+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario de Diario de León:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 

Las carpetas con el nombre de los encausados

 

Las carpetas con el nombre de los encausados -

Las carpetas con el nombre de los encausados -

14/06/2018

El decano de los jueces, Luis Alberto Gómez, advierte de que en el caso de la magistratura hay que hacer una diferencia entre los datos de carácter jurisdiccional, que son los que se incorporan a un procedimiento, y los no jurisdiccionales. En el primer caso, la protección de datos está regulada por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, el decano explica que el presidente del Consejo firmó un convenio de colaboración con la Inspección Judicial en materia de custodia y protección de datos. «En el caso de que haya sospechas de que haya habido una vulneración de datos, los inspectores del CGPJ actuarían», enfatiza Luis Alberto Gómez. Es decir, si existieran indicios suficientes que determinaran la apertura de un expediente por la posible participación de un miembro de la Carrera Judicial en la infracción de la normativa de protección de datos, la incoación y tramitación del mismo corresponderá en exclusiva al CGPJ. Son los datos no jurisdiccionales (los que se corresponden con el tratamiento de datos de carácter personal que se realiza dentro de la gestión de la Oficina Judicial) los que están sometidos a la Ley de Protección de Datos.

En cuanto a los datos que se cruzan a través de Lexnet, la plataforma de comunicación digital entre los abogados y los Juzgados, Luis Alberto Gómez explica que el responsable es el Ministerio de Justicia. «Es este órgano el que debe velar para que los datos estén protegidos, el único competente y, por tanto, el responsable», manifiesta el decano de los jueces, que añade que el único caso en el que jueces, magistrados o letrados de Justicia tendrían responsabilidad sería la cesión de datos a terceros, «es decir _infiere el magistrado_ en el caso de actos individuales que vulnerasen la ley».

La abogada Laura Frá, responsable de Nuevas Tecnologías del Colegio de Abogados, deja claro que el reglamento no supondrá un gran cambio para los abogados, ni siquiera de mentalidad. «Desde los inicios de nuestra profesión se nos insiste en nuestra obligaciones deontológicas, y en concreto en el deber de guardar secreto profesional», explica. Frá advierte de que hay dos normas nuevas a tener en cuenta. En primer lugar, la obligación de fijar un plazo durante el cual se van a mantener dichos datos e informar de que pasado ese plazo los datos se van a destruir. Además, la destrucción de los datos, incluidos los digitales, deberá realizarse con una serie de garantías que certifiquen que esos datos se han destruido. Otra cuestión novedosa es la obligación de anonimizar los expedientes. «Se acabó ir al juzgado con la carpeta de nuestro despacho con los datos de nuestros clientes escritos en la portada», enfatiza.

Laura Frá, una de las abogadas leonesas especializadas en ciberseguridad, hace hincapié en un matiz que rara vez se tiene en cuenta: «Después del sector de la salud, considero que los que nos movemos en el mundo del Derecho somos los que manejamos datos más sensibles, o incluso más que los profesionales del sector sanitario, puesto que cuando hablamos de derecho y libertades de las persona, hablamos de sus datos médicos, económicos, patrimoniales, circunstancias personales, ideológicas o sexuales». Es decir, podría decirse que, antes o después, la información más íntima y sensible del día a día e los ciudadanos pasa por el Juzgado, a pesar de que para muchos operadores jurídicos no se vea más que un número plasmado en un expediente. Respecto a este extremo, la letrada también tiene algo que decir.

Y es que, y a tenor de la falta de medios económico de la administración, explica que de las mesas de los funcionarios no han desaparecido los expediente con los nombres de los encausados y el motivo por el cual tienen abierto el expediente. «Es de suponer que la Agencia Estatal de Protección de Datos tenga algo que decir a este respecto, sobre todo teniendo en cuenta, que el reglamento entró en vigor hace dos años, a pesar de que su aplicación quedase pospuesta hasta hace una semana», advierte.

Por último, avisa de la necesidad de enviar los correos electrónicos de forma cifrada, puesto que se trata de la única manera que hay de garantizar que durante el envío no se ha sufrido un accidente de seguridad informático. La abogada recomienda a sus colegas que el envío de los correos electrónicos se realice con la firma, sobre todo cuando se envían archivos que contienen datos de especial protección.

Noticias relacionadas

Buscar tiempo en otra localidad