Un seguimiento que no llega a las comarcas

Un compendio de planes sociales, empresariales, de infraestructuras, dinamización, formación, bolsas de empleo,... El Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras 2019-2027 firmado in extremis con la sentencia de muerte del carbón sobre la mesa y relegado en el cumplimiento de sus objetivos reales desde el momento de su aprobación, sigue esperando resultados palpables en las cuencas mineras. Mientras las administraciones siguen enredadas en exigir y justificar proyectos que aún cuelgan inexplicablemente de los anteriores planes del carbón, el plan de reestructuración en vigor, bajo la denominación de ‘transición justa’, ha llevado a cabo en la práctica en la provincia poco más que la conclusión del plan social relacionado con las prejubilaciones. No con las medidas que deben ofrecer un nuevo horizonte a la bolsa de ex trabajadores del carbón que necesitan seguir en activo, y que esperan aún en buena medida las recolocaciones. Muchas de ellas anunciadas en los planes de restauración y recuperación de los espacios mineros degradados, que apenas comienzan a dar sus primeros pasos.

Con una repercusión en el pulso social muy distante de la que la minería tuvo en sus tiempos de actividad laboral, la Asociación de Comarcas Mineras (Acom) y los representantes sindicales en la mesa de seguimiento de este último plan del carbón plantean cuando se les convoca al ministerio que dirige Teresa Ribera exigencias que pasan sobre todo por invertir los fondos comprometidos. Con una particularidad: las comarcas reclaman ahora que las normas de adjudicación de los fondos se ajusten a su realidad, que está muy distante de las exigencias que se marcan en las líneas de ayudas a nivel europeo.

De hecho, en el último encuentro (celebrado en junio, la comisión de seguimiento no se caracteriza precisamente por la frecuencia de sus reuniones, que se quedan en los despachos del Instituto para la Transición Justa, exigió que se ejecute el fondo de 250 millones de euros comprometidos para la reestructuración de las comarcas mineras.

Pero una vez más, y esto es una larga batalla de las cuencas, se exigen mecanismos que permiten que los fondos se inviertan donde realmente se ha llevado a cabo la actividad, donde sufren las consecuencias de su abandono tanto laboral como social y medioambientalmente.

En este entorno los municipios mineros denuncian la inferioridad de condiciones en las que se encuentran para optar a proyectos que se ejecutan con los criterios de concurrencia competitiva que exigen las autoridades europeas. Una competencia que debilita la posición de los ayuntamientos más pequeños, e inclina la balanza de las inversiones, por ejemplo en las necesarias infraestructuras, del lado de los municipios más grandes. Unas inversiones que, de no llegar al fondo de las cuencas, dificultarán aún más el desarrollo que dice perseguir el acuerdo.