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LEÓN ■ EL DINERO DEL PODER

Dinero en la sombra en León: más allá de las 'black'

A pesar de que la llegada de la recesión apagó en parte la ‘alegría’ con la que el poder gastaba el dinero del contribuyente, la transparencia sigue siendo en la mayoría de los casos una asignatura pendiente en las entidades que gestionan dinero público

CRISTINA FANJUL | LEÓN
14/01/2018

 

En 1996 gana las elecciones José María Aznar y un año después los fondos de cohesión comienzan a regar España de millones. «Los fondos europeos hicieron que se concedieran subvenciones a diestro y siniestro. Se generó una cultura de que el dinero había que gastarlo. No importaba demasiado en qué». Gabriel Menéndez Rubiera, interventor del Ayuntamiento de León, siete años en el cargo, se refiere de esta manera al comienzo de una época en España en la que palabras como tarjeta ‘de empresa’, gastos de representación o dietas comenzaron a ser de uso común. La caída de la burbuja llega con el derrumbe de las cajas de ahorro. Las tarjetas black se convierten en la metáfora de un sistema que opera de espaldas al ciudadano. A día de hoy, y a pesar de todo, son pocas las administraciones que publican en su portal de transparencia los gastos de representación o dietas de los políticos.

Entre los que sí hacen sus deberes está el Ayuntamiento de León. De hecho, el interventor destaca que en el consistorio nadie ha tenido tarjetas de libre disposición. «Yo no habría tragado con eso», asegura al tiempo que explica que las dietas e indemnizaciones por desplazamiento tienen un límite diario de 230 euros al día, si bien en ocasiones se sobrepasa. Entre los que cumple, el alcalde, Antonio Silván. La mayoría de sus gastos no supera los 120 euros por comidas o viajes. En total, el alcalde pasó gastos en 2017 por un total de 1.524 euros, repartidos en trece indemnizaciones por almuerzo y viajes. Llama la atención que una de sus concejalas, Margarita Torres, iguala casi esa cifra por tres viajes: a Valladolid, Madrid y Murcia, con una cuantía total de 1.401 euros. Harina de otro costal son los gastos de representación, que engloban los actos institucionales del Ayuntamiento y para los que no hay un tope establecido. «Eso sí, tienen tres controles: el interno, el jurídico y el propio de la actividad política de la oposición», sostiene el interventor, que añade que estos gastos son una «escotilla», ya que dejan margen de maniobra para que se cuelen facturas que normalmente se conocen con el nombre de fondo de reptiles y cuyo control es complicado porque se trata de gastos «discreccionales».

En cuanto a la Diputación, las propias fuentes presidenciales explican que hay una partida dedicada al protocolo y a la representación que asciende a 50.000 euros anuales y del que suele utilizarse la mitad, alrededor de 23.000 euros. Con ese dinero se sufragan los actos oficiales, recepciones, vinos españoles, viajes, estancias en hoteles, etc. Asimismo, el presidente dispone de una tarjeta sin límite de gasto; una tarjeta que puede usar de manera arbitraria, si bien aseguran, todos los gastos son fiscalizados con posterioridad. Según los datos proporcionados por la Diputación, en el año 2014, con Isabel Carrasco como presidenta, a esta tarjeta se cargaban de media alrededor de tres mil euros anuales. Marcos Martínez Barazón realizó unos gastos de 1.800 euros durante los escasos seis meses que presidió la institución antes de su detención. Sin embargo, el actual presidente ha gastado alrededor de 70 euros en el último año.

Oscurantismo en la Junta

La Junta de Castilla y León se niega a ofrecer datos sobre la cuantía de los gastos de representación de los consejeros y los jefes de prensa remiten al portal de transparencia, lugar en el que no aparecen esos datos. El 3 de octubre del año pasado, el procurador de Podemos, Pablo Fernández, presentó una pregunta a la Mesa de las Cortes de Castilla y León en la que solicitaba cuáles habían sido los gastos de representación presupuestados, comprometidos y ejecutados, detallado por Consejerías, así como de la Presidencia de la Junta de Castilla y León en los periodos 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. A día de hoy, la información requerida no ha sido satisfecha y el pasado 18 de diciembre el Bocyl publicaba la prórroga para contestar. Desde el Consejo de Cuentas se asegura que nunca se han fiscalizado estos datos. El portavoz de la institución sostiene que el monto de dichos gastos no tiene la suficiente entidad económica para ser controlado y aclara que la institución realiza la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad.

