame la indemnización», denuncian. Además, evidencian su malestar ante el hecho de que la deuda prescriba a los quince años. «Tenemos a una niña discapacitada de una familia monoparental que fue violada en su camino hacia el colegio. La madre, que además es una mujer inmigrante, ha tenido que abandonar el trabajo por el miedo cerval de esta niña a estar sola. Pues bien, no reciben nada del agresor»...

‘Dumping’ salarial

Las víctimas son uno de los ‘cabos sueltos’ que la ley no ha previsto, pero hay más. Lo denuncian los sindicatos y hace referencia al ‘dumping’ salarial provocado por el trabajo en la cárcel. En la actualidad, hay suscritos 130 compromisos de colaboración con empresas de los diferentes sectores productivos, que dan ocupación a un promedio de 3.500 reclusos. Los responsables de Comisiones Obreras denuncian lo que consideran una «reversión» en el concepto de trabajo remunerado: «Creemos que el cambio jurídico de Organismo Autónomo a Entidad estatal viene a reforzar el carácter mercantilista que la administración quiere dar al trabajo remunerado en prisiones y convertir las mismas en un nicho de negocio para las diferentes empresas y la propia Entidad estatal de derecho público», manifiestan.

Una de las empresas que trabajan con los internos de Villahierro se dedica al sector del telemarketing. Su director destaca que no saben los delitos por los que han sido condenados los internos que trabajan para ellos porque, destaca, vulneraría su derecho a la intimidad. «Nosotros hemos trabajado con Proyecto Hombre desde el punto de vista de la integración», subraya el empresario, que añade que para llegar a trabajar con ellos los presos han tenido que superar numerosas pruebas. En cualquier caso, explica que los internos de Villahierro entran a trabajar en las mismas condiciones que el resto y, asegura, se les paga directamente a ellos. El director de esta empresa admite que el perfil del colectivo no lo tiene fácil en un actividad laboral de este tipo. Por su propia experiencia sostiene que la rotación es alta. «Nosotros hemos desarrollado dos proyectos con cuatro personas en cada uno de ellos. En ambos casos, pasado un mes, tan sólo seguían dos de ellos y unos meses más tarde, ninguno trabajaba ya en nuestras instalaciones», asegura.

Trabajo «esclavista»

Comisiones Obreras considera que la gestión del trabajo de los reclusos es un caso claro de dumping social, «de competencia desleal inasumible dentro del marco jurídico actual». Defienden que el sistema ha supuesto una precarización de las condiciones de los trabajadores, que se ven obligados a competir con las empresas instaladas en los centros penitenciarios. «Se han dado incluso casos donde las empresas que trabajan en prisiones, mientras contrataban internos a costes muy bajos, llevaban a cabo expedientes de regulación de empleo con los trabajadores fuera de prisión. Fuentes consultadas por Diario de León aseguran que la presión sindical acabó con esta situación, que en la actualidad ha sido prohibida por ley.

Otro de los extremos criticados por Comisiones Obreras es que a los presos no se les aplica el salario establecido en los convenios colectivos de cada sector de actividad, ni tampoco el salario mínimo interprofesional. Lo explican en el hecho de que éste no tiene consideración de un mínimo absoluto sino como cuantía de referencia modulada en función de las horas trabajadas y el rendimiento laboral obtenido. «Es decir, el salario por el trabajo remunerado en la mayoría de las ocasiones está muy por debajo del salario mínimo interprofesional». El sindicato afirma que el trabajo remunerado, con la excepción del que se realiza a producción —que suele tener un mayor salario y que cuantitativamente es menos relevante— se determina anualmente por el Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE), mediante una cuantificación por hora.

Según los datos de CC OO, en 2015 la hora del grupo I estaba en 2,59 euros (economato y actividades auxiliares); el grupo II, entre 3,66 ó 4,39 euros, según si el cargo ocupado era operario base o superior; y el grupo III, recibía entre 3,77 ó 4,51 euros. «No hay ningún argumento jurídico que posibilite o que faculte dicha explotación, todo lo contrario», denuncian y advierten de que se trata de un claro caso de discriminación. Además, subrayan que estos sueldos tienen un efecto de «precarización» sobre los trabajadores que no están privados de libertad y trabajan para la misma empresa. «Estos salarios miserables acabarán deteriorando las condiciones de los trabajadores con las que comparten su trabajo», lamentan.

 

2 Comentarios
02

Por S.O.S..ESPAÑA. 11:35 - 15.01.2017

¡ Qué se va esperar de un País gobernado por delincuentes y corruptos!. Unos gobiernos que instalaban piscinas y tv de plasma en las prisiones, mientras había colegios públicos y hospitales con necesidades básicas urgentes.¡ Así seguimos !. ¡¡¡ ASÍ NOS VA !!!.

01

Por hayedo 11:13 - 15.01.2017

Lo que en el caso de los trabajos referentes a los reclusos o personas trabajando en libertad carece, sin duda, de valor alguno y todos sabemos el por qué. Lo suyo hace mucho tiempo que de4sconectó con el mundo del trabajo y se limitan a recibir una sustanciosa cantidad todos los meses por un trab ajo que no hacen o no sirve de nada. También quiero hacer notar cómo se ha podido regular una Ley para que reciban su vergonzosso del dinero de un pueblo al que han vilentado en muuuuchas ocasiones. Lo normal es que cobren de las cuotas de sus afiliados y no de mis imouestos, que soy jubilado y en mi vida laboral no tuve nunca su apoyo. Por tanto, ¡¡CON MIS IMPUESTOS NO. ELIMINACIÓN DE LOS SINDICATOS en su forma actual por ser una rémora para la economía de este país en el que nadie sabemos a qué dedican su tiempo; lo único que sabemos es que están missing. Enh cuanto al trabajo de los internos en los Centros Penitenciarios su principal fnalidad es la reinserción en la sociedad, teniendo conocimientos de algunos tipos de trabajo, de vivir una vida disciplinada y en orden. Pero, de todos es conocido que sus familiares fundamentalmente levantan todo tipo de desinformación haciendo ver que son las víctimas de un sistema Penitenciario que les priva de libertad cuando, en realidad, quien les ha privado de ese derecho es un juez. Que alguien que sea más inteligente que yo me diga en cuanto valora el tratmiento penitenciario. ¡¡IMPAGABLES LOS ESFUERZOS de la ADMINISTRACIÓN!!. Es muy difícil convencer a una empresa para que traslade a estos sitios su actividad. Uds. lo comprenderán fácilmente.

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