domingo 24/1/21
León espera que se salde una deuda histórica de más de 2.500 millones por los compromisos incumplidos

Afila las garras, León

Obtener un rédito político inmediato ha relegado a un segundo plano decenas y decenas de promesas que León tiene atravesadas desde hace años. Hablar de deuda histórica es recordar obras millonarias que, año a año, se siguen metiendo en los presupuestos para ganar legislaturas, pero no se ejecutan. El futuro de León escondido en un cajón. 2021 será un año difícil para todos, pero mucho más para un territorio que parte con un agravio que costaría eliminar más de 2.500 M€

El listado de los proyectos postergados en la provincia leonesa suma casi tantos kilómetros como los que hay pendientes de ejecutar en autovías y ferrocarriles. Acotarlo se vuelve una tarea a la que las administraciones y los agentes sociales y empresariales se encomendaron con la creación de la Mesa por León. Sus frutos todavía están pendientes de verse, mientras pasa el tiempo para un territorio que, a un ritmo imparable de pérdida de población, se queda atrás frente a otras zonas. En el debe de los gobiernos central y autonómico se anotan los 1.500 millones de euros del Corredor Atlántico, los 200 de la modernización de los regadíos, los 120 del traslado de los talleres de Renfe, los 80 de la plataforma intermodal de Torneros los 250 del Incibe, los 300 millones de la A76, los 30 millones de la segunda fase de San Marcos, los 10 millones iniciales de los nuevos retos de la conectividad a internet... Aquí se cita el resta y sigue para León.

El Incibe, tras el fiasco del Centro Europeo de Ciberseguridad, debe manejar 250 ME para poner en marcha la Agenda Digital

Ciberseguridad como nuevo activo

El Instituto Nacional de Ciberseguridad, con sede en León, se debe convertir en la gran apuesta nacional de los presupuestos gracias al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que inyectará 249,6 millones de euros en transferencias de capital para canalizar a través del instituto una estrategia calificada por el presidente del Gobierno como «trascendental» para la recuperación económica del país, tal y como está comprometido en el documento remitido a Europa y que ahora se debe cumplir. La nueva agenda digital busca un entorno competitivo y movilizar cantidades milmillonarias en los próximos años de inversión tanto pública como privada, para lo que se otorga al Incibe la capacitación de alinear y controlar la ciberseguridad en todo el país a partir de ahora. La partida más importante incluida en este eje estratégico irá destinada a impulsar el ecosistema empresarial del sector de la ciberseguridad. Para ello se dedican 147,6 millones de euros. Asimismo, al Incibe se le conceden 42,4 millones de euros más para posibilitar el fortalecimiento de la ciberseguridad de los ciudadanos, las pequeñas y medianas empresas y los profesionales. Como complemento se añaden otros 40 millones de euros más para elaborar y ejecutar planes específicos de formación en seguridad. Otras dos consignaciones presupuestarias posicionarán al instituto concebido durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por un lado hay casi 16 millones y medio de euros reservados para programas de ciberseguridad y 3,2 millones de euros más para los gastos que se generen durante el impulso de España como nodo internacional en el ámbito de la ciberseguridad. Estas últimas partidas no consiguieron atraer el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad. El Gobierno sostendrá su estrategia desde el Incibe con lo que supone un gran impulso del proceso de transformación digital del país en línea con los planes de la UE y mediante la colaboración público-privada y la participación de todos los agentes económicos y sociales. Al margen, el instituto contará con un presupuesto propio. Por ahora, no se ha establecido el destino de todos esos fondos.

El Conservatorio de la ciudad y los nuevos centros y necesidades educativas que faltan por cubrir también suman al debe

Fondos educativos contra la brecha

La puesta en marcha de la nueva ley educativa, que ya ha sido aprobada por el Senado, está pendiente ahora del cómo. Las autonomías gobernadas por el PP, entre ellas Castilla y León, ya han aprobado la resolución que regula el proceso de matrícula del curso que viene para adelantarse a la que se ha denominado ya la Ley Celaá, la Lomloe. Entre las mayores críticas surgidas en contra de la que será la octava ley educativa de la democracia española, las de los colegios concertados, que han llevado a cabo una intensa campaña asegurando que la nueva norma les convertirá en una red subsidiaria de la pública y, también, que devalúa el peso de la asignatura de Religión. En los colegios de Educación Especial también ha levantado ampollas la Lomloe, ya que alegan que la nueva norma les aboca a la desaparición. En el ámbito educativo siguen abiertas incógnitas como el futuro del Conservatorio y la construcción de nuevas infraestructuras educativas, como el instituto de Villaquilambre y su polémica limitación a cuarto de ESO.

