Diario de León

El viento, el sol y las críticas de especulación

El ‘boom’ de los proyectos eólicos y fotovoltaicos ha generado gran controversia en zonas rurales que ven amenazados su modo de vida y sus recursos naturales, y denuncian falta de planificación y desprotección ante grandes inversores

Aerogeneradores de un parque eólico en El Manzanal. L. DE LA MATA

Aerogeneradores de un parque eólico en El Manzanal. L. DE LA MATA

Ponferrada

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2021 esta siendo el año del ‘boom’ de los proyectos empresariales ligados a las energías renovables. La apuesta por un nuevo modelo energético sostenible y competitivo y el horizonte político favorable han provocado una avalancha de solicitudes de implantación de parques eólicos y fotovoltaicos que está generando una gran controversia y recelo por el impacto negativo que pueden tener. Son, generalmente, macroproyectos detrás de los que están grandes multinacionales y fondos de inversión que rivalizan con los intereses y el modo de vida de los habitantes de los territorios que han entrado en la diana de lo que algunos llaman «especulación».

Así, frente a la defensa que sus promotores hacen de estos parques eólicos como fuentes de energía limpias, inagotables y competitivas generadoras de empleo; los opositores hablan de desarrollo incontrolado, desequilibrio, impacto ambiental y paisajístico negativo y choque frontal con los intereses sociales y económicos de un medio rural que se ve amenazado por grandes proyectos que —defienden— ni generan riqueza local ni ofrecen oportunidades de empleo a sus vecinos.

Que el futuro pasa por las energías renovables es una realidad inevitable y necesaria. Quienes se oponen al planteamiento del mercado eólico y fotovoltaico actual no son contrarios al cambio del modelo energético español, sino al modo en el que se pretende hacer. Asociaciones vecinales, plataformas y colectivos ecologistas, ayuntamientos y otras administraciones superiores, partidos políticos, agrupaciones de agricultores y ganaderos y representantes del sector agroalimentario han sido solo algunas de las voces contrarias a que la transición energética no se haga de una manera equilibrada y realmente justa.

«Los recursos renovables precisan de una gestión eficiente, realmente justa e igualitaria y respetuosa con el medio ambiente y la biodiversidad. Lo primero es detenerse a evaluar y planificar el desarrollo territorial sostenible de forma participada a través de una moratoria en la autorización de megacentrales mientras se prima y agiliza la autorización de proyectos de autoconsumo y de comunidades energéticas ciudadanas. A esto es a lo que se deben dedicar los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno», defienden los colectivos ecológicas que, precisamente hoy, han convocado una concentración en Ponferrada para reclamar un modelo energético diferente al que se está planteando.

De hecho, el Bierzo y, en general la provincia de León, es uno de los puntos marcados en rojo en el mapa del desarrollo de las energías renovables. En los últimos meses han sido muchos los proyectos planteados. Entre ellos, los de Enel Green Power. El propio consejero delegado de Endesa, José Bogas, insistió en la última junta de accionistas de la compañía en su apuesta por convertir al Bierzo en un «gran polo de industria sostenible». Contempla el desarrollo de 780 megavatios en proyectos de energías renovables con una inversión de 382 millones de euros en cuatro parques eólicos (Trabadelo, Busmayor, Molinaseca y Alto Cabrera) y la generación de mil empleos durante los 18 meses necesarios para su construcción.

También Endesa se ha involucrado directamente en la formación de parados en labores de mantenimiento de parques eólicos. Lo hace a través de una alianza con al Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y la Fundación Santa Bárbara para capacitar a personas ante la buenas perspectivas de generación de empleo en este sector.

Precisamente, el director general de la Fundación Santa Bárbara, Manuel Álvarez Pastor, ha querido desterrar la idea de que los parques eólicos únicamente generan empleo durante el montaje. «Cada 16 megavatios, es decir cinco aerogeneradores, se requiere una persona. Pasa lo mismo con los proyectos fotovoltaicos, donde hace falta un operador de mantenimiento por cada 20 hectáreas. Y estamos hablando de que entre los parques fotovoltaicos proyectados en León los hay de 1.500 hectáreas. O sea, que ahí va a haber oportunidades de empleo reales», dijo.

Enel Green Power, Naturgy, Statkraft, Energías Renovables del Bierzo, Capital Energy e Iberdrola son algunas de las grandes compañías que están detrás de los parques eólicos planteados para Castilla y León, la mayoría en fase de tramitación de las correspondientes autorizaciones ambientales. En lo que a energía fotovoltaica se refiere, son 30 los grandes proyectos que se pretenden implantar en la Comunidad. Con su construcción, Castilla y León superaría los seis gigavatios de potencia fotovoltaica y la provincia de León sería punta de lanza con la puesta en marcha de tres parques en Cuadros, otro en Quintana del Castillo (y cinco más en Villadangos del Páramo y Cimanes del Tejar. Grandes iniciativas que suman una inversión de 550 millones de euros y a las que habría que sumar otras de menor envergadura. En un contexto europeo, se prevé que las energías renovables movilicen alrededor de 75.000 millones de euros al año.

A los puestos de trabajo directos, los promotores de los macroproyectos eólicos suman los indirectos, generalmente en el sector servicios, y el impacto impositivo en los municipios en los que se ubican las instalaciones. Es decir, lo que los ayuntamientos ingresarían en concepto del IBI y el Impuesto Sobre Actividades Económicas (IAE) durante la vida útil de los parques. También el alquiler de los terrenos, ya sean privados o de titularidad pública, mientras se mantienen los usos ganaderos y agrícolas, que son —defienden las empresas del sector— «totalmente compatibles». Una afirmación que lo opositores niegan en rotundo.

De hecho, el auge de las renovables ha despertado recelos en el sector primario. Agricultores y ganaderos ven peligrar su futuro si las tierras se destinan a parque eólicos o fotovoltaicos. Por ello, el sindicato Asaja ha defendido que en los arrendamientos de terrenos públicos de la llamada España Vaciada deben prevalecer las actividades agropecuarias. También dice que sería preferible que las instalaciones de renovables ocupasen áreas donde la rentabilidad agraria sea menor.

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