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‘Papel cero’: el timo del expediente digital

No funciona. El expediente digital, la aplicación electrónica que prometía llevar a la Justicia española al mundo del 2.0 ha demostrado su ineficacia. Magistrados, jueces y fiscales exigen al ministerio que el CGPJ pueda auditar el sistema y que resuelva todos los problemas de este proyecto, que califican de una mera «operación propagandística»..


12/08/2017

 

cristina fanjul | león

En el año 2011, la Ley de Nuevas Tecnologías de la Administración de Justicia dio un plazo de cinco años para eliminar el papel y conseguir que el expediente digital estuviera totalmente implantado en los juzgados. «Fue todo una gran operación propagandística», destaca uno de los representantes del Decanato de los jueces leoneses. «El Ministerio vendió el proyecto como un sistema de gestión documental integrado, con garantías de seguridad y adaptado a la función de los jueces. Lo que tenemos es un montón de PDF, uno encima del otro, donde no se puede buscar ni encontrar nada», destacan fuentes del Decanato. Alertan, además, de que todas las aplicaciones se desarrollan al margen de los órganos del Poder Judicial. «Nos ignoran porque tampoco ha habido formación», denuncian, al tiempo que defienden la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial tenga la posibilidad de auditar el sistema aportado por el Ministerio de Justicia. Y es que las aplicaciones ideadas por el Gobierno (Lexnet, Minerva y Fidelius) no han logrado generar una administración de justicia mejor, ni más rápida ni más eficiente. «Un ejemplo de que no funciona es que no se puede operar con él en los juicios. Cuando hay que mostrar un documento a alguien durante una vista, no puede proyectarse desde el sistema», denuncian las mismas fuentes.

Sin embargo, los jueces asumen la dificultad para contabilizar de manera precisa el retraso que se ha acumulado debido a la puesta en marcha del expediente digital. «En octubre, la tramitación electrónica se hizo obligatoria para toda la administración y eso generó también muchos problemas», alertan, al tiempo que demandan una solución urgente al amontonamiento cronológico de documentos. «Habría que generar un sistema que permitiera, por ejemplo, generar índices inteligentes que permitieran a los jueces trabajar», recalcan. Y es que problemas del día a día que antes se resolvían de manera rápida, como la firma del juez, hoy en día dan lugar a numerosos problemas porque el portafirmas a veces funciona y otras, no. Además, en España hay siete aplicaciones diferentes en virtud de las competencias asumidas por las comunidades autónomas (más Fortuny, el sistema utilizado por los fiscales), una circunstancia que también genera problemas de interoperabilidad, de comunicación entre juzgados

En cuanto a Lexnet, los jueces de León son tajantes: «Se cae todos los días varias veces, en ocasiones los documentos llegan de manera defectuosa y tan sólo permite enviar expedientes con un peso inferior a quince megas, lo que dificulta el tratamiento y hace que el tratamiento de material multimedia sea casi imposible», se quejan. «Lexnet es un work in progress», dicen con ironía, para añadir que la realidad es que, desde su puesta en marcha cambia a medida que el Ministerio de Justicia detecta lo que no funciona, «parche sobre parche».

Por otro lado, subrayan que para utilizar el sistema de comunicación telemático, los abogados deben tener una versión antigua de Java, una contradicción que, además, infringe la neutralidad tecnológica puesto que los usuarios de Mac o Linux no pueden utilizar el sistema con todas las posibilidades.

Ayer, el grupo de Unidos Podemos en el Senado denunciaba al Ministerio de Justicia ante la Agencia de Protección de Datos por una posible «vulneración de la protección de los datos de los perfiles y ficheros personales» por el fallo de seguridad de la plataforma Lexnet, que dejó al descubierto a finales de julio los documentos de los más de 140.000 usuarios de este sistema de comunicaciones entre los operadores jurídicos y los tribunales. El portavoz de la formación en la cámara alta, Ramón Espinar, justificó la denuncia en que «los hechos parecen lo suficientemente graves como para que deban ser objeto de comprobación, así como del procedimiento de infracción correspondiente».

 

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