Hay 6.000 leoneses en Erte y 33.138 parados mientras el Ingreso Mínimo Vital apenas llega a 2.004 de las 3.305 familias solicitantes

Soluciones para más de 33.000 parados

La pandemia arrincona a la provincia, que ha pagado una factura muy elevada por su dependencia del sector servicios. Hace falta un cambio de modelo productivo para corregir las desigualdades territoriales que asfixian a León, yerma de un tejido industrial potente que asegure el futuro de esta tierra.

Los jóvenes no tienen ninguna oportunidad cuando acaban su formación y el paro viene desbocado desde mediados de marzo, cuando el Gobierno aprobó el estado de alarma y ordenó el primer cierre de bares, restaurantes y comercios. Nueve meses sin apenas ingresos. Y sin ayudas, más allá de aplazamientos, moratorias o créditos ICO que lo único que hacen es alargar la agonía de las empresas. Un tercio de los bares y restaurantes no sobrevivirá al coronavirus. El mismo impacto sufrirá el comercio. De hecho la recuperación económica que atisbó la provincia durante el verano es hoy una quimera para cientos de negocios y miles de empleados que no saben si tendrán trabajo más allá del 31 de enero, fecha límite para prorrogar los Erte. Actualmente hay seis mil leoneses inmersos en un expediente de regulación temporal de empleo, la mayoría del sector servicios, que tiene hoy 449 empresas menos que al principio de la emergencia sanitaria. A esas cifras tan preocupantes hay que añadir los 33.138 parados que arrojó el balance del mes de noviembre. Falta diciembre, que engordará aún más las listas del Sepe, donde se registra ya un incremento interanual de desempleados superior al 13 por ciento.

Es igual de alarmante la precariedad que afecta al mercado laboral de la provincia. El 90% de los contratos que se firman son temporales. Y llama mucho la atención que en todo este tiempo de emergencia sanitaria apenas se han aprobado planes serios para rescatar a los negocios más golpeados por el covid. Las medidas aprobadas hasta el momento son insuficientes. Se ha desplomado el consumo interno. Tampoco hay turistas. Tantos meses de restricciones asfixian al sector, que acusa la pérdida de más de un millón de visitantes y de 200 millones de euros —lo que gastaron en 2019— desde marzo hasta diciembre.

El escudo social para los más necesitados

El Ingreso Mínimo Vital, que nació como la propuesta estrella del Gobierno de coalición, no acabó de despegar en 2020. Apenas lo cobraron unos pocos. Muchos menos de los que anunció el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Casi la mitad de las familias que lo solicitaron recibió una respuesta negativa del ministerio, que apenas ha resuelto desde el mes de junio 5.309 reclamaciones, el 67,6% del total. El departamento que dirige José Luis Escrivá rechazó la petición de 3.305 hogares de la provincia y únicamente se lo concedió a 2.004 familias, una cantidad insignificante, como han denunciado desde las oenegés que trabajan con los colectivos más vulnerables. Además, tal y como está concebido, deja fuera a 32.000 beneficiarios potenciales, precisamente los de más riesgo, como pueden ser los inmigrantes sin papeles, los menores de 23 años y los mayores de 65 que no tengan hijos a su cargo. También está pendiente el salario mínimo interprofesional (SMI), que afecta a alrededor de 2 millones de trabajadores. Los prorrogarán. Se mantendrá prorrogado en los 950 euros brutos mensuales fijados para 2020, a la espera de que en el marco del diálogo social se pueda acordar una nueva cuantía para 2021.

