IRENE MONTERO
La ministra medirá su autoproclamado abolicionismo con la ley que promueve la plataforma estatal de la que forma parte la asociación feminista leonesa Flora Tristán
Sólo sí es sí. La primera medida que Irene Montero quiere poner en práctica desde el Ministerio de Igualdad es una ley de violencias sexuales para acabar con la distinción entre abuso y violación y establecer legalmente que las mujeres digan sí cuando se trate de dirimir entre relaciones sexuales consentidas o no consentidas.
Rodeada por la polémica y los ataques a su condición de mujer y por su relación personal con Pablo Iglesias, la ministra se ha atado a la cartera el hilo violeta de la tradición feminista para tejerlo con el espíritu de las jóvenes generaciones de mujeres y hombres. Con su desparpajo habitual y sin mover una pestaña, se quitó de encima los primeros dardos por «no nombrar hombres» en su equipo ministerial.
La ministra tiene habilidades de sobra para defenderse de los ataques. Fue educada en una escuela donde la asamblea de aula marcaba la agenda de la semana y ha hecho callo con sus dos años y tres criaturas compartidas con Pablo Iglesias.
Lo que tiene que demostrar ahora es el cumplimiento de sus promesas. Su autoproclamdo abolicionismo se va a poner a prueba desde León y desde todos los colectivos feministas que forman parte de la PAP —Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución—la cual tiene como prioridad política la elaboración y presentación de la ley abolicionista que quieren presentar en los primeros meses de este año 2020. La Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán forma parte de esta plataforma y será una de las impulsoras de la ley.
La ministra de Igualdad se ha rodeado de dos activistas y feministas históricas en el movimiento LGTBI+ como Boti García Rodríguez, para el área de Diversidad Sexual y LGTBI+, y Beatriz Gimeno como directora del Instituto de la Mujer. Ambas influyeron, al igual que Pedro Zerolo, en la consecución del matrimonio entre personas del mismo sexo durante el Gobierno Zapatero.
La secretaría de Estado de Igualdad y Violencia de Género queda a cargo, en principio, de Noelia Vera, una periodista gaditana que desde 2016 es diputada por su provincia natal y que hasta ahora ha sido portavoz del grupo de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades.
Los planes de igualdad en las empresas y las medidas para erradicar la violencia de género desde todos los frentes serán dos de los proyectos que habrán de afrontar. Sus políticas llegarán a León a través de las comunidades autónomas o del movimiento asociativo, debido a que las competencias están transferidas en muchas de estas materias.
Según Comisiones Obreras, el 28% de las empresas obligadas a tener planes de igualdad —las de más de 150 personas en plantilla— no cuentan con este requisito. El calendario de la implantación de planes de igualdad está fijado: en marzo de 2022 se tienen que incorporar las de más de 50 trabajadores y trajadoras. Más de 200 empresas leonesas tienen que erradicar posibles discriminaciones en tres años.