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Semillas de productos hortícolas. RAMIRO

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En una entrevista con la Agencia Efe, la directora de Anove Elena Sáenz muestra su preocupación porque «sigue habiendo un problema en la compra de material vegetal de reproducción», aunque «la situación se está revirtiendo», ya que las asociaciones y cooperativas agrarias «han entendido después de mucho tiempo que somos un aliado, no un enemigo». Según sus datos, en una década el uso de semilla certificada en el sector del cereal ha pasado del 12 % al 36 %, «un nivel aún muy alejado del de países como Francia, Reino Unido o Alemania, donde los porcentajes oscilan entre el 50 y el 70 %» y en los que los agricultores casi no hacen re-empleo legal del insumo de una campaña a otra.

Esta semana, por ejemplo, Geslive -que asesora a los cerca de 60 socios de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove) en la defensa de los derechos de propiedad industrial- informaba en un comunicado de una condena en firme a una agricultora abulense de seis meses de prisión por ceder a otro productor grano para siembra de la variedad protegida de trigo blando Berdún.

Saenz explica que los agricultores pueden, pagando un «royalty» reducido, «acondicionar» o reutilizar parte de las semillas certificadas que están protegidas o con derechos, «pero no dárselas a otros productores, porque el sector está «hípercontrolado»: solo a escala comunitaria la actividad está regulada por doce directivas.

«Una semilla es como un medicamento, que pasa unos controles muy rigurosos de calidad y sanidad» y «un agricultor no le puede vender a otro parte de su cosecha para que haga su semilla, porque en ese paso puede haber una mala manipulación y la introducción de una mala hierba, una enfermedad o un hongo», advierte.

Recuerda que un agricultor no está obligado a sembrar una semilla que esté protegida, «porque tiene cientos de variedades libres que puede usar sin pagar un royalty», pero, si decide utilizarla -ya que «normalmente son las más nuevas, productivas y resistentes»-, ha de saber que existen limitaciones.

Según precisa, el pago de un canon o royalty con la compra de semillas certificadas protegidas se destina a «recuperar la inversión» de las firmas obtentoras de vegetales en investigación, desarrollo y registro de cada producto, un proceso con un coste medio de tres millones de euros y que se alarga hasta diez años. Anove, según Sáenz, también está tomando medidas para que el sector de tomate de invernadero deje la reproducción vegetativa a través de esquejes ilegales, una circunstancia que, según los cálculos de esta organización, supone para los obtentores pérdidas cercanas a los diez millones de euros anuales.

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