tributación ■ LA INCIDENCIA DEL CONTROVERTIDO IMPUESTO

El 80% de los herederos de León resulta exento de pagar impuesto de Sucesiones

Las herencias de la provincia aportaron 32,6 millones de euros a las arcas autonómicas en un año.

En el último año contabilizado se repartieron en León 8.637 herencias entre 20.280 herederos. DL

maría j. muñiz | león

Casi el 80% de las autoliquiaciones presentadas por los leoneses que recibieron una herencia en 2015 (el último ejercicio fiscal contabilizado) resultaron exentas de tributar el Impuesto de Sucesiones, según los datos de la Consejería de Economía y Hacienda de Castilla y León. A lo largo de ese año se presentaron en la provincia 28.280 autoliquidaciones, correspondientes a las 8.637 herencias que se tramitaron en la provincia. En total el importe del impuesto sobre las sucesiones que ingresa la Comunidad ascendió a 32,58 millones de euros.

La polémica sobre las diferencias de tributación entre las diferentes autonomías a la hora de liquidar las herencias recibidas, y los problemas que supone para muchos herederos hacer frente a los gastos que implica en ocasiones recibir una herencia, ha puesto de nuevo en el punto de mira la peculiaridad de un impuesto sobre el que las autonomías tienen una amplia capacidad de decisión. Y que, como en el caso de Castilla y León, ha variado en los últimos años, en función de las necesidades recaudatorias del gobierno autonómico.

Unas diferencias que ha puesto también en evidencia el informe Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2017, del Consejo General de Economistas y Asesores Fiscales. Un estudio que refleja cómo en autonomías como Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja, además de en los territorios forales, los descendientes y adoptados «sólo pagan importes simbólicos»; mientras que en Castilla y León y Andalucía no pagan si no superan los 250.000 euros de la base imponible; mientras Aragón tiene una reducción del 100% para los menores de edad; Cataluña regula una bonificación del 99 al 57,73% y Valencia tiene una bonificación del 75%.

En Castilla y León

Según recuerda la Consejería de Economía y Hacienda, en Castilla y León el beneficio fiscal más habitual que se aplica sobre el Impuesto de Sucesiones «se traduce en una reducción variable en la base imponible aplicable por los descendientes y adoptados, cónyuges, ascendientes y adoptantes calculada por la diferencia entre 250.000 euros y el resto de las reducciones que pueda aplicarse el adquiriente, incluidas las de parentesco».

Es decir, los herederos en este grado no tributan los 250.000 euros del valor de la herencia que reciben. Otra cosa es los herederos que no tengan este grado de parentesco, para los que los beneficios fiscales son muy diferentes.

En el caso de los descendientes, cónyuges y ascendientes la vivienda habitual está también exenta de tributación; y tampoco se tributa en la Comunidad en el caso de las herencias de empresas agrarias. Para el resto de las empresas heredadas la bonificación puede alcanzar hasta el 99%, en función del cumplimiento de determinados requisitos.

El resultado

La Consejería de Economía y Hacienda destaca así que en el último ejercicio se gestionaron en la provinci 8.637 herencias, que se repartieron entre 28.280 herederos, es decir, una media de algo más de tres herederos por cada fallecido. En total estas herencias aportan a las arcas públicas 32,58 millones de euros, y una parte de ellas se gestionan a través del sistema de pago fraccionado.

Castilla y León rebajó en julio del año pasado el pago del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que había elevado en los años anteriores. Se incrementó el mínimo extento de tributación, que se aplica a cada uno de los herederos, no al conjunto de lo heredado.

Las diferencias entre lo que se paga en unas y otras autonomías ha llevado a la constitución de plataformas para exigir la igualdad de todos los contribuyentes en el país; e incluso esta semana en Asturias se organizó una manifestación para protestar por el perjuicio que les causa la diferencia en las bonificaciones que se aplican. Que en muchos casos están tachándose de «confiscatorias».