Una amplia normativa para la eficiencia

Las medidas de ahorro y eficiencia energética aprobadas por el Gobierno en agosto suponen un paso más en una normativa que de hecho ya existe desde hace años, y que establece claros criterios de construcción y mantenimiento de edificaciones. El problema, señalan los expertos, se produce en la exigencia de la obligación de cumplir esta normativa. El real decreto que entró en vigor en agosto nació también con polémica en este sentido: son las autonomías las que tienen que aplicar y vigilar el cumplimiento de todas las medidas aprobadas, y también imponer las sanciones. Algo a lo que desde el primer momento mostraron su rechazo, como lo hicieron los ayuntamientos sobre las atribuciones de sus policías locales. La llegada del invierno y los días más cortos dejará notar en mayor medida si se cumplen estas medidas. Que en todo caso el Gobierno asume que tienen sobre todo un efecto ejemplarizante, más que un carácter coercitivo.

Los expertos del sector recuerdan que en los últimos años tanto en la Unión Europea como en España se han aprobado gran cantidad de normas y que existe una ‘hoja de ruta’ clara para tener un sector inmobiliario descarbonizado en 2050, aunque existen objetivos de descarbonización más a corto plazo, a partir de 2030.

En la legislación nacional el Código Técnico de Edificación contiene un Documento Básico de Ahorro de Energía que establece importantes exigencias en materia de eficiencia energética y uso de energías renovables. Y el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (Rite), lo que según los instaladores implica que el país cuenta ya con un marco normativo exigente que establece las exigencias para el consumo racional de la energía.

Sin embargo, los expertos señalan que el problema está en el cumplimiento real de un marco legal que sí es exigente. Inciden en que es en el cumplimiento de la norma en el que debe hacerse hincapié. A través de inspecciones y medidas que hagan cumplir la norma que, efectivamente, existe.

Antiguas y nuevas medidas

La temperatura máxima de refrigeración que establece el Real Decreto de agosto del Gobierno establece se eleva a 27 grados, pero estaba establecida en 26º. El Rite exigía esa temperatura seca mínima. En el caso de la calefacción, se baja la temperatura de 21 a 19º. Una «medida exigente» que puede «causar molestias a los usuarios»; pero «que puede solucionarse utilizando más vestimenta».

También el cierre de puertas en espacios acondicionados estaba en vigor desde 2009, el problema es que no se aplicaba. Pero, insisten, «es una medida que ya existía». Por lo que se refiere a la información que se exige sobre las medidas de eficiencia energética que se toman «no va a producir un mayor ahorro de energía directamente, pero es conveniente para concienciar a la población».

En todo caso, la asociación profesional lamenta que el nivel de incumplimiento de las normas ya existentes de control y mejora de la eficiencia energética «es muy alto», por lo que «los esfuerzos deberían dedicarse a conseguir que se inspecciones las instalaciones que no lo han hecho, no obligando a adelantarlas a aquellas que ya las han pasado satisfactoriamente», inciden.

El fomento del autoconsumo es una de las bases del real decreto aprobado el 1 de agosto para luchar contra la actual situación energética y fomentar el ahorro. Los instaladores abogan por reducir las barreras administrativas para que este tipo de sistemas puedan instalarse con agilidad suficiente.