Justicia
Un centenar de investigados dejarán de firmar
Suprimidas las comparecencias periódicas de las personas sujetas a causas penales
Carteles informativos a la puerta de los juzgados.
Alrededor de cien personas sujetas a instrucciones penales en la provincia de León quedan exentas de comparecer periodicamente en dependencias judiciales, tras la decisión del Consejo General del Poder Judicial de modificar este tipo de procedimientos, para evitar contagios del virus. La cifra es oficiosa y estimativa, puesto que no existe ninguna estadística oficial que compute este apartado. Se recoge en ella las personas que están pendientes de juicio o las que están inmersas en una investigación y para las que se ha determinado esta medida y que hasta entonces tienen obligación de dar cuenta de su presencia periodicamente.
Basándose en un informe jurídico del Gabinete Técnico, la Comisión Permanente señala que la medida cautelar consistente en la comparecencia ante el juzgado de personas sometidas a una investigación penal debe suspenderse como consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19.
Sólo en casos excepcionales, cuando entiendan que existen riesgo de ocultación o fuga, los jueces podrán acordar el mantenimiento de la comparecencia apud-acta. En esos casos, el juez deberá comunicarlo al juzgado de guardia del lugar donde haya de celebrarse la comparecencia, así como al propio interesado.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó así que las comparecencias apud-acta acordadas en procedimientos penales deben quedar suspendidas con carácter general durante el tiempo de vigencia del estado de alarma decretado por el Gobierno.
El pronunciamiento de la Comisión Permanente, que se reunió con carácter extraordinario, respondía a la consulta elevada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en relación con esta cuestión. También se aprobó una guía de actuación para órganos gubernativos del Poder Judicial en caso de positivo para el personal judicial o de otras personas que hayan estado en dependencias judiciales.
La guía establece que el afectado, además de ponerse en contacto con el servicio de salud pública correspondiente y seguir sus instrucciones, deberá informar a sus superiores orgánicos y a su entorno laboral más cercano, así como comunicar la situación de incapacidad temporal a través de los cauces respectivos.