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Condenados los miembros de una red que sustraían datos personales de bases oficiales

En la trama están implicados varios funcionarios y, al menos, una instermediaria

 

La policía efectúa un registro en mayo del 2012, en el transcurso de la Operación Pitiusas. - EL PERIÓDICO

J. G. Albalat
12/06/2018

Sustraían datos de bases oficiales se los entregaban a detectives privados. En mayo del 2012, la Policía Nacional desarticulaba una red que se dedicaba al comercio de información confidencial a gran escala en toda España. La Audiencia de Barcelona ha dictado este martes la primera sentencia de la llamada  Operación Pitiusa. El tribunal ha condenado a tres funcionarios y a a una intermediaria  a penas que oscilan entre los 11 y los 37 años y seis meses de prisión. La persona que se encargaba de recopilar la mayoría de los datos ha fallecido. Siete imputados han sido absueltos.

La sentencia declara probado que Juan Antonio R., que murió en el 2014, contactó con el ahora condenado Fernando M. I, funcionario del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Vizcaya, al que le solicitó a partir de junio del 2006 información de varias personas  residentes en el País Vasco, desde datos tributarios,  activos financieros, compra venta de vehículos y datos del catastro, situación laboral, cuentas bancarias y domicilios.

Juan Antonio R. también recibió información de forma directa o indirecta sustraída de bases de datos oficiales por Francisco Javier A. H., funcionario del Cuerpo Técnico de Hacienda, y Felipe M. P, del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal Tributaria. En la trama aparece implicado un María del Carmen A., que actuó como intermediaria en la distribución de datos personales a diferentes personas y a la que se le ha impuesto la pena mayor: 37 años y seis meses de cárcel. Los magistrados señalan en la resolución que no ha quedado acreditado que los investigados recibieron remuneración alguna por esta labor. El problema es que el principal implicado está muerto y no ha podido declarar en el juicio.

La fiscalía, que pedía penas mayores para los implicados, consideraba que había una "red estructurada" a nivel Estatal y también incluía en la red a un guardia civil y a otras personas, pero la mayoría han sido ahora exculpados. Están pendientes que se resuelvan otros procesos judiciales vinculados a la misma operación.

   
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