Diario de León
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León

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La cuarta revolución industrial en curso no tendrá, seguramente, los efectos apocalípticos sobre el empleo que algunos prevén, pero sí provocará grandes cambios en el mercado laboral. Las tareas que aporten bajo valor añadido a los procesos productivos, fácilmente automatizables, desaparecerán, y en cambio surgirán una pléyade de puestos de trabajo relacionados con el progreso tecnológico, que obligarán a mejorar la formación y a acomodarla a la demanda provocada por las nuevas actividades. Es muy posible que haya que idear un salario básico de subsistencia, una renta mínima que percibirán quienes sean incapaces de incorporarse al mercado laboral, pero los expertos presagian que esta bolsa de desempleo irremisible tendrá unas proporciones mínimas, y desde luego manejables, si se actúa debidamente sobre el sistema educativo. Impulsando la enseñanza obligatoria, perfeccionando y diversificando la formación profesional e incrementando las relaciones universidad-empresa.

Por ello, el informe Pisa 2018 que acaba de publicarse constituye una gran contrariedad, que debería convertirse en una gran preocupación. Sería dramático que el establishment político, enfrascado en sí mismo y en la tarea ardua de formar gobierno, no fuera capaz de percatarse de la magnitud de la noticia ni de la gravedad del aviso. Como es sabido, esta evaluación realizada por la OCDE a la que se someten 79 países es la más rigurosa y prestigiada de las que se realizan, y a ella se han sometido 36.000 alumnos españoles de 15 años de 1.102 centros escolares. En valores absolutos, los resultados son evidentemente opinables, pero no en términos relativos. De ahí que inquiete que España haya descendido en ciencias y en matemáticas (en letras la evaluación no ha sido difundido por sospechas de errores), hasta situarse por debajo de la media de la OCDE.

Los alumnos examinados se han formado bajo la Ley Wert, la Lomce, que entró en vigor en 2011, entre grandes recortes dinerarios provocados por la crisis. No es difícil relacionar la ley marco de la enseñanza obligatoria y la falta notoria de recursos —con la consiguiente escasez de profesores y de medios— con esta decadencia, que nos confronta con una realidad menos amable que la que los políticos suelen dibujar en sus pinturas de la realidad.

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