Diario de León

un sector por descubrir

La agricultura ecológica se resiste

El campo leonés apenas cubre las 1.400 hectáreas de cultivos, el tercero por la cola en la Comunidad.

Un agricultor trabaja su finca de Matalobos del Páramo, en una imagen de archivo.

Un agricultor trabaja su finca de Matalobos del Páramo, en una imagen de archivo.

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León

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A pesar de ser la provincia de Castilla y León con mayor superficie destinada al campo, la agricultura ecológica no cuaja en la provincia. Esta es la conclusión que puede obtenerse al comparar con el resto de la Comunidad el número de hectáreas destinadas a este sector, en el que la superficie total en agricultura ecológica es de 1.350 hectáreas, muy por debajo de la destinada en Zamora (10.980,24 hectáreas), que encabeza la lista, o en Valladolid, donde las hectáreas son 4.420,54. En el lado opuesto a estas provincias, encontrándose por debajo de León, se sitúan Soria, con 886,56 hectáreas, y Salamanca con 696,81 hectáreas. «Es un sector que crece de forma lenta, ya que muchos agricultores están esperando a la nueva Política Agrícola Común (PAC) para intorducirse en el negocio», explicó el presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, Juan Senovilla.

En cuanto al número de productores que se dedican a la agricultura y ganadería ecológica en la provincia, Senovilla cifró en 58 las personas especializadas en este sector durante el 2012, quince más que en 2011. «Aunque la superficie total no ha variado mucho, ya que en 2011 esta era apenas 32 hectáreas inferior a la del año pasado, los productores sí han sufrido un amento más considerado», añadió el presidente del consejo.

A la hora de concretar que zonas de León destinan más tierra a la agricultura ecológica, Senovilla explicó que sería muy complejo centrarse en unos municipios ya que el sector se encuentra expandido por toda la provincia. «Unas 380 hectáreas se destinan a cereales mientras que sólo 1,5 hectáreas a frutos seco. Son varios los agricultores que se dedican a estos cultivos en diferentes pueblos, por lo que es complicado matizar», explicó.

La Consejería de Agricultura y Ganadería publicó ayer el nuevo Reglamento de la Producción Agraria Ecológica, que entra en vigor hoy. La normativa, que sustituye a la redactada en 1996, surge de la necesidad de revisar el régimen de control de la producción y de adaptar la condiciones de la producción ecológica en la comunidad a la normativa comunitaria para el sector.

El nuevo reglamento ofrecerá a los productores y operadores «un marco más claro, ágil y sencillo para desarrollar su actividad», según recogía ayer el Bocyl.

El texto, que deberá ser ratificado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, restringe la protección de los productos ecológicos a aquellos que cumplan todos los requisitos exigidos en la normativa europea, estatal y autonómica y reserva la utilización de los térmicos «ecológico y biológico», así como sus derivados y abreviaturas, a estos productos.

La autoridad competente en materia de producción, elaboración, comercialización e importación de los productos será el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) mientras que la autoridad del control recae sobre el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, desde donde se deberá crear un registros de operadores, en el que se inluya a los titulares de las explotaciones agropecuarias, a las empresas de elaboración y envasado, a las empresas de comercialización y a las importadoras.

El reglamento también recoge el ámbito competencial del Consejo, que deberá velar por el «prestigio y fomento» de la agricultura ecológica y denunciar su «uso incorrecto». Entre sus fines se incluye la investigación de los sistemas de producción y comercialización, y el asesoramiento de las empresas, así como la promoción y la información a los consumidores.

El organismo se financiará, según la normativa, a través de las cantidades aportadas por los operadores y de subvenciones.

Además, el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León tiene un plazo de dos años para acreditar el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17065:2012, sobre requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios

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