sábado. 26.11.2022
Sucesos

TRIBUNA | Corrupción institucional

Las hemerotecas dan fe de los insultos y menosprecios que tuvo que soportar en la más cruda soledad, para afrontar cómo sacar a España del abismo que encontró al llegar a la Moncloa.

El Diccionario de la Lengua dice que corrupción es el hecho de «alterar o trastocar la forma de las cosas». El uso más característico que se da a este tipo de delincuencia, discurre por las aguas turbias de los asuntos económicos. Existen otras de carácter moral y social que nos llevan a cenagales en el «oasis» institucional.

En la actualidad tenemos como temas más candentes: la trama del Partido Popular y los EREs de Andalucía, protagonizado por el Partido Socialista. Una con diversas ramas y procesos interminables. La otra, entre prolongadas argucias procesales y negaciones ha generado finalmente la salida a la luz de una sentencia que los expertos en asuntos jurídicos califican de demoledora. Los que estamos al margen de cualquiera de estas formaciones, lo vemos como una broma entre amigos, si nos atenemos al rigor con que son tratadas otras causas como la del Sr. Correa. ¿Por qué a este señor, por casos menos alarmantes, le aplican penas de prisión de hasta 50 años, cuando las cantidades defraudadas son cien veces inferiores a las destapadas en el macro-proceso de los EREs? Es imprescindible dar razones y explicaciones para salir de este atasco intelectual y jurídico y del estribillo «y tú más».


En el PP hubo posibles fraudes fiscales y contables. Los EREs son un robo manifiesto de los fondos europeos destinados a proporcionar empleo a los trabajadores en paro y el pan para sus familias. Si en este segundo caso, la cantidad económica se dispara en la cuantía con respecto al PP, así como en la gravedad por la finalidad de los fondos detraídos, no entendemos cómo se minimiza esta sentencia dado su contenido moral y social, y por el contrario se ponen en la picota los «desmanes» del Partido Popular.

El Sr. Correa no es político; es empresario dedicado a diversos tipos de contratas. Siempre que no defraude a la Hacienda Pública, puede hacer de sus beneficios lo que le venga en gana. No trato de defender acciones ilegales corruptas; reclamo justicia y sentencias limpias y desinteresadas. Al Sr. Rato por gastar indebidamente 270.000 euros con la tarjeta black, que fueron reintegrados en su totalidad, le cayeron 14 años de prisión, que está cumpliendo.

De otros cargos más comprometidos ha sido exonerado. Elevando el tono de lo que entendemos por desafuero institucional, tenemos el voto de censura incoado al Sr. Rajoy, quedando de manifiesto la intervención justiciera de un juez fuera de «control», ajeno al pronunciamiento jurídico que está obligado a respetar. Mintió indignamente y con ello consiguió el despropósito de desalojar al Sr. Rajoy de la Moncloa. Este «juzgador» sigue cobrando sus haberes; los trabajadores en espera de una ocupación, a expensas de la caridad. Los montes necesitan deforestación para evitar incendios. Este individuo haría mejor este trabajo que como agente de la justicia.


Aprovechando el concepto arbitrario sobre la corrupción, invoco al Sr. Rajoy para agradecerle su conducta en el tiempo que estuvo en la política, aún a sabiendas de que sus detractores no han salido de los espasmos psíquicos que normalmente les producía su honesta persona e impecable comportamiento. Entró en política por pura vocación.
Sus emolumentos como registrador de la propiedad multiplicaban los que tenía asignado como presidente del Gobierno. La corrupción para él era veneno a su limpia trayectoria. Los intolerantes lo identificaron, por envidia, con la lacra corrupta; semilla de odio que padecían todos sus enemigos, no solamente los suscritos a la oposición, sino también muchos de los que quedaron fuera del «reparto», y los sabelotodo de la prensa y medios de comunicación. Las hemerotecas dan fe de los insultos y menosprecios que tuvo que soportar en la más cruda soledad, para afrontar cómo sacar a España del abismo que encontró al llegar a la Moncloa.


El problema catalán lo dejó encarrilado. La pésima sentencia del «procés» desbarató su legado. Hoy los españoles y catalanes de bien, lo recuerdan con nostalgia. Trataba con respeto hasta a los adalides del separatismo, a pesar del tragicómico empeño de sus propuestas. Cuando tuvo que actuar con firmeza, cumplió con la aplicación del artículo 155, que los demás partidos constitucionalistas le impidieron hacerlo con anterioridad.


¿Han conseguido los actuales gestores y los «agentes» de los medios de prensa arreglar el conflicto en su ausencia?
Si se confirmara un Gobierno presidido por este tipo que viene del plagio doctoral, que miente más que habla y ayudado por separatistas vascos y catalanes e integrado por populistas y comunistas, más que recibir inmigrantes, tendríamos que emigrar. Ni la providencia podría salvarnos del hundimiento económico y de la caída por el despeñadero y consiguiente desintegración de España como nación. Según rumorología de última hora, la pulcritud de la que se vanaglorian los podemitas, se halla embarrancada en un basurero.


Los políticos de centro-derecha, con sus guerras intestinas facilitan el regreso y permanencia de Sánchez hasta que se canse por aburrimiento. Y los voceros de la prensa acoquinados por el negro panorama al que han contribuido. Otros imputando la responsabilidad al Sr. Rajoy por no haber convocado elecciones. Resulta irrisorio seguir socavando su dignidad cuando la suerte ya estaba echada.


Los ciudadanos que votamos en las citas electorales, somos más proclives al engaño del timo de la estampita que sagaces para intuir la palmaria realidad. En el pecado nos va la penitencia.


Como colofón a esta modesta opinión, quiero dejar claro que todo lo que se denuncia como corrupción tiene, en parte, un componente sibilino. No está claro el fundamento de la denuncia. Hay otras que por intereses espurios se ocultan a conveniencia. Las hay que se airean sin la debida confirmación, y otras se tapan con malsana premeditación. Es ahí donde radica el foco más infeccioso que calificamos como corrupción institucional.

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