La Abogacía acusa a la juez del 8-M de abrir una "causa general" contra el Gobierno

El Gobierno teme, y mucho, que la causa abierta por un juzgado ordinario de Madrid sobre la autorización de actos y manifestaciones en plena propagación del coronavirus acabe salpicando su relato sobre la gestión de la crisis sanitaria. Una vez que la normalidad social del país se va acercando con la evolución de la fases de la desescalada, en el núcleo central del Ejecutivo preocupa sobremanera el devenir del procedimiento abierto contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un delito de prevaricación.

No solo preocupa por el futuro procesal del secretario general de los socialistas madrileños, dirigente cercano al presidente Pedro Sánchez, sino que el avance de la investigación podría ensombrecer una de las grandes bazas ideológicas de la coalición gubernamental: la defensa del femenismo representada en la calle por las masivas manifestaciones del 8 de marzo, Día de la Mujer, en ciudades de todo el país. Desde el inicio de la crisis sanitaria a la oposición no le han dolido prendas a la hora de mancillar la celebración del 8-M. Pero con la apertura de esta causa tras la denuncia de un particular, el abogado Víctor Valladares, se ha lanzado sobre los inquilinos de la Moncloa, acusándoles de jugar con la salud de los ciudadanos por cuestiones meramente ideológicas. Pero a este continente político le faltaba contenido para seguir manteniendo la tensión. Y el cese el pasado lunes del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, a cuya unidad está adscrita la Policía Judicial que dirige las pesquisas de la causa, ha dado munición pesada a la bancada de la derecha.

Una oposición que ha puesto en el punto de mira, más si cabe, al ministro Fernando Grande-Marlaska tras la dimisión un día después del teniente general Laurentino Ceña, número dos del Cuerpo, por falta de sintonía con la cúpula ministerial después de negarse a rubricar la destitución de su compañero. En suma, la bola del 8-M ha engordado varios kilos desde el lunes. Y el Gobierno ha visto cómo se le abría un nuevo frente, más allá del judicial y la pesada gestión de la crisis sanitaria, con la reacción de los mandos de la Guardia Civil y sus críticas a la injerencia política en el citado procedimiento penal. Antes del polémico informe de la Policía Judicial que señala la responsabilidad del Ministerio de Sanidad en la autorización de estos eventos, y que a la postre originó la abrupta salida de Pérez de los Cobos, nuevo mártir nacional para la oposición, la respuesta de los servicios jurídicos del Estado a la apertura de esta causa deja bien a las claras la importancia que le otorga el Gobierno.

En un recurso de apelación presentado a finales de abril, la Abogacía cargó con dureza contra la juez Carmen Rodríguez-Medel, que investiga la autorización de la Delegación de decenas de actos en la Comunidad de Madrid entre el 5 y el 14 de marzo, en plena propagación del virus, entre ellos la citada marcha del 8-M o el congreso de Vox.

Investigación "prospectiva"

El escrito pide el archivo de la causa y acusa a la magistrada de abrir una "causa general" y "prospectiva" contra la gestión de la crisis sanitaria, que además vulnera la normativa de aplicación del estado de alarma por impulsar una investigación sin urgencia alguna. Los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia arremeten contra la juez, que en su día instruyó el 'caso máster' de Cristina Cifuentes y Pablo Casado, "por su afán de encontrar indicios de la tipicidad de los hechos denunciados". Y critica que solicite a la Policía Judicial que recabe información no solamente sobre la actuación del delegado, "sino de cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general", denuncia.

La defensa jurídica del Estado, ejercida por la misma abogada del juicio del 'procés', Rosa Seoane, destaca además el "carácter prospectivo de la investigación" porque la magistrada hizo "un esfuerzo argumentativo" por "motivar lo que ella misma reconoce difícil de apreciar", ya que "de la denuncia no se desprendía ningún indicio". Por este motivo, concluye, se ha generado una flagrante indefensión a su patrocinado.