El procurador leonés denuncia que el silencio evidencia el hecho de que la transparencia de la que hace gala la Junta de Castilla y León no es más que «un trampantojo». «La opacidad reina en el gobierno autonómico. No tienen intención ni interés en que la ciudadanía conozca las prebendas, privilegios y despilfarros que los consejeros realizan con el dinero de los castellanos y leoneses», lamenta.

El grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León exigía en 2016 que el Gobierno de Herrera hiciera públicos los datos correspondientes a las facturas de sus proveedores de forma que se garantizara su adecuada transparencia, tras descubrir gastos en gominolas y toros, entre otros. Sin embargo, tampoco el PSOE autonómico se libra de esta lacra. Según publicaba Felipe Ramos en El Mundo de Castilla y León, el secretario autonómico y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, ocultó 7.500 euros de gastos en viajes y dietas en el presupuesto oficial que aparecía en el portal de transparencia del partido...

Patronal y sindicatos

Los representantes del segundo sector, el que integran sindicatos y patronal, aseguran que en sus balances no existe ninguna partida que pueda definirse como ‘gasto de representación’. El secretario provincial de Comisiones Obreras, Xosepe Vega, destaca que tan sólo disponen de trece euros para comidas. «Todo lo que pase de ahí, lo tenemos que poner de nuestro bolsillo». En cuanto a la Patronal, recalcan que ninguno de sus cargos dispone de dietas ni gastos de representación. «Todos se pagan lo ?suyo», asegura uno de los miembros del CEL, una afirmación para la que piden un acto de fe puesto que, a pesar comprometerse a ello, no facilitan las cuentas de la confederación, extremo que sí cumple la Fele. La Federación de Empresarios Leoneses publica el balance de sus gastos e ingresos en su página web y sus responsables explican que los gastos de almuerzos, desplazamientos, regalos y estancias de hotel corren por cuenta de los directivos de la organización. «Cada uno se paga lo suyo», asegura Enrique Suárez, que explica que no hay partida alguna dedicada a tales desembolsos. El presupuesto anual de la patronal asciende a 966.590 euros. De ese dinero, la mayor partida se destina a pagar sueldos, algo más de 648.000. No obstante, existe un concepto, denominado ‘gastos diversos e imprevistos’ cuya cuantía sube hasta los 169.000 euros —17,5% del total— y que Suárez Santos atribuye al pago de accidentes como la rotura de la caldera. «Nuestras cuentas están auditadas, ningún miembro de la Junta cobra un solo euro y no recibimos subvenciones públicas», defiende el secretario general adjunto de la Fele.

Una de las instituciones más opacas es la Universidad de León. Dos meses después de haber solicitado la información sobre si el rector dispone de gastos de representación, su gabinete sigue sin facilitar información alguna. El anterior rector, José Ángel Hermida, asegura que durante sus años en el cargo nunca cobró ni un euro por este concepto.

En la Fgulem

Durante el gobierno de Ángel Penas, sólo el director de la Fgulem Antonio Alonso, tuvo en el año 2008 unos gastos de representación de 8.152 euros. Este periódico ha tenido acceso a unos datos reservados de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa que arrojan unos datos reveladores. Así, en el año 2008, (hasta octubre), Antonio Alonso tuvo un sueldo de 87.200 euros y un coste de empresa de 92.000 euros. El año anterior, los gastos de representación ascendieron a 5.800 euros, con un sueldo bruto de 93.000 euros y un coste de empresa de 105.000. Todos estos gastos se redujeron a cero con la llegada a la entidad de Humildad Rodríguez, que acabó con los gastos de representación y optó a un sueldo de 15.000 euros brutos anuales sin coste de empresa.

 

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