El futuro inmediato está en la restauración
El Gobierno amplía hasta finales de 2025 las ayudas laborales a ex trabajadores de la minería por el retraso de las tareas ambientales
Un graffiti con la imagen de un minero, en una edificación en Igüeña. DL
Cuando hace tres años se firmó el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027 el capítulo de ayudas sociales por los costes laborales de los trabajadores afectados por el cierre de las minas de carbón (también los subcontratados) se instituyó con un plazo que concluía a finales de este año. Para estos trabajadores se contemplaba la participación en las labores de restauración ambiental de las instalaciones mineras que habían quedado abandonadas como una solución temporal a su obligado desempleo.
Sin embargo, las tareas de restauración de las minas, que deben generar 350 empleos directos en todo el país con un Plan de Restauración en el que se invierten 150 millones de euros, se han retrasado de forma importante.
Ante esta situación, y el desamparo laboral en que quedaban los ex mineros a los que la norma pretendía defender, hace pocos días el Consejo de Ministros aprobaba una propuesta del Ministerio de Transición Ecológica que ampliaba el marco de aplicación de estas ayudas hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta decisión permitirá que los trabajadores puedan ser contratados en estas tareas, como se planificó inicialmente.
El objetivo de estas ayudas por costes laborales se centraba no sólo en definir una estrategia de transición justa hacia el nuevo modelo energético que se persigue ahora, sino ayudar a las empresas que cerraban o se veían abocadas a la liquidación, y sobre todo proteger a los trabajadores afectados por la desaparición de la actividad carbonera.
Sin embargo, en la práctica el plazo que finalizaba inicialmente a finales de este mes se mostró insuficiente para abarcar la recuperación ambiental. La compleja situación económica en la que las compañías mineras llegaron al final de la actividad dificultó los planes de restauración y rehabilitación, que tampoco se pusieron en marcha en un primer momento por las administraciones.
Así las cosas, el Gobierno ha decidido dar otros cuatro años de plazo para abordar estas tareas, y que efectivamente sean los trabajadores que fueron expulsados del mercado laboral con el fin de la explotación del carbón los que sean contratados en estas tareas.
Lo cierto es que el propio Miteco reconoce que el cierre «desordenado» de las explotaciones mineras y la falta de restauración ha provocado daños no sólo ambientales, sino también económicos en las cuencas.