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en una protectora de animales

Tres años de cárcel por el exterminio "masivo" de animales en Málaga

La condenada, que presidía una protectora de animales, negó los hechos alegando que tenía "fobia a las inyecciones"

JULIA CAMACHO
09/01/2017

 

Tres años y nueve meses de cárcel. Esta es la pena dictada para la presidenta de una protectora de animales de Torremolinos(Málaga) implicada en uno de los mayores casos de maltrato animal del país. El juez entiende que la presidenta de Parque Animal es responsable de la muerte “sin control” de más de 2.100 perros y gatos que tenía alojados entre el 2008 y el 2010, y a los que suministró productos eutanásicos de forma incorrecta, y en menor dosis para ahorrar costes, lo que provocó “una lenta y dolorosa agonía en los animales”.

La sentencia del juzgado de lo Penal 14 de Málaga, que es recurrible ante la Audiencia provincial, condena a Carmen Marín a casi cuatro años de prisión por maltrato animal y falsedad documental, así como a pagar una multa casi 20.000 euros en concepto de intrusismo profesional y daño moral, dado que se considera probado que falsificó las firmas de los veterinarios para justificar los sacrificios e impartió las instrucciones para proceder a la muerte de los animales. En este sentido, también condena como cooperador necesario a un trabajador de la asociación a un año de prisión por un delito continuado de maltrato de animal doméstico y a una multa de 3.600 euros por un delito continuado de intrusismo profesional.

 
El caso se destapó en 2010 tras la denuncia de un veterinario que culminó con una operación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en las instalaciones de la protectora y la detención de sus dos máximos responsables. El centro gozaba de cierto prestigio en la zona e incluso tenía la concesión del Ayuntamiento de Torremolinos desde 2001 para prestar elservicio de recogida y atención de los perros y gatos abandonados en el municipio. La operación policial puso en duda incluso esa concesión, ya que Parque Animal se hizo con ella en el año 2010 gracias a que los otros aspirantes eran una asociación que no existía y una clínica veterinaria que no recibió aviso de la oferta pública.

UNA CASA DE LOS HORRORES


En el juicio, celebrado el pasado mes de noviembre, prestaron declaración como testigos antiguos socios, veterinarios y peritos, así como agentes del Seprona que confirmaron haber visto “perros congelados vivos” y cerca de una veintena de botes de producto eutanásico. Para alguno de estos agentes, durante la investigación se puso de manifiesto que “lo anormal era que un día no hubiera sacrificios”, mientras que otros agentes y peritos expresaron su sorpresa ante las cifras “elevadas” de animales sacrificados que se remitían periódicamente al consistorio malagueño.

La presidenta de la protectora, sin embargo, negó la mayor durante el juicio, llegando a atribuir los picos más altos de sacrificios a un brotede parvovirosis. Marín destacó su política de sacrificio cero, cifrando el número de animales sacrificados en apenas 283 en tres años, frente a los cálculos policiales que hablaban de más de 2.000. Y construyó su defensa asegurando que le tenía “fobia a las inyecciones”, que le llevaba a mirar a otro lado cada vez que había que vacunar a alguno de los animales.

MATANZA INDISCRIMINADA


La fiscalía, sin embargo, construyó un escenario dantesco durante el proceso, detallando que durante las exterminaciones programadas se desconectaban las cámaras del centro y se conectaba la música a la megafonía a alto volumen” con el objetivo de enmascarar “los alaridos” de los animales. La sentencia avala ahora esta tesis y establece que la presidenta de la protectora “inyectaba al animal, sin previa sedación y por vía intramuscular, los productos eutanásicos” en menor dosis de la necesaria, “lo que unido al empleo de una vía inadecuada que producía una absorción por el organismo más lenta del eutanásico que no llegaba directamente al torrente sanguíneo, provocaba al animal, generalmente, una muerte lenta y con dolorosa y prolongada agonía”. Se trataba además de un producto que solo puede ser suministrado por profesionales autorizados.

La sentencia señala que los sacrificios no atendían a ningún criterio por la edad o estado de salud del animal, o porque hubiesen transcurrido más de 10 años desde que fueran albergados sin que pudieran haber sido cedidos a terceros. Al contrario, se producían a medida que iban siendo albergados los animales, “de forma sistemática y regular en el tiempo, en ocasiones hasta varias veces a la semana, incrementándose en los meses estivales, pudiendo llegar a sacrificar hasta varias decenas de animales en una sola sesión”. Muchos de los animales fueron entregados de forma temporal al centro, y al no hallarlos pensaron que estaban con familias de acogida. En ocasiones, los animales eran sacrificados antes incluso del plazo fijado por la ley para dar en adopción a los que ingresan por abandono.

 

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