El dinero para infraestructuras

Si hay una cuestión de peso que compromete en las tres últimas décadas y de forma severa el futuro de León, es la obra pública que debe sujetar las estructuras, las comunicaciones. La obra que llega a pequeños sorbos, cuando llega, y no termina de remendar las carencias casi endémicas que persiguen a las dos últimas generaciones de leoneses en vida. Y cuestionan la perspectiva de las siguientes. A este ritmo. El último embarque que León cuantifica en el debe de las estructuras pendientes se adscribe al Corredor Atlántico, que es una autopista de generación futurista para el movimiento de mercancías, que pertenece al catálogo con el que la Unión Europea clasifica las opciones de movimiento en el continente; intermodal, eficiente, competitivo. Una secuencia de enlaces interminables que parte de tres arterias principales; una de ellas, entre centro Europa y el Océano Atlántico va a expandirse al noroeste peninsular en el próximo sexenio, para corregir el error de bulto que dejó a esta parte perimetral de España ajena a las prioridades de inversión, a las autopistas ferroviarias, a las conexiones inmediatas con puertos y carreteras, las lanzaderas económicas, los enclaves logísticos. La primera aproximación al coste total del movimiento inversor que depende de este género, se cuantificas en más de tres mil millones de euros, según se desprende de las necesidades de mejora estructural y revoque de las vetustas instalaciones en servicio. Parte, la más gruesa de toda la inversión, se localiza en torno al tramo de vías convencional de León a Ponferrada, con el lazo, la rampa. La vía de dos siglos a sus espaldas, una aportación vanguardista ahora ya fuera de orden, de acuerdo con las exigencias del momento. Hace falta apartaderos en vía para convoyes ferroviarios de 750 metros; ajustes en los arcos, reconversión de curvas para incrementar la velocidad media. Hace años que León espera una oportunidad para mejorar sus estructuras ferroviarias, que sí se ha llevado a cabo en otros territorios del sur y el centro de la península, pero jamás han superado la meseta.

León espera también por autopistas que cohesionen el territorio; la zona oeste, el Bierzo, sabe de un proyecto de la A-76, para llegar a Orense a partir de una idea que supone doblar con vía de alta capacidad la oferta constreñida de la N-120 porque algunas referencias que transcienden a partir de documentos, que hablan de proyectos, de licitación, de estudios ambientales, de pronósticos sobre trazados. Pero no se ha pasado de ahí. La A-76 está en el mismo lugar que la segunda vía del AVE a León (a pesar de que ya tiene la plataforma creada), que la ronda norte de la capital leonesa, que los pasos inferiores para solucionar la colectividad de la ciudad leonesa sobre la ronda Este, que no se soterraron porque el Gobierno entendía que era una obra faraónica para la ciudad y decidió dejar la intersección resulta con un par de rotondas que desde el primer día de puesta en servicio han generados retenciones, problemas de tráfico, complicaciones para la ciudadanía.

En los mismos cajones en los que duerme la A-76 y la A-60 (León-Valladolid) se podrían localizar las carpetas para encauzar las múltiples promesas de retirada de los peajes en las dos autopistas leonesas que resultan clave también para el desarrollo del noroeste; la AP-71 (León-Astorga) y la AP-66 (León-Asturias), que ejercicio tras ejercicio siguen entroncadas en los tributos, con subidas progresivas, y el horizonte de liberación a medio plazo, con la vista puesta a mitad de este siglo. Nunca antes de 2050. León paga los peajes que se liberan por el resto de la península; un tercio de los kilómetros de alta capacidad en León son e pago. En España, en contraposición, se van a liberar este año 600 kilómetros.

En el mismo cajón, o cerca, deberían estar clasificados los papeles que recogen el olvido de los últimos veinte años para con los talleres de Renfe en León, decrépitos, decadentes, sin la inversión prometida para sujetar el nudo principal ferroviario de la capital leonesa, para los que se prometieron 120 millones de euros, la reubicación, nuevos centros de trabajo, que a la postre se han terminado por colocar a 150 kilómetros de la provincia en una decisión que termina por condenar la proyección de estas instalaciones; la merma de carga de trabajo se traduce en pérdida de empleos constante cada año, que han terminado por arruinar los mejores talleres del norte peninsular de la compañía ferroviaria en la segunda mitad del siglo pasado. Hay otras esperas programadas; los más de 4.000 millones de euros invertidos ya en la Variante de Pajares no acaban de garantizar la apertura de los túneles antes de dos años ni aplicar en las galerías el soporte que se ajuste a los parámetros de la alta velocidad europea; se optó por la solución del movimiento mixto, el triple hilo, el ancho ibérico, para dar cobertura a las mercancías sobre los carriles en vez de adaptar los trenes a la nueva exigencia. Por eso el tren entre León y Asturias no superará los 160 kilómetros a la hora, lejos, muy lejos del umbral estándar.

