Desde catedrales, pisos, ermitas, fincas y casas rectorales hasta cementerios

Desde que la reforma de la Ley Hipotecaria permitió a la Iglesia inmatricular los templos de culto, las diócesis no tardaron en iniciar el proceso que todavía no está terminado. Sólo el Obispado de Astorga admite «miles» de inmatriculaciones en los más de 1.200 núcleos de población que abarca su diócesis, entre ellas la Catedral, el Palacio Episcopal y la Iglesia de Santa Marta. Es de suponer que todos los grandes monumentos y ermitas de interés de la provincia también están registrados a nombre de los respectivos obispados.

Son contados los casos en los que un ayuntamiento ha entrado en un conflicto de este tipo para decantarse por unos u otros, pero lo cierto es que los municipios tienen la obligación de defender y recuperar su patrimonio, tanto que las leyes permiten hacerlo a los particulares en caso de que las corporaciones hagan dejación de funciones. De su mano tienen el artículo 16.3 de la Constitución Europea, en el que se recoge que ninguna confesión tendrá carácter estatal, como mantendría en España el artículo 206 de la Ley Hipotecaria respecto a la posición privilegiada de los diocesanos, al equipararlos el franquismo con funcionarios públicos. Letrados que manejan las denuncias contra las diócesis recuerdan, incluso, el artículo 14 de la Constitución Española, contra el que se atentaría de comprobarse que no existe un principio de igualdad de la confesión católica respecto a otras confesiones.

En Astorga, las primeras inmatriculaciones se hicieron a principios del siglo XX, según confirmó su ecónomo. Ha sido un proceso paralizado y retomado en varias ocasiones, pero ninguna con tanta fuerza como la emprendida a partir de 1998, cuando el Gobierno reformó nuevamente la Ley Hipotecaria. Entre los bienes registrados a nombre de los obispados figuran, además de casas rectorales y ermitas, los grandes monumentos religiosos de León, los palacios episcopales, atrios de iglesias, fincas e incluso cementerios.