miércoles 8/12/21
El profesor de
Historia de España
de 2º de
Bachillerato del
colegio Marias San
José, Víctor Otero
Blanco, en una de
las clases
dedicadas a la
violencia de ETA
El profesor de Historia de España de 2º de Bachillerato del colegio Marias San José, Víctor Otero Blanco, en una de las clases dedicadas a la violencia de ETA

Hace una década ETA dejó de matar. En 2011 se llegaron a cifrar en 377 sus crímenes sin resolver. Diez años después se ha logrado esclarecer una decena de ellos, dieciséis según la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). Eso sí, ninguno con la ayuda de miembros de la banda terrorista.

Pese a los casos de arrepentimiento que se han dado en el seno de la organización, «a día de hoy no hay ningún gesto» por parte de miembros de ETA condenados que haya arrojado luz en alguno de esos tres centenares de casos que aún quedan sin respuesta, ha asegurado la abogada de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) Carmen Ladrón de Guevara. Y ello pese a que a la confesión no les acarrearía mayor tiempo en prisión, «por no hablar de las prescripciones», incide la letrada, que ha percibido una gran resistencia de los miembros de ETA en delatar al entorno. Esa nula implicación la corrobora el fiscal Marcelo Azcárraga, coordinador para los crímenes de ETA sin resolver en la Audiencia Nacional, que al ser preguntado por Efe si ha existido colaboración de presos en la resolución de esos casos responde: «Cero».

Una actitud que contrapone con otras organizaciones terroristas como los Grapo o Resistencia Galega, en los que han emergido arrepentidos que han renegado de sus actos y han dado muestras de tratar de repararlos. Es el caso, dice, del grapo Fernando Silva Sande, que ha contribuido a esclarecer los detalles del secuestro y la muerte del empresario Publio Cordón.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, asumiendo el planteamiento de varios recursos de la Fiscalía, según recuerda Azcárraga, ha sido también crítica con lo que ha denominado cartas «genéricas» de arrepentimiento de presos de ETA, que han sido utilizadas con el único fin de obtener beneficios penitenciarios.

Lo que sí observa el fiscal de un tiempo a esta parte entre los miembros de ETA es una mayor tendencia en alcanzar pactos de conformidad con el Ministerio Público.

Eso implica que el acusado, a cambio de una rebaja en la pena, reconoce su participación en los hechos por los que se le acusa, «con todo lo que eso conlleva», enfatiza.

Sorprende aún más que los que se estén acogiendo a esos acuerdos con la Fiscalía sean exdirigentes de ETA como Jurdan Martitegi o Soledad Iparraguirre, Anboto, que en septiembre aceptó ser condenada a quince años de prisión por ordenar el asesinato del rey Juan Carlos en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao en 1997. Lo cierto es que lo hacen cuando estas condenas no les suponen más tiempo en la cárcel, y por eso Azcárraga lo achaca más que al arrepentimiento al cansancio, ya que de esa manera evitan someterse a varios días de juicio.

No obstante, cree que esa circunstancia no resta valor al hecho de que exjefes de la banda terminen confesando su implicación en actos terroristas. Desde 2011, el fiscal calcula que se han revisado más de la mitad de los casos de ETA sin resolver y estima en una decena los que se han resuelto. Uno de los últimos frutos de esa incesante investigación, explica, fue el descubrimiento de la presunta participación de la expresa de ETA Itxaso Zaldúa en el asesinato del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad en 2001.

Un informe de la Guardia Civil aportado en junio de 2020 señalaba la posible vinculación con el entramado Basajaun de ETA de Zaldúa, «cuya integración en la organización criminal era desconocida para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el momento de la comisión de la acción terrorista».

Todos los crímenes de ETA se han resuelto sin ayuda de la banda en los últimos 10 años
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