Csif y Satse van al Supremo y a la UE por falta de Epis

Arrecia la ofensiva sindical contra las autoridades sanitarias por la falta de protección a los profesionales del sector, que están en la primera línea de lucha contra el coronavirus. Csif, principal sindicato de trabajadores públicos, presentó una denuncia ayer ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por su gestión frente al coronavirus. Le considera responsable de incumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales por la «falta de material y equipos de protección (como mascarillas, batas o EPI)» con los que los profesionales sanitarios están haciendo frente a la pandemia. Este colectivo representa el 14,4% del total de infectados (12.298, según los datos presentados por el Gobierno). «Es indignante, los estamos mandando sin armas a una guerra», se queja Miguel Borra, responsable del sector de Sanidad del sindicato, que señala que «los contagios que han sufrido nuestros trabajadores por la falta de previsión de las autoridades pueden constituir delitos de lesiones o de homicidio imprudente».

Por su parte, el Sindicato de Enfermería Satse ha denunciado a España ante la UE por «vulnerar» los derechos a la salud y a la seguridad en el trabajo, entre otros fundamentales, de los profesionales sanitarios por no dotarles de equipos de protección necesarios ante el Covid-19. Ha trasladado la denuncia a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE al considerar que se «ha atentado de forma muy grave» contra estos derechos de los profesionales pero también de los pacientes, familiares y compañeros de trabajo por «exponerles de manera continuada» al coronavirus sin protección. A juicio de Satse, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha actuado con la diligencia necesaria ante «la gravísima situación sanitaria» y tampoco ha llevado a cabo las acciones adecuadas.