La integración de Feve se retrasará otros tres años al menos para que vuelvan los trenes y la del AVE deja un vacío sin destino

Los extraños casos de la integración

Nueve años después de que partiera de la estación de la avenida Padre Isla el último tren de Feve, el proyecto retorna a la casilla de salida. Con toda la obra realizada, la integración depende ahora no sólo de que se acabe con la redacción del reglamento que permita entrar en modo tranviario a los convoyes, como se ha repetido de manera recurrente desde 2006 para justificar el retraso, sino también de que se compren los vehículos. No valen los que se habían adjudicado y cuyo contrato paralizó el Consejo de Estado, sino que es necesario activar la maquinaria de contratación para hacer un nuevo proceso. No estará como muy pronto hasta dentro de tres o cuatro años, como confirmó el alcalde, José Antonio Diez, tras hablar con los presidentes de Renfe y Adif. Mientras tanto, las empresas públicas ponen sobre la mesa una solución vendida como provisional: un autobús eléctrico que circule por la traza para unir los 2,6 kilómetros que restan desde la parada de La Asunción; una alternativa que sustituiría a los buses que en la actualidad cubren el trecho, pero por dentro de las calles, con un mayor tiempo de desplazamiento. Pese a estas ventajas, los alcaldes de los municipios de la vía estrecha recelan de la propuesta y exigen que se acelere la tramitación. La espera afectará también a la urbanización. Después de tres años de enredar el proceso, el Adif se encuentra ahora con que la inspección del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no autoriza el modificado del contrato. El ente ferroviario, que ha boicoteado de manera sistemática la tramitación con continuas justificaciones de las demoras mientras mantenía el plan en el cajón, tendrá que sacar un nuevo contrato. No habrá obras, como pronto, hasta el otoño de este año, como han reconocido al alcalde desde Madrid. Para entonces se emplaza la ejecución de unos trabajos con los que adecentar los 10.000 metros cuadrados del entorno de la terminal, que no entraban en la integración y permitirán abrir dos nuevas calles y disponer de zonas verdes. Los trabajos marcan un periodo de cuatro meses, de acuerdo a los planos de la actuación, calculada en 1,4 millones.

La Ciudad del Mayor, que se prometió en 2004 y dispone de edificio propio de 7 millones desde 2011 sin abrir, vuelve a la casilla de salida, al redefinirse su papel geriátrico

Sanidad y la deuda de infraestructura

En materia sociosanitaria, el fiasco lo sigue constituyendo la Ciudad del Mayor, un proyecto anunciado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2004 que comenzó a construirse en abril de 2008, concluyó en 2011 y costó siete millones de euros en lugar de los 20 prometidos, pero que contra todo pronóstico sigue sin uso y sin abrir sus puertas. Los recortes de la crisis dejaron enfangados el Centro de Referencia Estatal (CRE) de Atención a Personas en Situación de Dependencia de León, que el PP quiso reconvertir sobre el papel en CRE centrado en el autismo. En otro giro inesperado, en 2019 volvió a saltar todo por los aires para devolver el proyecto a su casilla de salida como centro de día para personas mayores, residencia especializada y punto de investigación en el sector geriátrico. Los únicos avances desde entonces han sido el nombramiento del director y sacar a licitación su mantenimiento y limpieza. En Sanidad, el reto de la conectividad sigue sin materializarse en muchos pueblos. La Junta y la Diputación firmaron un acuerdo de 13 millones para llevar fibra óptica a unas 1.050 poblaciones este año, lo que permitiría un mejor funcionamiento de los consultorios, porque avanzar en telemedicina no depende sólo de Sacyl y con la expansión de internet se fija población en el mundo rural.

La modernización de urgencias y los retrasos de la nueva UCI y los consultorios de Pinilla y Ejido marcan la agenda sanitaria

Además, el covid aplazó la reforma global de este área, acuciante en Atención Primaria para ganar médicos y enfermeras, incrementar el número de residentes en formación que garanticen el relevo a las decenas de jubilaciones que se producirán en los próximos cinco años por el envejecimiento de la plantilla, resolver los concursos de traslado y evitar la inestabilidad del personal convirtiendo en fijos a los interinos y haciendo desaparecer la figura del médico y la enfermera de área. En obras comprometidas, pudo arrancar la reforma de las Urgencias hospitalarias, pero la pandemia también retrasó el inicio de los ambulatorios de El Ejido y Pinilla, que suman casi 8 millones entre los dos. El macrocentro de salud de Villaquilambre de 2,5 millones de euros, sigue en el papel y también la nueva Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de León, valorada en 1,8 millones, tendrá que esperar a esta primavera, puesto que requiere de movimientos estructurales de espacios no compatibles en tiempos del covid. La idea es que se ubique en la planta primera, donde se encuentran el resto de unidades de críticos y los quirófanos, con una dotación de 14 camas.

La Ciuden aguarda todavía una descarga presupuestaria que haga viable el plan que la vendió como soporte de la nueva energía

El faro de la nueva energía de la Ciuden

El Gobierno tiene por delante que la transición energética sea justa en el Bierzo después de haber sido la comarca más golpeada por el cierre de las minas y, sobre todo, de las centrales térmicas. De las tres que existían en la provincia, dos estaban en Anllares y Compostilla. No es que precisamente los Presupuestos Generales del Estado aprobados por Sánchez e Iglesias hayan sido generosos con la comarca. Si acaso la Ciuden, con algo más de 11 millones, para proyectos que se desarrollarán en la comarca y en otras cuencas mineras de la Comunidad como marca para impulsar iniciativas.

Ciuden, uno de los proyectos estrella de la etapa de Zapatero como presidente, representa la esperanza si se canalizan a través del antiguo proyecto de los sociaistas las inversiones necesarias para impulsar pequeños proyectos de transición justa en las antiguas cuencas y todo un soporte de empleo para la restauración de las antiguas escombreras, más de 600 en el Bierzo, que pueden ser el mayor generador de puestos de trabajo al margen de lo que pase con las antiguas instalaciones de Endesa en Compostilla, pendientes también de las ayudas europeas.

Un error de bulto dejó al noroeste sin Corredor Atlántico. Enmendarlo, supone 1.500 millones sólo en la provincia leonesa

La gran ocasión de la logística

Torneros cumple diez años, también en un cajón, del que sólo ha asomado para tomar aire en una licitación de proyecto de urbanización, descrito hace cuatro meses, con poco más de 300.000 euros de sustento; una migaja imperceptible si se opone a los 80 millones de euros que figuraban flamantes en aquel proyecto que ponía, por primera vez, la logística en el mapa del futuro de León. Y ahí sigue, en el mapa, pintada, porque no hay visos de alcanzar una estructura que se llama plataforma intermodal y que se ajusta al modelo de desarrollo que imprime la política europea; pero desde el año 2010, los avances han sido casi testimoniales, a pesar de esta última y reciente inclinación del Ministerio de Transportes, que a través de la sociedad de suelo público, se dispone a impulsar la base que domina todo proyecto, el primer ladrillo.

La modernización incompleta de regadíos

León lleva más de veinte años de espera para completar el proceso de modernización del regadío; no sólo el de transformación. Pero le faltan algunos tramos de cara a hacer realidad la ambición de estructura moderna y equilibrada, que garantice producciones eficientes y competitivas. Harían falta otros doscientos millones de euros para lograr completar el ciclo. Hay más de 15.000 hectáreas en Payuelos, de las que se incluían en la histórica justificación para el cierre de Riaño, que tienen incluso comprometida de forma severa la llegada del agua; un tercio de esa superficie, al menos, alcanza el regadío sin modernizar en las vegas del Porma y el Esla, que dejaron pasar el primer tren y ahora, si no hay el desembolso del Gobierno previsto, se quedarán anclado en el sistema de inundación, que es inviable.

Tras veinte años afanados en modernizar el regadío, aún faltan otros 200 millones para completar el proceso y asegurar agua a toda la superficie prometida

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Devolver nuevas economías a las cuencas devastadas por la reordenación minera requerirá millones; de partida se esperan los primeros 20 ya prometidos

La transición hacia una nueva economía

Reconstruir el patrimonio minero, devolver nuevas economías a las cuencas devastadas por la desaparición de la minería del carbón, restaurar los cielos abiertos, fomentar el empleo... El valor de un plan para una transición justa en León es inabarcable. De partida, los primeros proyectos para esa reactivación ya esperan los millones prometidos. Todos ellos están enfocados a la restauración de zonas degradadas por la actividad minera, la optimización energética, la mejora de infraestructuras municipales, la modernización de polígonos industriales y la creación de nuevos centros de servicios sociales. En total suman a la cuenta 20 millones de euros, una cifra testimonial de lo que exigirá transformar la economía leonesa hacia el modelo verde que Europa va a respaldar en el futuro. Un ejemplo claro de estas actuaciones está en la mayor planta de Hidrógeno Verde en España que promueven Enagás y Naturgy en La Robla.

Información elaborada por: Marco Romero, Sergio C. Anuncibay, Abigail Calvo, Pilar Infiesta, Luis Urdiales, Álvaro Caballero y M.C. Cachafeiro.

Afila las garras, León
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