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Las centrales crean sus depósitos sin esperar al gran cementerio nuclear

El bloqueo del almacén de Villar de Cañas lleva a casi todas las plantas a abrir espacio para sus residuos. La instalación de Almaraz crea un conflicto diplomático con Portugal, que ha planteado una queja ante Bruselas

MANUEL VILASERÓ
22/01/2017

 

España sigue sin resolver dónde almacenar los residuos nucleares. Cada nueva decisión que se toma complica aún más la solución final. El bloqueo de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) está provocando una situación paradójica: casi todas las centrales se han visto obligadas a construir almacenes en sus propias instalaciones, lo que cuestiona la razón de ser del propio ATC. Si la centrales cierran al final de la vida útil para la que están programadas, es decir, a los 40 años, ya no sería necesario. Con los depósitos bastaría.

El cementerio nuclear debía empezar a funcionar este año pero ni siquiera se han podido iniciar las obras. Una de las primeras decisiones de la primera legislatura de Mariano Rajoy fue emplazar el ATC en Villar de Cañas. No era ni de lejos el lugar preferido por los técnicos, pero la apuesta decidida de la entonces presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, inclinó la balanza.

La inestabilidad de los terrenos escogidos, fruto de una decisión precipitada, ha obligado a modificar el proyecto causando un retraso que ha sido aprovechado por el PSOE para bloquearlo. El sucesor de Cospedal al frente la Junta, Emiliano García Page, amplió en 2015 la reserva natural de la Laguna del Hito a un área que incluye los terrenos donde debe levantarse el silo. Desde entonces no se ha podido mover ni una piedra.


CONFLICTO FRONTERIZO

La salida lógica a esta situación es que cada central tenga su propio almacén. Y así se está haciendo. El pasado diciembre el Consejo de Ministros autorizó a la planta de Almaraz (Cáceres) a construir su propio Almacén Temporal Individualizado (ATI). La central tiene dos reactores. Las piscinas de combustible de ambos se hallan cerca del 90% de su capacidad y el año próximo podría empezar a llenarse.

La decisión tampoco no es inocua. Ha provocado que el Gobierno portugués haya formulado una queja ante la Comisión Europea porque cree que España ha autorizado la instalación sin el preceptivo informe de impacto ambiental transfronterizo. El Gobierno español niega la mayor y ha dejado en manos de Bruselas la resolución del conflicto, que podría llegar incluso a paralizar la construcción del ATI.

Cofrentes (Valencia) será la siguiente en dar el paso. Sus responsables  han anunciado que preparan la petición de licencia al Gobierno.

La central de Ascó cuenta con su propio depósito desde el 2013,Trillo (Guadalajara) desde el 2002 y en Garoña (Burgos) ya está en fase de construcción porque será necesario tanto si reabre como si se acaba desmantelando.

Sólo Vandellós II se está quedando al margen. Por el momento, lo único que estudia es “una reconfiguración de los bastidores de la piscina para que puedan alojar más combustible”, según ha manifestado un portavoz de la Asociación Nuclear Ascó Vandellós II (ANAV), propietaria de la instalación. Es una operación que ya se ha llevado a cabo en otras plantas y que le permite ganar tiempo mientras se despeja el futuro del cementerio sin incurrir en nuevos costes.

El experto en energía nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, cree que en un horizonte razonable de cierre de las centrales el cementerio de Villar de Cañas pierde ya todo el sentido porque su función la pueden asumir perfectamente los ATI. Como su nombre indica, el ATC, ni siquiera debía ser el emplazamiento definitivo de los residuos. Está proyectado para durar sesenta años, mientras se encuentra una solución más a largo plazo, para los miles de años de actividad que mantiene la basura nuclear una vez el combustible se ha gastado.


SENTENCIA DEL SUPREMO

Otra cuestión es que el PP quiera imponer el alargamiento de la vida de las nucleares más allá de los 40 años. En esa clave hay que leer el empeño del Gobierno en seguir adelante con el ATC. Pero no le va ser fácil salir del pantano jurídico y competencial que le enfrenta con la Junta de Castilla-La Mancha.

El pasado jueves, el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente la ampliación de la zona de protección natural que afecta al silo nuclear en un auto en el que establece que “la seguridad nuclear debe prevalecer” frente a los intereses medioambientales.

Los efectos prácticos de la decisión son limitados porque se trata solo de una resolución provisional hasta que se resuelva el fondo del asunto y porque el Ejecutivo de Garcia Page también paralizó el plan urbanístico de Villar de Cañas que incluía el silo.

 

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