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El copago: una medida que afectó el doble a los pensionistas que a los trabajadores en activo

El gasto farmacéutico ya supera al del 2012, el año en que se aplicó el recorte

MANUEL VILASERÓ
10/01/2017

 

“La austeridad en el gasto público, imprescindible en todo momento, ha devenido un objetivo inaplazable”. Así justificaba el Gobierno el decreto de abril del 2012 que estableció el nuevo sistema de copago farmacéutico por tramos de renta, tanto para los jubilados como para los activos. Casi cinco años después, no hay acuerdo entre los especialistas sobre la efectividad económica de la medida ni ningún estudio sobre qué impacto ha tenido en la salud de quienes se han visto obligados a renunciar a la compra de los fármacos por falta de dinero.

 
El gasto farmacéutico se redujo claramente al principio, también por la suma de otras medidas, como el recorte de la lista de los medicamentos subvencionados, pero desde el 2014 volvió a crecer hasta que el año pasado ha superado claramente a del 2012. El acumulado del pasado mes de noviembre llegó a 9.895 millones de euros, cuando el mismo dato en el 2012 era de 9.057. En el 2013 llegó a bajar por debajo de 9.000 millones. ¿Volver a moderar el gasto es el objetivo de la revisión propuesta por la ministra de Sanidad? Si es así, sería una motivación oculta, porque la ministra solo ha utilizado el argumento de la equidad, que "quien tenga más pague más".

TRES TRAMOS


El decreto impuesto por la cómoda mayoría absoluta de la que disfrutaba el PP estableció un sistema por el que los trabajadores activos contribuyen al 40% del coste del medicamento si disponen de una renta de hasta 18.000 euros, un 59% para los de hasta 100.000y un 60% a partir de esa cifra.

Los pensionistas de hasta 18.000 euros pagan el 10% del precio marcado con un tope de 8 euros mensuales; de 18.001 a 100.000también pagan el 10% pero con un tope 18 euros y los de más de100.000, que pagan el 60% de lo recetado, tienen un tope de 60 euros mensuales.

La primera vez que lanzó su propuesta, la ministra de Sanidad no precisó en el Congreso si la revisión del sistema afectaría a los jubilados, a los activos o a ambos. En las últimas declaraciones solo se ha referido a los jubilados.

LOS PENSIONISTAS REDUJERON EL DOBLE SU CONSUMO


Un estudio del 2014 de las universidades Pompeu Fabra y de Las Palmas sobre el efecto del decreto del 2012 en medicamentos para enfermedades crónicas (diabéticos, antitrombóticos y de obstrucción respiratoria) concluyó que el consumo de dosis diarias de estas medicinas cayó nada más aplicarse la norma. La rebaja se fue moderando desde los seis primeros meses de la nueva legislación hasta los cuatro años posteriores.

El mismo informe, ‘Copagos Sanitarios. Revisión de experiencias internacionales y propuesta de diseño’, elaborado para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), destacaba que, pese a la existencia de los topes máximos, a quienes más había afectado la medida era a los pensionistas. Mientras estos habrían reducido su consumo un 6,8%, los activos lo habían hecho un 3,2%. Pero también añadía que con el paso del tiempo el efecto se ha ido diluyendo en ambos colectivos.

Otros estudios han calculado que alrededor de un 20% de los pensionistas han renunciado a algún medicamento recetado para no pagarlo. Nadie ha evaluado qué impacto ha tenido en su salud. Algunos expertos afirman que eso demuestra que muchos reciben fármacos de más, y que no les pasa nada por renunciar a ellos, pero sin ninguna evidencia empírica de ello.

EXPERIMENTO VALENCIANO


La Generalitat valenciana decidió en el 2015 anular parcialmente los efectos prácticos de la norma. Destinó una partida del presupuesto regional para subvencionar el copago de jubilados con ingresos menores a 1.000 euros mensuales. La Consellería de Sanitat aseguró, en un primer balance, que el abandono de medicamentos cayó un 24% en tres meses: 14.000 personas menos dejaron de adquirir los fármacos indicados para sus dolencias.

 

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