Los abogados cuestionan la reforma
Inmigrantes reciben clase de español en Cáritas.
A los partidos políticos y las organizaciones sociales se les ha sumado un nuevo aliado en contra de las medidas de que el Gobierno ha tomado en sanidad para reducir el déficit sanitario, fijado en unos 15.000 millones y ahorrarse los 7.000 millones que el Ejecutivo consideró fundamental para cuadrar las cuentas. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) se mostró muy escéptico contra la actual situación de los «sin papeles». El consejo considera que la atención sanitaria es «un derecho universal e igualitario reconocido por un importante número de tratados internacionales y recogido en la constitución y en diferentes Estatutos de Autonomía». El Consejo General apuntó que aunque el Ejecutivo tiene la potestad de modificar las leyes a través de reales decretos, este mecanismo no puede modificar estatutos de autonomía por vía urgente. Recordaron que sólo hace unos meses entró en vigor la Ley General de Salud Pública, «aprobada por unanimidad por los grupos parlamentarios».