La causa abierta por leoneses en Argentina investiga a los últimos ministros de Franco

«En este momento, las víctimas no tienen más alternativa que recurrir a instancias internacionales, ya sea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que ya hay varias denuncias, o ante la jurisdicción nacional de otros países, como ha ocurrido en Argentina», explica Carlos Slepoy, el abogado argentino que junto a Baltasar Garzón permitió en 1998 la detención del dictador chileno Augusto Pinochet durante un viaje al Reino Unido. Actualmente es el impulsor y representante legal de la causa contra el franquismo que se ha abierto en Buenos Aires por parte de la jueza federal María Servini de Cubría y de la que forman parte dos leoneses descendientes de represaliados franquistas: Inés García Holgado, sobrina-nieta de los astorganos Elías, Vicente y Luis García Holgado, éste último ejecutado en 1936 en Baños de Montemayor; y Adriana Fernández, nieta de Antonio Fernández ‘el Cesterín’, de San Esteban de Valdueza.

En opinión de Slepoy, las últimas actuaciones iniciadas en Buenos Aires hacen pensar que la causa «sí va a salir adelante» y que su desarrollo «tendrá un efecto muy importante». Según su información, los últimos movimientos de la jueza pretenden recabar información sobre el tardofranquismo. En las últimas semanas, la juez ha solicitado listados con las personas desaparecidas, ejecutadas o torturadas y de los niños robados. Asimismo, pretende conocer los nombres y últimos domicilios de los miembros de los sucesivos consejos de Estado entre 1936 y 1977 y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de La Falange, tal y como consta en su exhorto.

Servini de Cubría, que había archivado sus actuaciones de acuerdo con un dictamen de la Fiscalía que la advertía que los crímenes franquistas estaban siendo investigados por la justicia española, ha reabierto el caso a instancias de un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países. «Y no sólo eso, sino que nosotros esperamos que se abran procedicimientos en otros países donde es posible. Por ejemplo, en México y en Alemania existe la posiblidad de presentar nuevas querellas», advirtió Carlos Slepoy.

En las próximas semanas, probablemente ya en el mes de abril, tiene previsto presentarse a gran escala la asociación La Comuna, a través de la que se está canalizando todas las sensibilidades del espectro antifranquista. Buscan colaboración y testimonios vivos de los que sufrieron tortuas y represión en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 para que prospere en Argentina el procedimiento abierto por la jueza Servini de Cubría.

«Acabar con la impunidad del franquismo» es su propósito y para ello pretenden sumar el mayor número de casos posible a la querella 45921/10 presentada ante el Juzgado Nacional número 1 de Buenos Aires. Entre la profusa documentación que se exige hay que entregar informes policiales, sentencias del consejo de guerra, certificados sobre el tiempo transcurrido en prisión, un testimonio explicativo de las razones por las cuales se presenta la querella, incluso si pudiera ser identificando a los represores. Asimismo es necesario un poder individual que se otorga a los abogados para la gestión de la querella en Buenos Aires y Madrid.

Adriana Fernández, descendiente de Antonio Fernández ‘el Cesterín’ y parte del procedimiento, confirmó esta misma semana desde Argentina el avence de la querella y lo hacía tras escuchar la ponencia del juez Baltazar Garzón en el Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires.